Los abogados de la exalcaldesa denunciaron que Fernández participó de un esquema de venta de ítems en 2019, cuando era concejal. El burgomaestre desafía a que lo denuncien

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11 de enero de 2022, 7:34 AM
11 de enero de 2022, 7:34 AM


El mismo día en que Jhonny Fernández tenía que presentarse a declarar en la Fiscalía en condición de testigo por el caso ítems fantasmas, los abogados de la detenida exalcaldesa Angélica Sosa solicitaron que el actual burgomaestre sea incluido en el caso como investigado. 

Los abogados Joadel Bravo y Jerjes Justiniano, defensores de Sosa, aseguran que en 2019 el ahora alcalde participó, en su calidad de concejal y jefe de UCS, en un esquema de venta de espacios de trabajo en la municipalidad. Supuestamente lo hizo a través de su secretaria Ana Gloria Salazar. Fernández los desafío a sentar formalmente la denuncia ante el Ministerio Público.

“Resulta que Jhonny Fernández, en su coalición con Percy Fernández, en la gestión pasada, obtuvo ítems. Esos ítems, la secretaria personal de Jhonny, Ana Gloria Salazar Montaño, los traficaba cobrando entre $us 2.000 y 5.000 por cada uno”, denunció Bravo. El jurista presentó un supuesto organigrama y mencionó que existen unas 48 víctimas.

Según el jurista, Salazar habría recaudado Bs 1.680.000 y fue denunciada en el Concejo por siete ciudadanos a los que no se les cumplió el trato a cabalidad.

Bravo también denunció que Evert Mérida, director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, intentó defender a Salazar negociando con siete víctimas que exigían la devolución del dinero.

Además, aseguró que la actual directora de Transparencia, Adriana Pedraza, omitió sus funciones de hacer seguimiento a los dos procesos contra Salazar.

Cuestionan la denuncia
El alcalde Fernández dijo que si existe una denuncia en su contra deben presentarla ante el Ministerio Público y no ventilarla a través de los medios de comunicación.

Por su lado, el director de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía calificó de falsas las acusaciones del abogado Bravo. Según el funcionario, “no tienen fundamentos y no la ha respaldado con la documentación correspondiente”.

Argumentó que “Salazar era funcionaria de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue comisionada al Concejo, a la oficina del entonces concejal Jhonny Fernández; permaneció en el cargo hasta el 2 de mayo del 2019, y la denuncia de las supuestas víctimas son del 15 de mayo y siguiente. Vale decir, cuando ya no fungía como secretaria”, afirmó. 

Mérida aclaró que Salazar no era secretaria privada de Jhonny Fernández, ya que su sueldo no salía del bolsillo del concejal, sino del erario municipal y nunca la convocó para que sea su secretaria o asistente.

Incluso, dijo que el actual burgomaestre denunció ante el Ministerio Público la supuesta estafa de Salazar. “Los delitos penales son personales y, en todo caso, ella debe responder ante la justicia”, señaló Mérida.

Remarcó que cuando estaba como director Jurídico de la comuna, objetó lo dispuesto por la Fiscalía en favor de Salazar.
Por su lado, desde ayer circula en las redes sociales una lista de 198 personas que supuestamente forman parte de la cuota de Jhonny Fernández, y dentro de la misma se encuentra la persona mencionada. El listado fue presentado al Ministerio Público, en su momento, por el concejal Federico Morón, de la alianza opositora Comunidad Autonómica (C-A).

Jhonny se presentó
Por otro lado, el alcalde Jhonny Fernández llegó a las oficinas de la Fiscalía (a las 15:15) para prestar su declaración en calidad de testigo del caso ítems fantasmas, pero cerca de las 16:00 salió resguardado por un grupo de jóvenes. En contacto con los medios informó que reprogramaron su cita, pero sin fecha.

Referente a la supuesta alianza SPT– UCS, Fernández dijo que se abocará al cuadernillo de investigación, porque cuando se tiene que denunciar algo es ante el Ministerio Público y no ante los medios de comunicación.

Por el caso ítems fantasmas, la justicia ordenó el 24 de diciembre del año pasado, la detención en Palmasola de la exalcaldesa interina Angélica Sosa. La exautoridad estuvo en el área de aislamiento, pero este fin de semana fue transferida a régimen abierto.

Sus abogados esperan que esta semana se defina fecha y hora de la audiencia de apelación.