Trabajadores piden presencia en el directorio de la Gestora Pública

El conflicto por la administración de la Gestora Pública de la Seguridad Social pone en apuros al Gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Tres sectores han expresado abiertamente su desconfianza en la nueva entidad estatal que, desde el próximo año, manejará los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP). Los mineros y fabriles exigen que los trabajadores sean parte del directorio de la institución mientras que el Magisterio pide que dicho ente público sea administrado en su totalidad por los aportantes.

Los sectores afirman que el Estado es un mal administrador de los recursos públicos.

Según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) el valor de mercado de los aportes de los asegurados llega a $us 23.240 millones. Estos recursos serán administrados desde mayo de 2023 por la Gestora.
De esta cantidad, $us 10.879 millones están en manos de la AFP Futuro, mientras que otros $us 12.361 son gestionados por BBVA, según las cifras oficiales manejadas por la APS.

“Vemos y consideramos que los trabajadores debemos se parte de un directorio. Tiene que haber una fiscalización de parte de los aportantes, es la propuesta que tenemos. Además, hemos planteado un aporte tripartito para mejorar las condiciones de las jubilaciones, de acuerdo a las necesidades de la canasta familiar”, señaló Américo Flores, secretario ejecutivo de los fabriles.

La respuesta del nivel central fue clara. Están dispuestos a una mayor fiscalización por parte de los beneficiarios, ya que esta figura está establecida en la propia Ley de Pensiones. Sobre la participación de los trabajadores en la administración del nuevo ente estatal indicaron que las normas establecen que para acceder a un puesto deben cumplir una serie de requisitos como tener título universitario, ser boliviano de origen y sobre todo tener una experiencia de al menos 10 años en el tema de pensiones.

Movilización

Desde hace varios días, el sector Magisterio comenzó a movilizarse exigiendo que los aportantes sean los que administren los recursos que tendrá bajo su control la Gestora Pública.

A la protesta de los docentes también se sumaron los mineros de Huanuni que añadieron esta demanda a su pliego de peticiones.
Inicialmente los mineros exigieron la abrogación del Decreto Supremo Nº 4783 que ordena las empresas mineras del Estado dar parte de sus recursos al Tesoro General de la Nación (TGN).
Pero una vez iniciada su movilización, que derivó a la toma del edificio de la Central Obrera Boliviana (COB), se plegaron a la demanda iniciada por el Magisterio.

“Tiene antecedentes el Estado de no ser buen administrador. Ahí está el tema de la compensación de cotizaciones, de la generación sándwich. El antiguo sistema de reparto lo administraba el Gobierno, que terminó quebrando el sistema, por eso existen personas con Bs 500 y hasta Bs 800, con renta de jubilación”, señaló.

El dirigente dijo que ante estos bajos ingresos es necesario que exista más presencia de los trabajadores en esta entidad pública.
“No nos sirve solo hacer el control social, eso es externo. Necesitamos trabajadores que sean directores que pueden ser parte de la toma de decisiones. Queremos saber qué hacen con nuestros aportes, si invierten o prestan y cuáles son las utilidades”, sostuvo. 

Para el dirigente existen muchas dudas en los trabajadores sobre el uso que se darán a sus recursos que incluso fueron planteadas a los técnicos del Gobierno y que hasta “ahora no nos han podido explicar”. “Estamos pidiendo algo legítimo, si aportamos, por qué no podemos pedir administrar nuestro dinero”, señaló el dirigente minero.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederación del Magisterio Urbano de Bolivia, Ludwig Salazar, señaló que es necesario que la Gestora no esté en manos del Gobierno sino de los que “están aportando a ella”.

“Hay una trampa, el Gobierno declara como empresa estratégica a esta entidad y cuando quiera podrá usar los recursos para pagar cualquier bono u otra cosa”, señaló. 

El dirigente sostuvo que si no hay una respuesta desde la próxima semana se realizarán nuevas medidas de presión. En ese sentido, pidió a todos los sectores unirse a ellos para establecer un bloque sólido y que el Gobierno pueda escuchar sus demandas
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Abiertos al diálogo

Mientras tanto desde el Poder Ejecutivo se mostraron abiertos al diálogo con los sectores. El gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, dijo que están dispuestos a atender a los sectores. Además, aclaró que los recursos están completamente seguros porque están resguardados por la Ley 065 (Ley de Pensiones).

El funcionario estatal precisó que esta norma declara a los más de $us 23.240 millones de los recursos del SIP como patrimonio autónomo; es decir, que no pueden ser usados para otros fines y que no se mezclan con los recursos que tiene la Gestora.

“La ley expresa que estos recursos deben ser invertidos en títulos valores, autorizadas por las autoridades de regulación para que se emitan dentro de la Bolsa Boliviana de Valores (BBV)”, dijo.
Durán detalló que estos títulos valores pueden ser Depósitos a Plazo Fijo (DPF), bonos de sociedades o empresas, o bonos estatales correspondientes; por ejemplo, a los sectores productivos y servicios.

“La idea, según la ley, es que todos estos recursos se inviertan en títulos que tengas buenas calificaciones que garanticen el pago de la mayor rentabilidad posible y que de esta manera se puedan aumentar los fondos”, dijo.

El funcionario sostuvo que incluso cuando la Gestora tome por completo la administración de los recursos del SIP se podrá garantizar una rentabilidad mínima del 4% para los aportantes debido a que ya no se pagarán las comisiones que actualmente debita el Estado a favor de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que operan desde 1997.

Cabe recordar que actualmente la entidad pública solo registra a los nuevos aportantes y que está en un proceso de migración de datos que deben ser entregados por la AFP Futuro y BBV Previsión. Este proceso tiene un avance del 40% y se prevé que el trabajo concluya en mayo de 2023.

Incluso sostuvo que otro de los candados que protegen a estos recursos es la constante fiscalización que de forma permanente realiza la Autoridad de Supervisión de Pensiones y Seguros (APS). 

“Otro tercer elemento es la auditoría externa que se realiza de los fondos. Y un cuarto candado es el control social”, dijo.
Sobre el pedido de aporte tripartito (Estado- trabajadores –empleadores), planteado por el sector fabril, Durán sostuvo que el Estado ya aporta al Sistema de Pensiones con más de Bs 8.000 para el pago de pensiones de las personas que estaban registradas en el antiguo Sistema de Reparto.

El economista Gonzalo Chávez advierte que la Gestora será un monopolio público cuyo principal deudor es el Estado. “El grueso de la deuda interna es con nosotros, los prestatarios”, dijo.