Se impone un cambio radical en el transporte público

La crisis del transporte debe ser una oportunidad para acabar con el mal servicio que hay en Santa Cruz de la Sierra. La prestación es, a todas luces mala para todos: por las rutas, la falta de condiciones en las que se traslada a los pasajeros, el régimen de esclavitud que impera con los choferes asalariados y hasta por el caos vehicular que causan los micros en esta capital. En concreto, el debate no se restringe al costo del pasaje, porque hay que hacer una transformación total.

Los dueños de las líneas así como los ejecutivos de cooperativas y sindicatos dicen que lo que les ingresa en este momento es insuficiente para cubrir los costos de operación. En contrapartida, dirigentes de los choferes refutan y aseguran que hay un pingüe negocio para los empresarios, que no se ve reflejado en toda la cadena de trabajo.

Poner a operar un micro en una línea puede llegar a costar entre 15.000 y 100.000 dólares, dependiendo de la ruta a la que accede. En muchos casos, eso es más que la compra del vehículo mismo. Además, se debe tomar en cuenta que cada día hay que pagar el costo de la tarjeta que se marca para el cumplimiento del horario y las multas cuando hay impuntualidad. Los conductores aseguran que ellos pagan una renta fija diaria, que puede ir desde los 100 hasta los 400 bolivianos, y que ellos obtienen una remuneración a destajo, dependiendo de cómo ha sido la jornada de trabajo. En muchos casos, a los conductores también se los penaliza cuando hay accidentes o cuando hace falta incurrir en gastos de mantenimiento del motorizado.

¿Cambiará esa estructura de costos si sube el precio del pasaje en micro? Nada parece indicar que sí. Lo que se logrará es que el ciudadano tendrá que pagar más para contar con el mismo servicio; es decir que seguirá viajando parado, seguirá inseguro mientras los micreros corren para marcar su tarjeta y evitar las multas; que cuando llueva tendrá que esperar horas para acceder a un mínimo espacio en vehículos atestados de gente.

A nivel institucional, las autoridades del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra tampoco han demostrado seriedad en el debate. La Alcaldía presentó primero un informe de mesas de trabajo al Concejo y a los días un informe para decir que el precio del pasaje debería ser de Bs 2,18 en las actuales condiciones y Bs 2,35 si es que se moderniza la flota de micros. A pesar de que hace años se sabe que el del transporte público es un problema irresuelto, tampoco se sabe de un plan serio para generar una transformación de fondo.

Entre la Alcaldía y el Concejo andan pasándose una bola de fuego con la que nadie quiere quemarse. Y así ha ocurrido desde hace décadas. Se sabe que en este sector hay una potente fuerza electoral y es por eso que, durante años, ningún alcalde le pone el cascabel al gato.

Habrá que preguntar entonces al alcalde y sus secretarios, así como a los concejales: ¿hasta cuándo los cruceños seguirán tolerando el mal servicio y el caos vehicular? ¿Hasta cuándo prevalecerá la tiranía de los dueños de micros que ni siquiera son capaces de garantizar un buen servicio? Hay que preguntar también a legisladores municipales y nacionales, así como al mismísimo Ministerio de Trabajo, ¿hasta cuándo se va a mantener el régimen de esclavitud moderna, de explotación a los choferes, sin que haya institución que los proteja y les haga respetar sus derechos laborales?

Hoy comienza un paro indefinido del transporte. El Gobierno Municipal debe resistir la presión con la mira puesta en lograr una transformación y acabar con la tiranía de este sector, de manera que se modernice el sistema en esta urbe. Los pasajeros son los que más van a sufrir en el corto plazo, pero seguramente resistirán si al final del proceso ganan una mejor prestación.