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19 de noviembre de 2023, 3:00 AM
19 de noviembre de 2023, 3:00 AM

Los incendios forestales que asolan a Bolivia han alcanzado proporciones alarmantes, transformándose en un desastre sin precedentes que afecta principalmente a los departamentos de Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. A pesar de que los incendios de 2019 fueron más extensos, los de este año se han exacerbado debido a una aguda sequía, vientos fuertes y una ola de calor persistente hasta noviembre, factores climáticos poco comunes para esta época del año.

Esta combinación de fenómenos ha llevado las llamas a decenas de comunidades indígenas y municipios rurales, forzando la evacuación de cientos de personas y causando la pérdida de numerosas viviendas. La respuesta gubernamental ha sido insuficiente, evidenciando la falta de coordinación entre niveles de gobierno y la escasa asistencia, provocando incluso amenazas de bloqueo de vías para presionar por más ayuda.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, ha mencionado la posibilidad de una declaratoria de desastre nacional, pero, por ahora, considera que el Gobierno cuenta con los recursos y medios necesarios para hacer frente a la emergencia. Sin embargo, la magnitud de las necesidades es abrumadora, como testimonian las comunidades afectadas: “Nos falta todo. No hay implementos de seguridad… la gente está cansada, deshidratada, mal alimentada”, señala una líder indígena de una comunidad del norte paceño.

La dificultad para combatir los incendios, ubicados en terrenos inaccesibles para los bomberos, ha resaltado la necesidad de recursos adicionales como helicópteros y equipos especializados. Es cierto que este apoyo ha sido proporcionado por el Gobierno en algunas zonas. Sin embargo, a diferencia de 2019, este año no se han contratado aviones cisternas, que tienen mayor capacidad y efectividad.

Pareciera que el país no ha terminado de asimilar las lecciones que nos han dejado los desastres ocurridos en años anteriores. Tampoco se ha modificado la normativa para hacer frente a nuevas situaciones, como la ha señalado la Defensoría del Pueblo.

La crisis también ha afectado la salud en todo el país, con niveles extremadamente altos de contaminación del aire. En algunas ciudades, el índice de calidad del aire ha llegado a niveles peligrosos, causando enfermedades respiratorias y oculares.

Es evidente que el Gobierno ha subestimado la gravedad de la situación, impactando no solo los bosques, sino también la biodiversidad, fuentes de agua, viviendas y comunidades enteras. Los efectos ambientales y socioeconómicos son dramáticos y duraderos.

La falta de una declaratoria de desastre nacional ha limitado la movilización de recursos y la coordinación efectiva. Esta declaración habría facilitado la implementación de programas de ayuda directa a las comunidades afectadas, albergues temporales, atención médica y otros servicios de apoyo. Además, habría allanado el camino para la reconstrucción y movilizado el apoyo nacional e internacional necesario.

En situaciones como esta, Bolivia no puede subestimar la posibilidad de solicitar y recibir asistencia internacional. La mencionada declaratoria sería el paso necesario para garantizar una respuesta rápida, coordinada y efectiva, maximizando los esfuerzos para mitigar los daños y ayudar en la recuperación de las comunidades afectadas.

En resumen, es imperativo que Bolivia reconozca la gravedad de la situación y emita una declaratoria de desastre nacional. Solo a través de esta acción se podrá articular una respuesta integral y eficaz, movilizando los recursos y la solidaridad necesarios para afrontar esta crisis de proporciones catastróficas.

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