Sin miras de libertad para el gobernador
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acaba de cumplir 120 días de prisión en el penal de máxima seguridad Chonchocoro, luego de que fuera secuestrado, el 28 de diciembre pasado, durante un aparatoso operativo policial más apropiado para atrapar a un delincuente peligroso que para una autoridad departamental elegida por el voto popular.
Semejante abuso de la fuerza sería inadmisible bajo un sistema judicial que respetara los principios de presunción de inocencia y del debido proceso, y que utilizara la detención preventiva solo de manera excepcional. Pero nada de esto se respeta, no solo en el caso de Camacho, sino en el de muchos ciudadanos que se encuentran encarcelados bajo acusaciones con escaso rigor jurídico e interpuestas por actores con claras motivaciones políticas.
Inicialmente, al gobernador cruceño se lo aprehendió por su presunta participación en el supuesto golpe de Estado de 2019. Hasta resulta absurdo tratar de argumentar que un suceso tan complejo y delicado –como lo es un golpe de Estado– debe merecer una profunda investigación imparcial antes de que una sola persona pueda ser aprehendida. Aquí solo bastó la demanda interpuesta por un pintoresco personaje cuyo único mérito en su vida pública ha sido la susodicha acción.
Claro que el sustento jurídico es lo de menos cuando la consigna es sentarle la mano a quienes incomodan al poder de turno. Es por ello que el sistema busca alargar la detención preventiva de Camacho con la ampliación de supuestos delitos que ni siquiera guardan relación con la causa original. Como por arte de magia, sale de la galera otra demanda para acusar al gobernador del ‘decretazo’ que supuestamente otorgaba competencias del vicegobernador a otro funcionario de la Gobernación. Y luego surge la denuncia de una supuesta compra irregular de un carro bombero. Ni corta ni perezosa, la Fiscalía irrumpe con su pedido de seis meses de detención por cada una de esas acusaciones.
El engranaje del MAS funciona al unísono para evitar que el gobernador tenga la chance de defenderse en libertad y en el lugar donde reside. Las últimas demandas mencionadas, por ejemplo, tendrían que haber sido tratadas en el ámbito del Gobierno Departamental de Santa Cruz, que tiene su propia Asamblea y sus propios procedimientos.
La vulneración de derechos incluso se manifiesta en asuntos de carácter humanitario. Se sabe que el gobernador Camacho tiene problemas de salud que requieren de tratamiento médico especializado, y a pesar de ello, sus solicitudes para obtener esa atención son denegadas una y otra vez. Por último, sus familiares, allegados y abogados que van a visitarlo o lo acompañan a sus audiencias, sufren el acoso de esos agitadores de oficio llamados ponchos rojos, sin que la Policía mueva un dedo para proteger su integridad física.
El cuadro de justicia politizada se completa con las frecuentes apariciones públicas de ministros, diputados y autoridades del oficialismo que refuerzan las acusaciones contra Camacho y otras personas encarceladas, como la expresidenta Jeanine Añez. Tales intervenciones ejercen una nociva influencia en el ya endeble sistema judicial.
Quizá el apoyo ciudadano puede contrarrestar toda esa influencia negativa que pesa sobre la justicia boliviana. Al final de cuentas, han sido miles de personas las que participaron en los acontecimientos que han dado pie a las abusivas aprehensiones de varios líderes regionales. Y también han sido cientos de miles los ciudadanos que han firmado libros porque están hastiados de tanta corrupción e injusticia, y porque aún tienen la esperanza de que se corrija el rumbo.
