1 de noviembre de 2022, 4:00 AM
1 de noviembre de 2022, 4:00 AM

Instantes antes de la tragedia, los actores políticos suelen tener un extraño ataque de racionalidad y se detienen en las puertas del fuego; algo como eso podría ocurrir en estas horas si se concreta uno de los múltiples pedidos de diálogo entre Gobierno y Comité Interinstitucional para frenar la violencia que ya comenzó, de modo que se pueda atender la demanda cruceña y por tanto levantar el paro indefinido.

Sin embargo, es preciso recordar que ya hubo dos diálogos fracasados entre esos mismos actores: el primero fue el sábado 22 de octubre en Santa Cruz y el segundo, el viernes 28 en Cochabamba. En ambos casos las muchas horas de sentarse frente a frente solo sirvieron para distanciar más las posiciones. Pese a las muchas expectativas que se pusieron en esos encuentros, solo lograron desgastar un recurso y confrontar más a los protagonistas porque de allí salieron con insultos y expresiones innecesarias, perjudiciales.

Después de todas las cosas que se dijeron, es poco probable que quieran volver a sentarse en la misma mesa con posibilidad de entenderse. Quizá haya que elegir nuevos interlocutores. Estaría bien, por lo menos, en el lado del Gobierno, que se busque otros representantes, ya que hay un amplio gabinete de donde escoger, y se elija personas con auténtica vocación de diálogo. Los dos interlocutores más visibles del lado gubernamental en este conflicto sufrieron un acelerado desgaste y podrían no contribuir mucho a la necesidad sin espera que tiene el país de dar fin al conflicto.

En el lado del Comité Interinstitucional, donde se han producido algunas fisuras por la diferencia de posiciones internas, la figura más sobresaliente y confiable por su templanza y serenidad es el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, cuyo rol será muy importante en un nuevo acercamiento, si este se produjera.

Suena bien aquello de hacer ‘diálogo sin condiciones’, pero solo suena. En los hechos sí debe haber algunas ‘condiciones’ mínimas, no en el sentido de condicionantes sino de estado o situación. Y es que no es posible dialogar si una de las partes está cercando a la otra.

Puede decirse que el mismo razonamiento podría aplicarse al paro indefinido. Sin embargo, hay que distinguir que el paro es una acción legítima de los ciudadanos, amparado incluso en las leyes por aquella figura del ‘derecho a la protesta’; y otra cosa muy distinta es el cerco criminal a una ciudad que ni siquiera en las guerras se practica, y que en el caso boliviano no es una acción ‘natural’ de pobladores, sino una medida alentada y financiada por nada menos que el Estado boliviano, y protegida por la Policía Nacional.

No otra cosa significa que curiosamente los únicos que lograron atravesar los promontorios de tierra, troncos y cadenas humanas cruzadas en las carreteras fueron los más de diez buses de efectivos policiales que el Ministerio de Gobierno mandó desde Cochabamba y Oruro a Santa Cruz. Envío de policías que por cierto no fue un relevo, como dijeron jefes policiales y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. La prueba es que los recién llegados ocuparon un colegio del Plan 3.000 para pasar allí la noche. Si se hubiera tratado de un relevo, hubiesen ocupado los dormitorios que supuestamente los anteriores tendrían que haber dejado disponibles.

Tampoco es aceptable que continúe el bloqueo al vertedero de desechos que está llenando la ciudad con más de 10.000 toneladas de basura por la acción de unos vecinos que tampoco se movilizan por cuenta propia, sino que tienen por detrás a los mismos que empujan a campesinos y comunidades a las carreteras a provocar cercos para que los animales se mueran en los camiones, los huevos, la fruta y las hortalizas se pudran con las altas temperaturas y falten alimentos en la ciudad.

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