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12 de octubre de 2023, 3:00 AM
12 de octubre de 2023, 3:00 AM

Ilya Fortún

Ahora que la sequía azota a decenas de municipios en todo el país. Ahora que las riadas causan estragos allí donde no hay sequía. Ahora que la gente se achicharra de calor en El Alto. Ahora que se registran las temperaturas más altas de la historia. Ahora que los vientos en Santa Cruz soplan con fuerza huracanada. Ahora que las aguas del lago Titicaca bajan a niveles alarmantes. Ahora, justo ahora, El Movimiento al Socialismo le asesta un alevoso golpe al medio ambiente declarando nulos una serie de artículos de la Ley de Conservación del Patrimonio Natural de Santa Cruz, y por tanto amenazando de muerte a once pulmones verdes.

¿Qué puede explicar o justificar una monstruosidad de este tamaño? ¿Cuál puede ser la razón que explique una acción tan demencial? El gobierno de Arce/Morales supera nuevamente nuestra capacidad de asombro con esta maniobra, que confirma que los masistas de todos los bandos están dispuestos a arrasar con todo lo que tengan delante, si eso les permite seguir haciendo negociados y saqueando lo poco que queda después de 16 años de rapiña.

Podemos decir sin lugar a equívocos, que ésta fue una decisión política del MAS, que una vez más utilizó al Tribunal Constitucional como instrumento para cometer un delito o, peor aún, para perpetrar un crimen contra la naturaleza. ¿O será pura coincidencia que una demanda presentada hace seis años por el nefasto García Linera, haya sido resuelta justo ahora, en medio del conflicto por la definición del tramo de la carretera La Guardia-Buena Vista?

El mar de fondo de este turbio asunto es la pugna de grupos del MAS por consolidar multimillonarias inversiones inmobiliarias en la zona, sin importar si el costo es violentar las áreas protegidas donde están los reservorios de agua que nutren a la ciudad de Santa Cruz. Se trata de un negocio grueso en el que hay mucha plata ya invertida de por medio por distintos grupos, para los cuales es indispensable que el camino pase por la puerta de sus urbanizaciones.

Pero también se trata de una nueva provocación y agresión a Santa Cruz. La ofensiva “judicial” masista no solamente recorta atribuciones departamentales, reduciendo aún más las competencias de un modelo autonómico que nunca se puso en marcha. En la práctica, el gobierno de Morales/Arce ha sido el gobierno más centralista del que se tenga memoria.

Esta agresión de terrorismo ambiental en contra de Santa Cruz, naturalmente terminará de consolidar el tema de la defensa del agua como una poderosa causa común regional, pero también podría (y debería) convertirse en una causa nacional que reactive y movilice a las fuerzas ciudadanas. A diferencia de la causa del Censo, que no cuajó en el resto del país por la sencilla razón de que terminaría recortando presupuesto y curules al resto de los departamentos, ésta debería ser una causa aglutinadora e integradora, surgida en Santa Cruz, y de alcance nacional.

Y es que esta agresión representa realmente la naturaleza depredadora del régimen. Esta aberración pinta de cuerpo entero a un gobierno cínico, hipócrita, impostor, que se llena la boca de versos pacahamamistas y que en la práctica ha demostrado sistemáticamente su talante extractivista. Siguiendo el ejemplo de sus socios/patrones chinos, los masistas nos han dejado claro una vez más que cuando se trata de negociados e intereses económicos, están dispuestos a cualquier cosa.

Pero se equivocan nuevamente al subestimar la capacidad de reacción de una ciudadanía cansada de abusos, que siempre ha sabido ponerles límites a los excesos.

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