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Una nueva denuncia se suma a los procesos planteados contra el líder del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. La diputada Estefanía Morales (MAS) se querelló por nepotismo y abuso de la función pública porque cuando ejercía como dirigente sindical de la Caja Petrolera de Salud (CPS) habilitó, según dijo, a su suegra, Jessica O., y cuñada, Katherina O., para que trabajen en esta entidad.

“El señor Rómulo Calvo ha abusado de su condición de dirigente, pues ha colocado el año 2019 a su suegra de directora de la CPS; a su cuñada, que es servidora pública. Esto es un acto real”, declaró.

La legisladora recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece el grado de responsabilidad que tienen los ciudadanos en la función pública.

Adicionalmente, el diputado Rolando Cuéllar (MAS) volvió a acusar al cívico por cobrar un salario sin cumplir con las horas de trabajo “Hay registro biométrico, donde el señor Rómulo Calvo en seis meses, hemos demostrado como parlamentarios, solamente trabajó 31 días”, aseveró el legislador, de acuerdo a la agencia oficial ABI. 

Estas denuncias, junto a otras acciones legales, fueron planteadas tras el paro multisectorial de nueve días en rechazo a la Ley 1386. Desde el movimiento cívico nacional y sectores de la oposición ven que existe una estrategia de “persecución política con miras a criminalizar la protesta”. La diputada Morales dijo que en todos estos casos la justicia es la encargada de procesar las denuncias, siguiendo el debido proceso.

Calvo, un médico especializado en proctología, fue destituido de la CPS tras un proceso sumariante que se aplicó por no asistir a su fuente laboral. Su abogado, Martín Camacho, alegó que el dirigente cívico estaba en comisión protegido por el fuero sindical.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, afirmó ayer que Calvo debe responder por unos Bs 360.000. Informó que, tras el proceso administrativo, se determinó investigar a ocho funcionarios involucrados en el caso Calvo y a “clanes familiares” que presuntamente se beneficiaron en la función pública. “Mientras existe personal de Salud que, en este momento, está dando todo por defender la salud y la vida del pueblo boliviano, tenemos personas como el señor Calvo que cobra Bs 24.000 cada mes y sin trabajar”, reprochó Auza.

Camacho afirmó que su defendido aún tiene “fuero sindical” y que se asumió la decisión de despedirlo cuando estaba legalmente de vacaciones y, “curiosamente”, tras el paro de los nueve días contra la Ley 1386 que había dado vida a la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Esa norma fue abrogada por el presidente Luis Arce debido a la presión social que cuestionó la vigencia de normas inconsultas.

Entre tanto, el Consejo Médico Nacional tildó de “arbitraria” la destitución de Rómulo Calvo de la Caja Petrolera de Salud. La organización instó a que se inicie una demanda internacional ante esta situación y pidió al Colegio Médico de Santa Cruz brindar asesoría legal al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz.

“El Consejo también analizó la situación del doctor Rómulo Calvo, actual presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien fue separado de la Caja Petrolera de Salud de manera arbitraria, por lo que solicitamos al Colegio Médico de Santa Cruz brindar el apoyo legal necesario al profesional de salud ante estos abusos”, afirmó Luis Larrea, quien leyó el comunicado en representación de esa entidad.

Más procesos

En otras regiones del país, se plantearon otros procesos legales contra los líderes cívicos. En el caso de Tarija, la Federación de Campesinos de esa región demandó al Comité Cívico por “sedición, obstrucción al libre tránsito e instigación a la violencia”, delitos que se pudieron cometer durante la protesta contra la Ley 1386.

En contacto con EL DEBER, Adrián Ávila, presidente del Comité Cívico tarijeño, señaló que ya se presentó en la Fiscalía. Dijo que la demanda también fue contra el alcalde Jhonny Tórrez y el gobernador, Óscar Montes.

En contrapartida, lamentó que “la Justicia no haya obrado con la misma velocidad” cuando se hizo una demanda contra los campesinos por los “violentos desbloqueos” del 9 y 10 de noviembre, los días más álgidos de la protesta.

Ayer, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) dio un plazo de 24 horas para que se libere a todos los detenidos que participaron del paro multisectorial de noviembre.

Con una marcha por las calles de la Villa Imperial, las organizaciones denunciaron una parcialización de la justicia, ante los procesos que se siguen contra un dirigente en Riberalta (Beni), Katriel Müller, y a Rómulo Calvo, presidente de Santa Cruz. “No podemos permitir lo que está ocurriendo, dijo el representante de Comcipo, Juan Carlos Manuel, quien se reunió con otros dirigentes cívicos del país.

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