Todo lo envilecen

Karen Longaric

Las prácticas de los socialistas del siglo XXI están claramente reñidas con la legalidad, la legitimidad y la institucionalidad, basta ver lo que ha pasado y está pasando en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. Estos regímenes inicialmente accedieron al poder por la vía democrática (exceptuando Cuba), pero para perpetuarse en sus respectivos gobiernos trasgredieron gradualmente las reglas democráticas hasta quebrantar completamente el estado de derecho. Para esos efectos cooptaron el poder judicial de sus países, resultando ser éste, el instrumento más efectivo para intimidar, doblegar o perseguir y exiliar a sus oponentes políticos. Han destruido la economía de sus países, la institucionalidad, la cohesión social, los valores, la noción de patria y de nación para reemplazarlos con la mentira, la impostura y la corrupción generalizada. Los socialistas del siglo XXI han envilecido todo.

Pero no solo han trastocado la gobernanza interna, sino que a nivel internacional han cooptado algunos organismos internacionales, particularmente los del área de los derechos humanos y han armado una estructura internacional que hasta hace poco les generaba simpatía y apoyo internacional, hasta que la decadencia y la pobreza que afecta a sus países los ha puesto bajo el escrutinio de la comunidad internacional, aún tolerante o indiferente.

Para urdir su proyecto, los socialistas del siglo XXI crearon ineficientes organismos regionales de integración, como la UNASUR, la ALBA y la CELAC, pretendiendo con ellos sustituir a los ya existentes. Impulsaron la creación de la UNASUR, diseñada para para promover la integración energética estimulando la comercialización del petróleo venezolano a través de oleoductos que debían surcar toda América del Sur con la construcción de infraestructura y vías de transporte terrestre ejecutadas por grandes empresas constructoras. El proyecto en sí era loable, pero requería de capacidad, esfuerzo y compromiso sostenible; exigencias que los socialistas del siglo XXI no estaban dispuestos a ofrendar. Entonces se impuso la impostura y la UNASUR se convirtió en un foro político alimentado por la abundante retórica ideológica de la diplomacia presidencialista con el objetivo de fortalecer las alianzas entre sus líderes; allí se canalizó todo el presupuesto recaudado con las cuotas de los países miembros.

Bolivia realizó una inversión muy grande con la construcción del edificio para el Parlamento de UNASUR, sin que exista un Acuerdo de Sede, sin que se hubiese firmado el Protocolo Adicional para el funcionamiento del Parlamento y sin que ningún país miembro hubiese elegido parlamentarios para dicho foro. Hasta noviembre de 2019 el edificio no había sido habitado y estaba en franco deterioro.

Al no haberse cumplido los objetivos trazados inicialmente por la UNASUR, en diciembre de 2019, la cancillería a mi cargo comunicó formalmente el retiro de Bolivia de dicho organismo, sin embargo, la denuncia del Tratado no prosperó porque la Asamblea Legislativa con mayoría parlamentaria del MAS, rechazó el Proyecto de Ley de Denuncia. Para ese entonces ocho países ya se habían retirado de la UNASUR y solo quedaban Venezuela, Guyana, Surinam y Bolivia que costeaba la burocracia de un organismo inoperante.

La ALBA carece de un tratado constitutivo que sea su base jurídica y carece de una estructura orgánica institucional permanente; por lo tanto, únicamente, se constituye como un foro político ad hoc que sirve como paraguas para promover la expansión del proyecto del socialismo del siglo XXI. Por tal motivo, en noviembre de 2019 también comunicamos el retiro de Bolivia de la ALBA por ser improductivo para los intereses del país.

Aún sin tener existencia jurídica clara, sus líderes tratan de revitalizar a la ALBA pretendiendo emular a la OTAN, en una total falta de criterio y seriedad.

La CELAC es otro foro político que carece de estructuras permanentes y se rige por una presidencia pro tempore, fue organizado bajo el liderazgo de México y Venezuela con la idea de recrear la Organización de Estados Americanos, excluyendo a Estados Unidos y Canadá. Esta idea inicial de sustituir a la OEA con la CELAC fue absolutamente surrealista al desconocer la naturaleza jurídica, la solidez y la historia de la OEA, cuyo origen se remonta a 1889 y que más allá de sus debilidades, tiene una rica institucionalidad, tiene historia y cohesiona al continente.

Es evidente que las políticas regionales del socialismo del siglo XXI, lejos de promover y fortalecer la integración de América y el Caribe, han desnaturalizado las ideas integracionistas promovidas por nuestros libertadores. En este contexto es oportuno mencionar la reciente agresión infligida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), importante órgano del Sistema Andino de Integración (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) con sede en Ecuador, el cual hasta noviembre de 2023 había mostrado una incólume y encomiable institucionalidad. Efectivamente el TJCA desde su creación estuvo integrado por notables jurisconsultos de los países miembros de la CAN, probos, expertos en derecho comunitario, con experiencia y trayectoria en las altas magistraturas de sus países de origen y/o académicos de renombre en el área de la integración.

En enero de 2020 el especialista en integración andina Gustavo García Brito asumió la magistratura en el TJCA cubriendo la vacancia dejada por la magistrada boliviana Cecilia Luisa Ayllón que había concluido su segundo mandato. La postulación del Dr. García Brito fue respaldada por su antecesora la Dra. Ayllón, por expresidentes del TJCA y por magistrados que avalaron su vasto conocimiento y experiencia al haber ejercido como secretario general del TJCA durante 7 años. También acreditaron su probidad y sapiencia instituciones académicas de renombre como la Universidad Andina Simón Bolívar-CAN, la Universidad de San Andrés, San Francisco Javier de Chuquisaca y universidades de la región en las que García Brito había impartido clases por muchos años. Con estos méritos y avales, la cancillería boliviana a mi cargo presentó la postulación de García Brito, quien fue elegido Magistrado en la reunión de Representantes Plenipotenciarios de la CAN, conforme establece el procedimiento del TJCA.

Con el nuevo gobierno, el exministro Rogelio Mayta había puesto sus ojos en la magistratura andina y como el espacio correspondiente a Bolivia estaba ocupado por García Brito con sobradas credenciales, Rogelio Mayta me inició, como excanciller, un proceso penal por el delito de nombramientos ilegales, y contra el Magistrado García Brito por el delito de usurpación de funciones. En ese proceso amañado con la Fiscalía expidieron mandamiento de apremio contra García Brito amedrentándolo hasta hacerlo renunciar a la magistratura para dejarle el espacio libre a Rogelio Mayta. El 12 de octubre de 2023 la Reunión de Plenipotenciarios de la CAN aceptó la renuncia de Garcia Brito y el mismo día designó a Mayta en su reemplazo.

No sorprende la infame actitud del verdadero usurpador de funciones, ni la connivencia del fiscal del caso, acostumbrados a ese proceder. Lo reprochable fue la sumisión exhibida por los países andinos ante tan grotesca maniobra que agredió severamente al Tribunal de Justicia de la CAN. ¡Realmente lo envilecen todo!