27 de enero de 2023, 4:00 AM
27 de enero de 2023, 4:00 AM


El artículo 161 de la Constitución Política del Estado norma que las Cámaras (de Senadores y de Diputados) se reunirán en Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer, entre otras, la función de autorizar el enjuiciamiento de los primeros mandatarios.

El artículo 184 asigna como atribución del Tribunal Supremo de Justicia juzgar, como tribunal colegiado en pleno y en única instancia, a los primeros mandatarios del país por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, previa autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por decisión de al menos dos tercios de los miembros presentes y a requerimiento fundado del fiscal General del Estado.

Más claro agua y así se debería proceder con la expresidenta Jeanine Áñez. Pero, la forma de actuar de las autoridades de gobierno devela que su interés no es procesar a la exmandataria, sino sancionarla, tenerla presa, utilizando todos los instrumentos a su alcance para humillarla, y, al hacerlo de forma tan aviesa, humillar a toda la población boliviana, aprovechándose de los damnificados a los que se dice defender.

Así, que un juez primero de instrucción en lo Penal de El Alto haya decidido declararse competente para juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta por el caso de Senkata ha satisfecho al ministro de ¿Justicia?, Iván Lima, quien, al celebrar esa decisión del juez, declaró que “lo que ha ocurrido me parece que es un hecho histórico”, anticipando que en unos tres meses podría iniciarse la causa, pese a que existe una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades ante la ALP.

Cual vocero del juez, el ministro Lima agregó que se “ha notificado al Tribunal Supremo para que le remita todos los antecedentes del proceso del juicio de responsabilidades que se tramitaba ante la Asamblea Legislativa” y que “por el momento, la decisión que debe cumplirse es que la exsenadora Áñez sea investigada en un proceso ordinario en la ciudad de El Alto y esperemos que, en los próximos meses, a más tardar tres meses, tengamos un juicio oral, público y contradictorio”.

Triste papel el que está cumpliendo este dignatario que cuando fue posesionado prometió trabajar para reformar la administración de justicia en el país. Muchos creíamos que era una promesa para sacar al Órgano de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura, así como el Ministerio Público, de la inobjetable crisis estructural que sufren y no, como está sucediendo, a hacernos retroceder a los tiempos en que la administración de justicia era un instrumento de venganza y a reponer el ojo por ojo y el diente por diente como su principio máximo, destrozando la aún débil estructura democrática de justicia que se trató de construir desde 1982.

Además, en el caso concreto de Senkata la historia se repite. En 2003, comenzó un juicio en contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por los enfrentamientos en El Alto y los hechos muestran que las víctimas directas de la violencia han sido, además, víctimas de abogados que aprovecharon la oportunidad para beneficiarse políticamente. El actual canciller, por ejemplo, adquirió notoriedad en este caso. Y ahora es el ministro de ¿Justicia? el que aparece en el escenario.
Qué diferencia con lo que pasó en los 80 en el país cuando siguiendo el ordenamiento jurídico se procesó al exgeneral Luis García Meza Tejada y sus colaboradores.

Durante todo el proceso los acusados gozaron de todos los beneficios que la ley otorga, de tal manera que la sentencia que finalmente se dictó fue respetada porque se la consideró un acto de justicia y se convirtió en un instrumento de pedagogía democrática.
Hoy solo se rezuma venganza y deseos atávicos de utilizar cualquier instrumento para gozar de las mieles del poder lo más que puedan…

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