Mientras se politiza, o se trata de ‘tumbar’ un informe técnico poco conveniente, con otro que se adecúe a necesidades de distintos grupos, la problemática ambiental es una realidad que agobia a Bolivia, y con más fuerza a las poblaciones más pobres, especialmente en el occidente del país.

“Hay mucha politización”, reconoció Pamela Rebolledo, presidenta del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, y puso como ejemplo el debate sobre la zona de recarga preferencial de acuíferos, en Porongo.
“Siempre nos basamos en la evidencia científica de los isotopos, que indican que es el área de recarga acuífera preferencial. También hemos dicho que si existe un estudio científico más confiable que el de los isotopos, que se lo debata, pero ese es el nivel técnico que debe manejarse, no información de Facebook. Además, debe existir un principio fundamental de sentido común o principio precautorio”, recalcó.

Rebolledo lamentó que “en Bolivia se tomen decisiones sin base técnica y científica. No se contempla la información científica e integral que se genera, que va desde cambio climático hasta salud, economía, seguridad hídrica, gestión integral en aspectos sociales, indígenas, etc.”, insistió.
Para ella, es urgente entender que el cambio climático ya está en Bolivia, lo que demanda más sabiduría en las decisiones, pero con base en la ciencia.

“Ya estamos viendo sequía más aguda, inundaciones por lluvia concentrada en periodos más cortos, la temperatura departamental bordeando un grado centígrado más. Todo eso preocupa, y encima tenemos un promedio de pérdida de bosque de 300 mil hectáreas por año, lo que disminuye nuestra capacidad de resiliencia ante el cambio climático”.
Según la experta, hay una necesidad de generar políticas públicas, pero no solo eso, sino también la implementación de acciones concretas y urgentes.

Señales claras

Néstor Cuéllar, director regional en el Chaco del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), explicó que su organización ha sistematizado datos de precipitaciones de lluvia 40 años (1986 a 2022) en Cordillera, extraídos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), y que abarcan a las entidades territoriales Boyuibe, Camiri, Huacareta, Kereimba Iyaambae, Villa Montes y Yacuiba. 

De acuerdo a Cuéllar, los datos reflejan una disminución de las lluvias por año, pero además mayor concentración de estas en periodos más cortos.
Para el ejecutivo de Cipca, se puede constatar como uno de los periodos secos los últimos tres años, que actualmente han provocado pérdidas de cosecha y dificultades para que pequeños y medianos productores puedan contar con suficientes alimentos. A esto agregó la deforestación, de parte de una empresa, de 5.000 ha en el área de recarga hídrica en el Chaco chuquisaqueño.
Chuquisaca se convirtió en el primer departamento en declararse en emergencia por la sequía que ha afectado a 14 de sus 29 municipios, según informó el vocero de la Gobernación, Félix Almendras.

Como parte del trabajo de Cipca, y de anticiparse a los desastre, Cuéllar informó que se han repartido como 1.600 tanques de agua a una docena de entidades territoriales autónomas del Chaco cruceño y chuquisaqueño.
“Con la FAO hemos coordinado. Ya sabíamos que se venía este fenómeno de la sequía. Es por el comportamiento de El Niño, el calentamiento en las aguas de los océanos ya se sabía, por eso se definió la entrega de tanques”, explicó.

Problema nacional

Desde el Viceministerio de Defensa Civil se informó que 290 municipios, de los 340 existentes en todo el país, atraviesan por sequía, lo que obligó a varias alcaldías a racionar el agua para consumo humano, y también para agricultura y ganadería. 

Siete son los departamentos afectados por esta escasez: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí.
Según Remmy Gonzales, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, 27.808 familias están afectadas por la sequía en Bolivia, en una superficie de 5.958 hectáreas.
Además, según la autoridad gubernamental, hay mayor afectación en el sector ganadero (camélido, ovino y bovino) con “48.788 animalitos” con problemas de estrés hídrico.
“No hay agua, en las comunidades prefieren consumir los habitantes y lo poco que hay se está dando al ganado, pero no es suficiente”, señaló.

Gonzales dijo que los problemas se están presentando principalmente en el área rural, y aseguró que el agua potable se garantiza para las grandes ciudades del país, con excepción de Potosí.
“Agua Tatay”, así clamaron por agua los habitantes de Potosí, uno de los departamentos más afectados por la crisis hídrica.

Los pobladores de las áreas rurales y periurbanas de Potosí incluso celebraron rituales andinos conocidos para pedir que llueva, ante la grave sequía que enfrenta esa región, donde la situación es crítica.
Una parte de la capital potosina todavía se abastece de agua del embalse Kari Kaki, que fue construido entre 1573 y 1603, durante la colonia española.

En Oruro, 24 municipios se declararon en desastre por falta de agua, y pidieron ayuda al Gobierno central.
Uno de los anuncios más críticos de la sequía fue el lago Poopó, antes el segundo más grande de Bolivia, que se secó en 2015.
Tarija se suma a la lista de pedidos de auxilio. El río Pilcomayo está en crisis, y los indígenas weenhayek están azotados por la sequía y escasez de sábalo.
El principal afluente que pasa por el Chaco boliviano y que nace en las alturas de Potosí ya sufre los embates de la contaminación con mercurio, que provocó sequía en algunos sectores, disminución de peces, fuente de alimentos y de empleo para esas comunidades.

La situación se ha visto agravada con obras civiles que se ejecutan en el lado argentino, y que afectan el cauce normal del Pilcomayo, además existen problemas de sedimentación, lo que provoca que bajen los niveles de agua.
Asimismo, en la zona alta del departamento de Tarija se secaron las fuentes de agua, y las autoridades transportan agua en carros cisternas para abastecer a la población.

El subgobernador de Yunchará, Nativo Villa, confirmó que alrededor de 120 familias de cinco comunidades son las más afectadas en la actualidad.
En La Paz, el lago Titicaca atraviesa por una disminución histórica de su nivel, y según los expertos, faltaría muy poco para igualar el descenso registrado en 1996.

En Santa Cruz, la sequía afecta a más de 9.378 familias en 94 comunidades de cinco municipios, según datos de la secretaria de Seguridad Ciudadana de la Gobernación.
Los municipios afectados son Cuevo, San Rafael, Lagunillas, la Autonomía Indígena Kereimba Iyaambae (Gutiérrez) y San Antonio de Lomerío, que ya tienen declaratorias de desastre por déficit de precipitación y sequía.
San Antonio de Lomerío incluyó en su declaratoria la afectación por incendios forestales.

Otras seis zonas estaban en apuros, Roboré, San José de Chiquitos, Boyuibe, Quirusillas y la Autonomía Indígena de Charagua, y adicionalmente San Matías sufría los embates de vientos huracanados.
Desde la Gobernación cruceña dijeron que la sequía podría agravarse debido a problemas climáticos, y aunque se espera una mejora, las proyecciones no son alentadoras, según informes del Senamhi y las tendencias actuales.

¿Diez años de sequía?
Según algunos expertos, en algunas zonas del país la sequía puede durar hasta diez años, y ese fenómeno lograría exterminar varios ríos. En La Paz se realizará una cumbre para tomar acciones y determinar sanciones por el mal uso del líquido elemento. 

Cochabamba puede ser la región más afectada, al igual que Potosí y Oruro. El investigador y representante de la Asociación Boliviana de Ingeniería Sanitaria, Mauricio Villazón, indicó que, en la próxima década, el departamento de Cochabamba “probablemente tendrá sequías importantes”.
Dijo que la situación en 2023 podría agravarse por el cambio climático.

En Santa Cruz, la diputada chiquitana María René Álvarez pidió una pausa ambiental al director nacional de la ABT, Omar Quiroga, hasta que los problemas sean resueltos.
Según ella, los incendios, la deforestación y ahora la sequía, son problemas que deben ser resueltos desde todos los niveles del Estado. 

Respuesta del nivel central
El viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, confirmó hace unos días que se están ultimando los detalles de un plan para luchar contra la sequía en el país.
El 15 de septiembre se realizó la presentación oficial de la Política Nacional del Uso Eficiente del Agua, una campaña nacional para concientizar a la población sobre el cuidado de este elemento vital.

A inicios de septiembre, el viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) solicitaron aplicar campañas de prevención y cuidado del agua y el plan de gestión contra la sequía a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas).

El ministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Rubén Méndez, cree que se sobredimensiona la falta de agua y habló de proyectos de riego y reforestación, pero no abordó la gravedad de la deforestación y medidas para frenar la pérdida de bosque, que ayuda a mitigar los efectos climáticos.