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No creen en el gobierno. Pese a que el Senado decidió frenar el debate de la ley de Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas los sectores que rechazan esta norma decidieron ratificar sus medidas de presión. Además, exigen que el proyecto sea archivado y que se elabore una nueva norma, pero con el consenso de toda la sociedad civil.

El miércoles el Gobierno y los parlamentarios del MAS decidieron suspender el tratamiento de esta norma para escuchar a las observaciones de los sectores que se oponen a ella. Sin embargo, este movimiento de cintura del oficialismo no funcionó.

De hecho, hizo que se confirmen las medidas de presión planificadas para el lunes 11 de octubre, como el paro de los gremialistas y bloqueo de caminos.

Toño Siñani, secretario ejecutivo de Federación de Trabajadores Gremiales de la ciudad de El Alto, sostuvo que la posición del gremial es clara: se debe anular y archivar este proyecto.

“Se debe anular este proyecto porque: uno, no está consensuado y, dos, porque varios artículos tienen errores. Toda la ley está mal, hay que hacer una nueva norma”, señaló.

En la víspera el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, se reunió con algunos directores del sector gremial y les dijo que la norma no afectaría a los comerciantes. Siñani dijo que se trata de organizaciones afines al MAS.

“Es gente de su partido a nosotros, que somos parte de la confederación, no nos invitó a dialogar”, dijo el dirigente.

El pastor evangélico y fundador del Consejo Nacional Cristiano (CNC), Luis Aruquipa, señaló que es necesario que se realice una nueva norma porque la actual vulnera derechos y garantías de las personas, consagradas en la Constitución Política del Estado (CPE).

“Nosotros pedimos que se archive este proyecto de ley y todo el paquete de normas que está alistando el Gobierno para reprimir a la población”, dijo.

El religioso informó que hoy tendrán una audiencia con la comisión de Constitución de la Cámara de Senadores donde expondrán sus observaciones y el carácter inconstitucional del proyecto de ley.

El presidente de la Cámara Departamental de Transporte Pesado de La Paz en Bolivia (Cadetrans), Álvaro Ayllon señaló que se debe revisar el proyecto de ley y consensuar con todos los sectores. Admitió que es necesario formalizar la economía del país, pero dicho proceso es imposible en las actuales condiciones.

Desde el sector observan que la norma dota de mucho poder la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y que “desde ahí partimos mal porque se vulneran los procedimientos”.

“Se debe volver a presentar de otra forma y se debe buscar mecanismos para formalizar la economía”, señaló el transportista.

Rolando Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) señaló que se debe abrir el diálogo entre el sector público y privado para que el proyecto respete la libertad de comercio y la libre empresa.

“Nosotros, como empresarios, buscamos tener la seguridad jurídica, la libertad de comercio, de actividad económica, seguridad en la inversión y la libre empresa”, señaló el empresario.

Anteriormente el sector dijo que la norma era muy ambigua.

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