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La comunidad internacional pone en jaque al Gobierno boliviano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio una semana para presentar una respuesta a la solicitud de la cautelar presentada por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez. Si no lo hace, este organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomará la decisión de otorgársela. La decisión es vinculante y si sale a favor de ella obligará a la justicia boliviana a sacarla de la cárcel de Miraflores a un centro médico y que se defienda en libertad.

A través de un comunicado, la CIDH estableció el miércoles siete días de plazo al Gobierno de Luis Arce para que responda sobre las condiciones de salud de la expresidenta. Juan Carlos Gutiérrez, abogado venezolano-colombiano que presentó la demanda ante la CIDH en favor de Áñez, señaló a EL DEBER que si Bolivia responde, el organismo “evaluará sus argumentos, de lo contrario, tomará una decisión con las pruebas que dispongan”, dijo. El viernes pasado escuchó a la hija de la exmandataria.

El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que ese tema depende de la Procuraduría General del Estado. Mientras tanto, otras fuentes del Gobierno, señalaron que sí contestarán la solicitud en el plazo pertinente y que el principal argumento que pondrá el Ejecutivo será un informe presentado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el 9 de agosto, que advirtió que tiene hipertensión arterial sistémica bajo tratamiento, y que su estado es estable.

Sin embargo, médicos privados a los que Régimen Penitenciario ya no dejó ingresar al penal manifestaron que es imperiosa la internación en un hospital de la exautoridad, porque además de la hipertensión, tiene problemas digestivos, en los nervios, a nivel cardiaco y que hay riesgo de una falla multiorgánica que puede llevarla a la muerte.

En las últimas horas tampoco se permitió el ingreso a los abogados de la expresidenta. Esto motivó una acción de libertad en contra de la gobernadora de la cárcel de Miraflores, pero fue nuevamente rechazada.

Una medida cautelar emitida por la CIDH es vinculante y de cumplimiento obligatorio.

Juan Carlos Gutiérrez, el abogado internacional de Áñez, recordó que un buen ejemplo de cautelar ocurrió en Argentina y benefició a Milagro Sala. En 2017 la CIDH solicitó su libertad, ella fue también detenida por motivos políticos, “con salud deteriorada como consecuencia de constantes imputaciones, hostigamiento, persecución política y las amenazas de las cuales era objeto, las mismas condiciones que Jeanine Áñez, y también con un intento de suicidio en la cárcel, y esto fue completamente acatado por el Estado de la República Argentina.

Gutiérrez consiguió también cautelares para el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y del político venezolano Leopoldo López.

Sin embargo, “Venezuela ha desacatado, ha desatendido por completo estas medidas cautelares, y no pasa solo esto en Venezuela, sino también estamos ante la presencia de crímenes de lesa humanidad, con todas las consecuencias y todos los procesos que se han levantado, especialmente en la Corte Internacional”, dijo.

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