14 de junio de 2023, 4:00 AM
14 de junio de 2023, 4:00 AM

"Hay que crear dificultades para vender facilidades”, parece ser la filosofía del gran negocio de la burocracia en muchas instituciones públicas. Los trámites a los que se somete al ciudadano y a las empresas son tan engorrosos y lentos que dan lugar a que aparezcan tramitadores, funcionarios inescrupulosos y extorsionadores para acelerar y resolver de una manera torcida el problema del contribuyente.

Esta realidad se ha venido evidenciando en numerosas denuncias y destapes de irregularidades que han circulado en redes sociales en los últimos meses y que involucran a funcionarios de la Alcaldía de Santa Cruz. Se los ha encontrado haciendo cobros irregulares por licencias de funcionamiento, por obligaciones tributarias, por ocupar un espacio público y otras negociaciones ocultas que causan un daño económico a las arcas públicas, ensucian la imagen institucional y generan desconfianza.

Parte del problema radica en la complejidad y morosidad de los trámites municipales. Una visita a las oficinas de la Quinta Municipal permite constatar la presencia de tramitadores que abordan a los usuarios y ofrecen sus servicios. Tratan de convencerlos de las ventajas de dejar el trámite en sus manos, en lugar de seguir por los conductos regulares. Todo esto sucede a vista y paciencia de las autoridades que allí trabajan. Sin duda que aquí existe un problema estructural que no está siendo encarado con la debida rigurosidad. Tampoco se han tomado las medidas correctivas para evitar que se repitan hechos de corrupción como los denunciados.

Para ser justos, el fenómeno de la burocracia y corrupción administrativa es característico de gran parte de la institucionalidad pública del país y del resto de Latinoamérica. La problemática ha sido tratada en cumbres continentales, y sus recomendaciones han gozado de la plena aceptación de los países participantes, aunque no todos han logrado aplicarlas. En general, las corrientes reformistas giran en torno a la digitalización y simplificación de los trámites burocráticos, además de la innovación en todos los procesos administrativos.

En Chile, por ejemplo, hace unos años se anunció el fin de los procesos manuales, bajo el eslogan “Un Chile sin papeleos”. Perú trató de implementar paquetes de simplificación administrativa que, entre otras cosas, validaban las cédulas de identidad digitales y las notificaciones oficiales por la vía electrónica. Y en los casos más exitosos, la innovación ha implicado la incorporación del procesamiento de datos y analítica avanzada. Al final, todo conduce a mejorar la eficiencia y transparencia de la administración pública, lo que a su vez redunda en mejorar la competitividad económica de los contribuyentes y en reestablecer la confianza en el sistema.

En esa línea, el alcalde Jhonny Fernández ha anunciado que la Alcaldía implementará aplicaciones que permitirán –según aseguró– digitalizar y descentralizar los procesos administrativos, lo cual facilitará el acceso de los usuarios a la información y acortará los tiempos. También mencionó que la tecnología le permitirá al contribuyente identificar a los verdaderos funcionarios municipales, para así desactivar a quienes intentan suplantarlos para fines extorsivos.

Tales medidas van en la dirección correcta, pero está claro que también hay que hacer grandes cambios estructurales para simplificar los procedimientos y eliminar ese espacio discrecional que utilizan los funcionarios inescrupulosos y los extorsionadores. Ya es hora de erradicar ese ‘impuesto oculto’ llamado corrupción, que al final afecta hasta a los más pequeños contribuyentes.

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