Solo fue un adelanto
No hubo delito ni irregularidad alguna, sólo se trató de un adelanto en efectivo que hicieron funcionarios de la ABC en Chuquisaca para que la empresa china Chec realice gastos administrativos como parte de la ejecución del contrato para la construcción de la carretera Sucre – Yamparáez. A esa conclusión llegaron los fiscales de Chuquisaca sobre el denominado “caso coimas” en el que fue protagonista el testigo protegido Felipe Sandy Rivero quien, finalmente, murió en Estados Unidos en circunstancias poco claras.
El escándalo se desató cuando fueron publicadas fotografías de una reunión reservada, en un hotel en Sucre, en la que participaron funcionarios de la ABC y el representante de Chec, Jim Zhengyuan. En ese encuentro hubo una transacción de 8,9 millones de bolivianos. Según el testigo protegido que tomó fotos del encuentro, se trató del pago de un soborno.
Esa denuncia fue reforzada por otros elementos que surgieron en la investigación. Juan Carlos Hidalgo Chura, miembro de la comisión calificadora de empresas, declaró ante el Ministerio Público que durante la licitación se cambiaron por lo menos dos hojas de la propuesta presentada por Chec.
Otro hecho irregular es la sustitución de un poder de la empresa china en favor de su representante Zhengyuan. En la relación de hechos se establece que al momento de firmar el contrato, el funcionario chino sólo tenía un poder de representación, insuficiente para firmar documentos oficiales, y sin mayores reparos ese documento fue reemplazado.
Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, en declaraciones a El Deber Radio, sostuvo: “Hemos determinado que las denuncias que se han formulado son reales. Se ha establecido que en el proceso de contratación se insertó al menos un poder falsificado y esto se ha confirmado por informes de Dirnoplu”.
Transcurrido el tiempo, los fiscales asignados al caso establecieron que el poder inicialmente presentado por Jim Zhengyuan era suficiente y no se hicieron mayores indagaciones del poder falsificado cuya existencia fue confirmada por el propio ministro de Justicia.
Con relación al cambio de hojas en la propuesta de Chec, los fiscales afirman que una auditoría forense descartó tal sustitución. Hasta ese punto todo suena bien, por lo menos para los involucrados. Pero la explicación sobre el manejo de dinero en un cuarto de hotel es cuando menos sorprendente.
El Ministerio Público afirma que se trataba de un adelanto y no de soborno. Las preguntas lógicas son: ¿desde cuándo los pagos por licitaciones se hacen en efectivo en cuartos de hotel? ¿Qué normas rigen este procedimiento? ¿Quién o quiénes autorizan que los recursos públicos sean manejados en maletas o cajas de cartón? ¿En qué parte del contrato se especifica el supuesto adelanto para gastos administrativos?
Al respecto, el fiscal Fernando Aragón afirmó que una empresa tiene la libertad de elegir cómo gestionar sus recursos.
Pues bien, amerita afirmar que la declaración del fiscal Aragón es inadmisible. Para comenzar, todo proveedor del Estado debe estar registrado en el Sistema de Gestión Pública (Sigep) que forma parte del Gobierno electrónico.
A través del Sigep se realizan los pagos de sueldos a funcionarios públicos, pago de viáticos, desembolso de pagos por concepto de licitaciones públicas, adjudicaciones de bienes, servicios, etc. tanto del Gobierno central como de las entidades territoriales autónomas.
Los proveedores del Estado están registrados en el Sigep y todo desembolso se realiza mediante transferencias bancarias a cuentas debidamente registradas en el Banco Unión o, excepcionalmente, se emiten cheques oficiales. ¿Cómo puede el fiscal Aragón sustentar su argumento?
El “caso coimas” fue cerrado y los involucrados fueron sobreseídos, pero queda un fétido olor a corrupción que ofende a la ciudadanía y daña la democracia.
