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28 de junio de 2023, 4:00 AM
28 de junio de 2023, 4:00 AM

Por Zulma López Álvarez, politóloga 


Síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral leve, parálisis cerebral grave, retraso mental, síndrome de Angelman, son algunas de las condiciones con las que nacieron nuestros hijos, beneficiarios del seguro de la Caja Petrolera de Santa Cruz (CPS), que desde hace más de 12 años reciben terapias de rehabilitación especializada, gracias a la cobertura de este seguro, a través de la tercerización del servicio, tal como lo indica el Código del Seguro Social. 

Cada una de estas condiciones es diagnosticada por los especialistas de la CPS, nuestros hijos pasan por revisión y evaluación con el fisioterapeuta, sicólogo, fonoaudiólogo y neuropediatra; éste último elabora un informe final determinando la condición del niño (la discapacidad que tiene), las terapias que debe recibir y, finalmente, solicita la compra de ese servicio a la CPS.

La comisión de prestaciones, un grupo de profesionales especialistas, aprueba finalmente la compra del servicio, ya que la CPS no cuenta con las condiciones. Para ello se requiere de profesionales especializados, el ambiente adecuado, los materiales y herramientas de trabajo adecuadas y sólo para nuestros niños (ya que somos más de 90 familias con niños que tienen alguna discapacidad), los mismos que la CPS no pudo habilitar en los últimos 12 años.

Gracias a esa cobertura, nuestros hijos eran atendidos en centros especializados y bajo programa elaborado de acuerdo a un diagnóstico previo, no sólo el que realiza la CPS; los terapeutas de los centros nos presentaban una evaluación al final del semestre indicando los logros alcanzados por el niño, qué acciones deben reprogramarse si no se lograron, qué trabajaron en cada sesión e indicaciones de cómo los padres podemos reforzar en casa; esto cada seis meses, además de un programa elaborado, según la condición del paciente.

Los últimos cuatro años la CPS ha realizado todos los esfuerzos por quitar esta cobertura a los niños, además de no informar a los asegurados acerca de esta cobertura del seguro; los padres nos informamos al respecto al ver las manifestaciones realizadas por los padres afuera del edificio de administración de la CPS en la calle España.

Entre las acciones realizada por la CPS para quitar el servicio citamos: visitas a cada casa para evaluar in situ al niño, no sé para qué o qué pensaban encontrar; después, retrasando el inicio de las terapias al inicio de cada gestión, mismas que deben comenzar en enero de cada año y por decisión de ellos, comenzaban en marzo; después retrasaban las firmas de los convenios con los centros, ya que, sin convenios, los centros no prestaban el servicio por temor al no pago de los mismos; posteriormente la comisión de prestaciones “decide” que le prestaran el servicio de las terapias de rehabilitación especializada sólo a los niños que tengan los siete años cumplidos, esto lo indicó una médico especialista en medicina laboral (tenemos las grabaciones de esa reunión). Cuando la increpamos para que indique en qué se basaba para tal barbaridad, respondió señalando que eso indicaba ¡la literatura médica!

Obviamente, no dejamos que eso ocurra, ya que un niño que cumple 7 años y un día no queda restablecido de su discapacidad; en muchos casos, como el mío, recién empiezan a verse los resultados a esa edad.

Un niño que nace con alguna discapacidad no es que al recibir las terapias se restablecerá por completo y tendrá una vida “normal,” porque la discapacidad no es una enfermedad, pero sí debe ser diagnosticada de manera oportuna para que reciba las terapias adecuadas de acuerdo a su condición. Los padres queremos la autonomía de los niños en la medida de lo posible, para lo que estos deben recibir las terapias adecuadas a su desarrollo, a fin de que sean incluidos en la sociedad.

Nuestros niños mientras más estimulados estén y hayan sido atendidos de manera oportuna con las terapias, tendrán más posibilidades de ser aceptados en el sistema educativo.

Este año 2023, casi terminando el mes de junio, la CPS no ha iniciado las terapias para nuestros hijos, no ha firmado los convenios con los centros, no informa de manera oficial nada. En el mes de febrero los cuatro especialistas realizaron las evaluaciones y a la fecha no tenemos noticias al respecto. No responden a cartas ni a manifestaciones públicas de los padres, ¿o quizás nos equivocamos de método y deberíamos bloquear las calles del centro de la ciudad, impedir la atención médica a los enfermos que buscan ser atendidos por ese seguro?

Agotamos todas las instancias que la Ley nos otorga en un Estado de derecho….entre ellas la Asuss, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social a corto plazo y nada, ni nos respondieron la denuncia, sin contar los maltratos verbales del que son objeto los padres cuando van a preguntar por las terapias, de parte de trabajadores administrativos y de Trabajo Social a quienes les pagan su salario (excelentes salarios) gracias a los aportes de las empresas donde trabajamos.

Ojalá no tenga razón una funcionaria de Trabajo Social de la CPS cuando le dijo a las madres que fueron a reclamar por el servicio de las terapias de rehabilitación: “…. aunque se pongan de cabeza y hagan lo que hagan, no se les va dar las terapias”, o “…es responsabilidad de Uds. como madres atender a sus hijos, háganles Uds. las terapias, ya deberían saber”.

Hoy agotamos nuestro último recurso, nuestra última carta, lo último que la Constitución Política del Estado (CPE) nos otorga cuando nuestros derechos son vulnerados, más aún el de nuestros hijos, niños y adolescentes con discapacidad que deben ser protegidos por el Estado, hoy demandamos justicia y reclamamos al Estado que cumpla sus funciones y proteja los derechos de un grupo doblemente vulnerable, tal como lo señalan los Arts. 62,64,70,71 y 72 de la CPE.

¿Quién decide en la CPS acerca de la cobertura de los servicios? ¿Se decide en Santa Cruz, se decide en La Paz? ¿Dónde está el presupuesto destinado a este servicio?; ¿Quién fiscaliza a la CPS?; ¿las empresas que aportan a la CPS mes a mes para la atención de los trabajadores y sus familias, toman alguna decisión al respecto? ¿Quién nombra al director nacional y al director regional de la CPS?

Los padres de niños con discapacidad, beneficiarios del seguro de la CPS, hemos demandado a través de una Acción de Amparo Constitucional para que se restablezcan los derechos de nuestros hijos y el 27 de junio es la audiencia, en la que se definirá si se cumple o no la CPE o las amenazas de funcionarios administrativos de la CPS

¡Yo todavía creo en la justicia!

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