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13 de junio de 2022, 4:00 AM
13 de junio de 2022, 4:00 AM

Con este título y el sello editorial Kipus, hemos publicado el libro que se ocupa de los derechos fundamentales y su encuadramiento en el ordenamiento jurídico boliviano. Los derechos fundamentales suelen gozar de una tutela reforzada. Sin embargo, hay derechos humanos que todavía no han sido positivados y aquí radica la mayor diferencia con los derechos fundamentales; por ejemplo, el aborto legal, la eutanasia, la objeción de conciencia, entre otros. De ahí que todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. No obstante, los derechos fundamentales y humanos corresponden a toda persona por el mero hecho de su existencia humana; se caracterizan por ser universales, inviolables, e imprescriptibles.

Las primeras declaraciones de derechos de las personas, que los Estados deben respetar, asegurar y proteger, surgieron de los movimientos revolucionarios con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la revolución francesa. Los derechos fundamentales son criatura del poder, vienen definidos y sostenidos por éste, ya que sin poder que lo respalde, una norma no pasa de ser una buena recomendación o consejo.

El derecho traza cauces, líneas de conducta, pautas organizativas; define competencias y establece sanciones que se reglamentan en las normas jurídicas, y éstas se caracterizan por su obligatoriedad e imperio. Y para asegurar el disfrute de los derechos individuales existe el Estado, entendido como un pacto, un acuerdo entre hombres libres, que se someten voluntariamente a una autoridad. El Estado solo tiene sentido cuando se convierte en escudo protector, pero cuando ese poder político (institucionalizado) representa una amenaza social, el pueblo tiene el legítimo derecho de rebelarse contra sus gobernantes, revirtiendo de nuevo el poder al soberano o comunidad.

            El libro pone de manifiesto que el reconocimiento de derechos se constituye en fin y límite del ejercicio del poder estatal y de las competencias de los gobernantes y órganos del poder público, y una exigencia de la dignidad humana, imprescindible en la concepción del Estado Constitucional de Derecho. A fines del siglo XVIII se inició la positivación de los derechos fundamentales basados en las concepciones pactistas que establecían la soberanía como expresión del consenso de los ciudadanos en las constituciones occidentales.

            La historia del constitucionalismo contemporáneo podría resumirse como la marcha expansiva de los derechos y la búsqueda sistemática de instrumentos y órganos de garantías: incrementar cada vez más el número de los derechos para ampliar la esfera jurídica de protección de la persona humana frente a las posibles lesiones provenientes de los poderes público y privados. Esta expansión se ha enriquecido con la retroalimentación recíproca entre fuente interna e internacional de los derechos fundamentales; es decir, debe existir una retroalimentación entre el intérprete final del derecho interno y el intérprete final del derecho regional o internacional de derechos humanos porque está de por medio la fe del Estado boliviano y existe un compromiso en ese sentido ante la comunidad internacional.

            Teoría de los derechos fundamentales no sólo busca explorar y pasar revista a los movimientos revolucionarios que terminaron concretando declaraciones de derechos, sino igualmente estudia la naturaleza de los mismos, sus contenidos, sus límites, sus condiciones de ejercicio, sus elementos caracterizadores, su titularidad, la aplicación directa, etc. Analiza las garantías normativas y jurisdiccionales y su protección internacional para desarrollar los derechos clásicos de libertad, igualdad y prohibición de discriminación; los derechos de la personalidad; la libertad de expresión, de reunión y asociación, el derecho de protestar, el derecho de participación política, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); el derecho a la cultura, a la educación, la constitución económica, así como los derechos procesales fundamentales.

            La obra, que se compone de XXVI capítulos, pretende llenar un vacío bibliográfico nacional, en lo que un autor denomina el “constitucionalismo de los derechos”, el tiempo de los derechos o teorías de los derechos fundamentales, y tiene una ambición más sustancial: defender los derechos, y poner límites al poder político para garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad humana. El desafío es limitar el poder político ─condición sine qua non─ para garantizar no sólo los derechos fundamentales sino también el sistema democrático y los valores constitucionales.

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