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El último informe sobre Pobreza Multidimensional y efectos del COVID-19 en Bolivia elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) arroja cifras desalentadoras. Indica que seis de cada diez bolivianos tienen un ingreso menor al salario mínimo nacional, que es de Bs 2.164. Además, que hay un trabajador asalariado por cada dos independientes y familiares no remunerados, lo que implica que la ocupación informal o sin derechos laborales se elevó al 71%.

El informe está basado en una encuesta nacional de hogares, realizada entre mayo y julio de este año por el CEDLA y sostiene que se ha profundizado la desigualdad en el acceso que tiene la población a recursos, a oportunidades (salud, educación, empleo, hábitat adecuado), al ejercicio de poder y voz para participar e influir en decisiones que les afectan y a la seguridad humana (física y alimentaria). Antes de la crisis sanitaria, el 62% de la población era pobre considerando todas estas dimensiones de la vida.

Mientras la pérdida de empleos asalariados formales todavía no se logra revertir −ahora solo hay un trabajador asalariado por cada dos independientes y familiares no remunerados−, la ocupacióninformal o sin derechos laborales aumentó hasta el 71%, abarcando a la mitad de los asalariados y a casi todos los independientes.

Por otra parte, los ingresos no se recuperaron. El 70% de los trabajadores gana menos que antes de la pandemia y seis de cada 10 tienen un ingreso igual o menor al salario mínimo nacional (Bs 2.164).

Mientras unos vieron reducir y otros aumentar su jornada laboral, son las mujeres las que dedican más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado, lo que para muchas ha significado menos empleo y pérdida de autonomía económica.

El estudio arroja datos como que dos de cada cinco personas en edad de trabajar son asalariadas, y tres de cada cinco trabajan en unidades económicas familiares. Siete de cada 10 trabajadores rurales son aún más pobres. Cuatro de cada 10 son asalariados en la ciudad y uno de 10 en el campo. Siete de cada diez ganan menos que antes de la pandemia. Seis de cada 10 sufrieron cambios en su jornada laboral, cuatro trabajan menos y dos más, entre otros datos.

Los efectos acumulados de la pandemia dejan ver que esta situación no habría cambiado hasta el año 2021. En el segundo trimestre de este año, la mayor parte de los hogares (60%) todavía no contaba con un ingreso suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar. Campesinos, obreros, trabajadores por cuenta propia, empleados en puestos de trabajo menos calificados, que trabajan sin seguridad en los ingresos, sin protección de sus derechos laborales y sin protección social,seguían y siguen afectados por la crisis.

Al 80% ya no le alcanza para llegar a fin de mes o le alcanza justo. Como sucedió al inicio de la pandemia, para cubrir sus gastos los hogares recurren a sus ahorros, a la venta de activos, a un menor consumo (alimentos, educación y salud) o, a nuevos préstamos en dinero y en especie. En julio de 2021, el 48% de los hogares estaba endeudado y, en la mitad de estos, se informaba que no estaban pudiendo pagar sus deudas. En este punto de la pandemia, que ingresa a su cuarta ola, el 70% de la población ve el futuro con incertidumbre o pesimismo.

Reacciones

Ante este escenario, el informe del CEDLA plantea grandes desafíos para la política pública y las acciones gubernamentales, así como para la participación efectiva de la población en las decisiones que

les afectan. Una condición para avanzar en esta perspectiva pasa por la democratización de los espacios para la deliberación e influencia de la sociedad en la construcción de caminos hacia la igualdad, la equidad y la integración social.

Las reacciones en el oficialismo y la oposición, respecto al mismo tema son totalmente distintas.

Por un lado, el senador Félix Ajpi, criticó que el Cedla use la denominación de “trabajo informal”. En el país, tenemos una forma de organización, con puestos de venta, patentes, desde los sindicatos. No pagan impuestos directos, pero aportan al país y la economía, eso no es malo”, señaló.

Lamentó que se “satanice” esta condición. Manifestó que en 2020 hubo unacaída estrepitosa en los ingresos. “Antes de 2005 la gente andaba molesta porque no tenía ingresos. Ahora vaya usted a un café en las ciudades, y siempre estará lleno, hay filas en las heladerías. Considero que el Cedla está calculando mal. Hay dinero en el país, y la gente tiene ingresos”, argumentó.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Marcelo Pedraza, comentó que el problema está precisamente en “la economía informal, y eso quiere decir que el Estado no está tomando las decisiones más acertadas, para garantizar la seguridad en el trabajo en empresas privadas como en las públicas. Esto nos muestra que la realidad que muestrael gobierno no es real”.

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