Tiempo de tensión e incertidumbre
Luis Fernando Camacho Vaca pasó su tercera noche en Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad en La Paz. Aún está pendiente la apelación a la detención preventiva, pero nada bueno se puede esperar de la justicia boliviana claramente sumisa a las instrucciones del Gobierno del MAS.
En una audiencia virtual, con un juez que rechazó todos los recursos de la defensa y con acusadores sin rostro, porque ni siquiera habilitaron las cámaras de sus computadoras, Camacho escuchó la resolución judicial que, sin duda, marcará un giro trascendental en su vida y el futuro político del país.
Camacho está detenido por su participación y liderazgo asumidos en la crisis política de octubre y noviembre de 2019 que Luis Arce, Evo Morales y los dirigentes y militantes del MAS denominan como “golpe de Estado” y que el resto de la ciudadanía califica como “fraude electoral”.
En el llamado caso Golpe I se investigan, supuestamente, las circunstancias políticas que llevaron a Evo Morales a renunciar a la Presidencia del Estado. Básicamente, se trata de criminalizar la movilización ciudadana de los 21 días en Santa Cruz y en todo el país que se produjo a consecuencia de un oscuro manejo de las elecciones generales del 18 de octubre de 2019, irregularidades claramente identificadas en el Análisis de Integridad Electoral, realizado por expertos de la OEA que llegaron a Bolivia a pedido del propio Morales.
También se omiten dos antecedentes históricos fundamentales: 1) el referendo constitucional del 21 de febrero de 2016 en el que el soberano rechazó la intención de Evo Morales de postularse a la reelección tantas veces como quiera; y 2) el ominoso fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que, en noviembre de 2017, autorizó a Morales a presentarse a una nueva elección, en abierto desconocimiento de la Constitución y del referendo del 21F.
Sobre el fallo del Tribunal Constitucional, es preciso anotar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva 28/21, establece que “la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”. También conviene precisar que las opiniones consultivas de la Corte IDH tienen carácter vinculante para el Estado boliviano.
Entonces, es falso que Camacho tuvo la capacidad de movilizar a un país para sacar del poder a un ingenuo gobernante que fue víctima de una conspiración. Morales tiene responsabilidades en el origen y desenlace de los sucesos de 2019, pero goza de impunidad absoluta.
Ciertamente, jueces y fiscales que siguen órdenes políticas omitirán las circunstancias históricas de los hechos y es posible que se produzcan nuevas detenciones. Pero la verdad histórica de los hechos está en la memoria de cada ciudadano y ciudadana, esa vivencia no podrá ser cambiada por un relato judicial y menos por sentencias espurias.
La detención del gobernador de Santa Cruz genera un nuevo clima de tensión e incertidumbre. No será tan simple y sencillo imponer una historia y encarcelar a una autoridad democrática que ha sido detenida con saña y violencia.
Se ha cumplido un paro cívico y se vienen nuevas medidas de presión en defensa de Camacho y por un debido proceso al que tienen derecho todos los ciudadanos. Es tiempo de serenidad y templanza. La democracia se construye con rebeldía justa y fortaleza, pero sin vandalismo ni delincuencia. Se cierne un complicado 2023. Es tiempo de que Santa Cruz comience a edificar un nuevo destino.
