Si falta voluntad política, la reforma judicial se impondrá en las calles, según abogados

El grupo de abogados independientes sentenciaron que en Bolivia no es suficiente una preselección de candidatos antes de las elecciones judiciales de 2023, como sugirió el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán. Aseguraron que en un año, la presión social en las calles puede lograr un referéndum que conduzca hacia una verdadera reforma de la justicia. 

En sus observaciones preliminares, García-Sayán expresó que en la perspectiva de concretar un ajuste sin el requisito previo de la reforma constitucional: Realizar una preselección de candidatos, sobre los que votaría la Asamblea Legislativa en un espacio “pluralista y participativo” y en el marco de un “acuerdo nacional”.

El exalcalde de La Paz y abogado Juan del Granado señaló que esta opción no es viable, porque la participación de los políticos contaminaría todo. El abogado José Antonio Rivera complementó que “la crisis de la justicia es terminal. La Constitución debe ser cambiada, pero no hay voluntad política del MAS, porque no les interesa mover un dedo para hacerlo”.

Del Granado apuntó que el grupo independiente promueve una gran cruzada nacional por la transformación de la justicia donde el eje central no son ni el Gobierno, ni la oposición, ni los partidos políticos, ni el Estado, sino la comunidad organizada. “Por eso es que planteamos la reforma a través de referéndum ciudadano”, acotó Del Ganado. 

El exalcalde y Rivera coincidieron en que el mecanismo es reunir 1,5 millones de firmas, el 20% del padrón electoral. Los libros serán entregados al Tribunal Supremo Electoral y, tras la verificación, esta instancia deberá remitirlos al Tribunal Constitucional que garantizará que la propuesta no transgreda las normas.

Este grupo ha planteado un proyecto de ley que modifica 12 artículos de la Constitución. La pregunta del referéndum sería si los bolivianos están de acuerdo o no.

“Insisto, nuestro punto de partida es que no esperamos nada, ni del Gobierno, ni del Estado”, aseguró el exalcalde de La Paz.
La tarea no será fácil. “No hay peor batalla que aquella que no se pelea. Yo sugerí que el movimiento del 21-F en el país debe girar a buscar una nueva justicia que sea independiente, imparcial, oportuna, pronta y eficaz”, manifestó Rivera.

En los últimos años, los más grandes cambios que han doblegado incluso al poder político, se lograron con las protestas callejeras, aseguraron los entrevistados.
De hecho, en la gestión de Evo Morales la movilización hizo retroceder y detuvo la ley del sistema procesal penal. La protesta callejera tras el fraude electoral de octubre de 2019 llevó a la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales.

En la gestión de Luis Arce Catacora las protestas, principalmente en las ciudades de Santa Cruz y Potosí, lograron que se retire dos leyes que configuraban un paquete contra la legitimación de ganancias ilícitas.

Rivera y Del Granado calculan que todos los pasos para la realización de un referéndum se pueden completar en un año. “Pero, definitivamente la ciudadanía deberá acompañar con presión social en cada uno de ellos. Solamente así se podrá lograr”, dijo Rivera.

El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió a principios de mes que las elecciones judiciales no dieron “buenos” resultados al país. “El proceso boliviano no garantiza la independencia de los jueces. Es un proceso que, definitivamente, debe ser cambiado, que no es constitucional y que no ha dado buenos resultado al país”, lamentó la autoridad.

Su propuesta es similar a la de García-Sayán, generar una preselección de candidatos y perseverar la elección que debe realizarse el año próximo. Además, ha anunciado acciones en la que incluye la evaluación de jueces, aumentar el presupuesto al Poder Judicial y dotarlo de mayor tecnología, pero el debate para el grupo de abogados independientes es más profundo, porque no solucionan el tema más delicado, que es la independencia de la justicia del poder político.

Desde el año pasado está en la Asamblea un proyecto de ley para acortar el mandato de los magistrados elegidos por voto. Tras la declaración del Relator de Naciones Unidas, estas propuestas resurgieron. 

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, advirtió que en esas propuestas hay una intencionalidad política de dar un “golpe” a su institucionalidad y que estarían pretendiendo sacarle “ventaja política” al informe del relator García-Sayán, que entre sus recomendaciones se refirió a la baja legitimidad del sistema de elección de altas autoridades judiciales en Bolivia.

Agregó que será importante que estás sugerencias sean introducidas para el análisis de la nueva reforma judicial. La autoridad dijo que con este argumento se pretende “descabezar al Órgano Judicial con un discurso de contenido “altamente político-partidario”.

El expresidente Carlos Mesa dijo en su cuenta de Twitter que el informe del Relator “confirma lo que padecemos: la justicia en Bolivia dejó de ser un derecho y se convirtió en un instrumento de la violencia, la corrupción y la ambición masista que la alejó del pueblo y la usa para perseguir a los que piensan diferente”. El líder de UN, Samuel Doria Medina, concordó con la necesidad de una reforma de fondo.