Opinión

Toda o nada

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30 de agosto de 2021, 5:00 AM
30 de agosto de 2021, 5:00 AM

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no solo que no registra todos los hechos sucedidos, sino también pone el acento en determinados hechos y obvia otros. La investigación “abarca los principales hechos de violencia y de violaciones a derechos humanos acontecidos entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”. Y reconoce que “recorrió las ciudades de La Paz y El Alto, Cochabamba, Chapare, Santa Cruz, Montero, Potosí y Sucre”.

Sin embargo, el Informe no incluye los principales antecedentes políticos, ni tomó en cuenta a las instituciones representativas de la sociedad civil, que podían aportar elementos relevantes para el esclarecimiento y la búsqueda de la verdad histórica de los hechos. Aunque los expertos refieren (superficialmente) que existen las “narrativas sobre presuntos fraude electoral y golpe de Estado como elementos de contexto para la investigación de los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos”, el trabajo encargado “no incluye la evaluación sobre ambos eventos”, de modo que la investigación -al margen del contexto-, termina distorsionando la historia política reciente.

El irrespeto del referéndum de 21 de febrero de 2016, fue una de las causas de la resistencia soberana. Esta consulta quería saber si el pueblo estaba de acuerdo “con la reforma del artículo 168 para permitir que el Presidente o Presidenta y el Vicepresidente o Vicepresidenta (podían) ser reelectos por dos veces de manera continua…” y buscaba habilitar “la candidatura de los actuales mandatarios para el periodo 2020-2025”. 

El resultado fue un No, vinculante para los Órganos del Estado, porque nadie puede estar por encima de la voluntad del pueblo boliviano. Tampoco se puede desconocer la monstruosa sentencia constitucional 84/2017 de 28 de noviembre, que buscaba la relección indefinida de Evo Morales.

Pero el megafraude de octubre de 2019, desbordó la indignación que venía acumulándose desde el referéndum del 21 de febrero de 2016, de modo que el pueblo boliviano terminó demandando la nulidad de las elecciones generales. Ese megafraude, constituye uno de los mayores crímenes que se ha cometido en contra de la democracia, la institucionalidad y el Estado Constitucional de Derecho. Estos antecedentes, no tienen el acento ni el subrayado de los otros hechos, sucedidos como consecuencia de aquéllos.

Toda esta distorsión (deliberada o no), se evidencia cuando, además, sólo le dedican una hoja (fs. 27-28) a la presidencia de Jeanine Áñez. En efecto, el día “10 de noviembre (2019) se agudizaron las protestas de personas que defendían la relección del presidente Evo Morales, lo que generó reacciones de las personas organizadas en torno al paro cívico”. El documento establece que “el día 11 de noviembre, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas anunció que, ante la información de que la Policía había sido rebasada, el mando militar había dispuesto que se ejecuten operaciones conjuntas con la Policía”. Esa noche, tropas militares salieron a defender estructuras esenciales del Estado y a patrullar las calles, y “esas operaciones de seguridad interior resultaron en hechos de graves violaciones de los derechos humanos”.

Los Expertos sostienen que, no obstante, el 12 de noviembre de 2019 el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un “Comunicado” que entendía todavía aplicable con la vigencia de la Constitución de 2009 una Declaración Constitucional de 2001, en la cual decidió sobre sucesión presidencial en casos de vacancia”. Sin embargo lo que obvia el Informe de Expertos es que, entre las 16:50 de ese domingo, en que renuncia Evo Morales y sus inmediatos colaboradores, hasta las 18:51 del día martes 12 de noviembre, en que asume Jeanine Áñez Chávez, e ingresa al Palacio de Gobierno, nadie gobernó Bolivia.

Cabe una pregunta (entre varias) ¿Quién responderá por los hechos consumados mientras los renunciantes huían, y Jeanine Áñez Chávez asume la presidencia (previo acuerdo con la bancada del MAS) el día martes 12 de noviembre a horas 18:51 y se pone al frente de los que pedían “guerra civil” y buscaban ─violencia de por medio─ la defensa del gobierno fraudulento de Evo Morales y Álvaro García Linera? Todo se pudo evitar si respetaban el referéndum del 21 de febrero de 2016, ¿o no?

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