Sosa se abstiene y su defensa considera que primero se debió realizar una auditoría

La defensa de la ex alcaldesa del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, quien ayer se abstuvo de declarar, dijo que la actual administración municipal, en calidad de querellante por el caso denominado contratos ilegales, debió realizar previamente una auditoría administrativa antes de hacer la denuncia penal.

La ex funcionaria pública, que se presentó ayer, se abstuvo de declarar ante los fiscales, es investigada junto a la ex secretaria municipal de Administración y Finanzas de la Alcaldía, Sandra Velarde, y el ex director de Recursos Humanos, Javier Cedeño, por los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y falsedad material e ideológica.

“Primero debieron haber acudido a la dirección de auditoría interna, o a la Contraloría General del Estado para pedir una auditoría en lo que respecta a recursos humanos, para determinar si hay responsabilidad y luego ver si es penal o no”, informó el abogado José Negrete, representante legal de la ex alcaldesa Sosa.

También aseguró que se van a presentar todos los descargos para demostrar que las acusaciones, presentadas por el alcalde Jhonny Fernández, son falsas. Agregó que la denuncia es contradictoria porque, por ejemplo, no se ha indicado en qué consiste el daño económico y también están pidiendo un peritaje al Colegio de Auditores y Contadores Públicos.

Añadió que también existieron muchos errores en la denuncia: de apreciación, forma y fondo. Dijo que primero se habla de 1.200 contratos y luego de 500, “cuando en realidad hay 45 contratos que son los que forman parte de todo esto, y eso se va a refutar”, explicó Negrete.

Finalmente dijo que esto tiene que concluir con un rechazo de denuncia, un sobreseimiento o un archivo de obrados ante el juez de garantías, además de llegar a la verdad material de los hechos. Agregó que, concluido el proceso, y si se establece que fue una calumnia, se planteará una acción penal por acusación y denuncia falsa, denominada también acción recriminatoria.

Según la denuncia e investigación, presentada por los actuales funcionarios municipales, existen más de 2.000 contratos observados, de los cuales varios se realizaron supuestamente de manera irregular, por ejemplo, había funcionarios que no iban a trabajar, pero sí cobraban un salario.

También se informó que parte del personal para las brigadas de salud tenían contratos, unos 500, que no fueron subidos al sistema, y por ello no se les iba a cancelar.

Por su parte, Sosa tras salir de su audiencia informativa, en la que se abstuvo de declarar amparándose en su derecho al silencio, dijo a los medios de comunicación que todo este proceso, únicamente daña su imagen y su honor.

“Como exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, siempre he actuado en base a la ley, voy a venir a la Fiscalía de forma voluntaria en todas las acciones que sea convocada, pero le digo a Santa Cruz que esto es una calumnia e injuria porque siempre he trabajado bien”, expresó Sosa.

Sandra Velarde asistió a la Fiscalía pero su audiencia fue suspendida


Añadió que en los 16 años que estuvo como funcionaria pública nunca fue procesada, y las acciones que realizó durante el tiempo que fue alcaldesa interina, 13 meses, buscaron salvar vidas.

Ministerio Público

Tras la audiencia informativa de la exalcaldesa, estaba citada la exsecretaria municipal, Sandra Velarde, pero la misma fue suspendida para el miércoles 16 a las 8:30 de la mañana.

El fiscal de materia y coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, Javier Cordero, informó que se determinó esto, debido al instructivo que se tiene con relación a las políticas de prevención contra el Covid-19, que estipula que la atención al público debe realizarse hasta las 13:00.

“Con ese antecedente, y teniendo la audiencia para las 15:00, se difirió la toma de declaración de la señora Sandra Velarde para este miércoles”.

La exresponsable de Administración y Finanzas se presentó en el Ministerio Público, pero al no poder dar su declaración, salió de estas instalaciones sin brindar ninguna declaración a los medios. Se espera que hoy declare el exdirector de Recursos Humanos, Javier Cedeño.

Con respecto a la declaración de Sosa, el fiscal Cordero indicó que el Ministerio Público aún no tiene indicios reales y pertinentes para poder pronunciarse de fondo con respecto a la investigación.

“Sin embargo, se ha establecido que, en otras oportunidades, emergentes a las investigaciones que se vayan realizando, se citará nuevamente (a Sosa) o bien se necesitará la presencia de la misma para recibirle su declaración informativa, pero todo emergerá del avance de la investigación”.

Lamenta silencio

El concejal por la agrupación Demócratas, Manuel Saavedra, lamentó que la exalcaldesa no pudiera brindar ninguna declaración porque hubiera sido su oportunidad de aclarar los hechos que se están investigando.

“Estamos hablando de la contratación irregular de más de 2.000 funcionarios, además del gasto de más de 25 millones de bolivianos, que no es poca cosa. Y si el Ministerio Público tiene que escucharla, ella tendría que haber explicado eso, por eso es lamentable que aún no sepamos por qué se hicieron esas contrataciones”, dijo Saavedra.

Con referencia a las declaraciones de Velarde y Cedeño, cree que existe una estrategia jurídica entre los abogados defensores, para que ellos también se abstengan de declarar y se siga con la falta de transparencia e incertidumbre, “algo que ha caracterizado a la última gestión municipal”, explicó.

Añadió que por eso existen tantas sospechas de corrupción, y afirmó que Santa Cruz tuvo un gobierno municipal que contrajo deudas millonarias, no tuvo liquidez y sí exceso de funcionarios.

Con referencia a una posible demanda que pueda presentar la defensa de la exalcaldesa contra el municipio cruceño, Saavedra dijo que existen sustentos técnicos para sostener que existieron las contrataciones irregulares.

“Primero están las personas que no presentaron libreta de servicio militar, luego están los que no cumplieron los requerimientos técnicos del cargo y también se encuentran los que no estaban registrados en el sistema del propio municipio, entonces son muchísimos los casos, que ellos (las ex autoridades municipales) en vez de explicarlos, deciden acogerse al silencio”. Por ello, consideró que hay mucho por indagar.