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La situación en San Ignacio de Velasco es más grave de lo que dicen las notas de prensa de distintas entidades del Estado.

EL DEBER se trasladó hasta ese municipio para verificar las denuncias de avasallamientos y desmontes ilegales y, a través de recorridos terrestres y aéreos por sobrevuelo en avioneta, además de visualización por dron, encontró casi una decena de senderos y brechas desmontados, ‘mojoneados’ y asignados con letreros a comunidades a ser conformadas en esos lugares, como Satélite, Monte Grande, Los Cedros, y otras sin nombre. Todas dentro del área protegida (AP) Bajo Paraguá.

Estos puntos se encuentran a lo largo del camino entre Santa Rosa de la Roca y Piso Firme; específicamente, ni bien se pasa la población Nueva Esperanza, colindante con el AP y donde predominan las comunidades interculturales.

El último informe de la Autoridad de Fiscalización de Bosque y Tierra (ABT) sobre la denuncia realizada por el alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, dice que solo se encontró un campamento “improvisado, pequeño y abandonado, y una brecha con árboles caídos recientemente, con dimensiones de 1.200 metros de largo por 12 metros de ancho”.

Sin embargo, el mayor de los desmontes encontrado por EL DEBER se adentró, con ayuda de maquinaria, varios kilómetros en las entrañas de este territorio.

Del mismo modo, Salces lamentó que la ABT sugiriera retirar la denuncia por avasallamiento, al no encontrarse a personas en el lugar.

“Se hizo una inspección, resulta que hacemos una demanda por avasallamiento y nos sugieren que no la hagamos por esa figura porque no pillamos a nadie, pero la ABT y el INRA nos dicen que es desmonte ilegal. ¿Se dan cuenta de la complicidad? No sé cómo trabajan el INRA y la ABT, estos desmontes de los últimos años son responsabilidad de la instancia central”, acusó el edil.

EL DEBER consultó al personal de comunicación de la ABT sobre nuevos informes del desmonte en Bajo Paraguá, a lo que respondieron que la recomendación de los técnicos es seguir investigando hasta dar con los autores.

Salces lamentó que instituciones como la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (Acisiv) y la Central Indígena del Bajo Paraguá (Cibapa) guarden silencio desde hace mucho tiempo, ya que la problemática de la tierra no es cosa nueva.

“Por eso creamos áreas protegidas, la última fue donde la gente se ha asentado”, indicó aludiendo al AP Bajo Paraguá, creada por Ley Autonómica 469, el 28 de enero de este año. “Esta gente no respeta y tiene el aval del Gobierno”, aseveró.

El alcalde aseguró que no sabe quiénes son los avasalladores, pero que se trata de gente con vehículos de lujo, a los que llamó “traficantes de la tierra” en la denuncia inicial. “Parecería que se trata de gente de San Julián y del Chapare”, dijo esta vez.

A la pregunta de EL DEBER sobre si los avasallamientos se coordinan desde las comunidades de la zona, como denunciaron varias autoridades indígenas nativas y expertos en temas ambientales, dijo que lo desconoce.

Específicamente, los chiquitanos apuntaron a Chirimoya, una comunidad intercultural que se encuentra en el distrito 8 de San Ignacio de Velasco.

En busca de una aclaración, EL DEBER solicitó hablar con el dirigente del lugar, Efraín Valle, que reunió a su directiva, pero que finalmente se negó a dar una respuesta, argumentando que se llegó de sorpresa. “Respondemos a una estructura orgánica”, dijo, pero no quiso dar nombre de la persona indicada.

Antes de que el equipo de prensa se marche del lugar, Valle fotografió el rostro de cada uno y también la placa del vehículo alquilado por EL DEBER.

Según la dirigencia, desconfían de quien llegue, debido a una serie de situaciones de “discriminación”, una de ellas es la del desalojo al que fueron sometidos cuando recién se instalaron en la zona, y a gente que ha ido a investigarlos.

Según Arminda Gómez, cívica de San José de Campamento, a Pedro Marmaña, cacique de Colorado, y al cabildo de Campamento, al que EL DEBER encontró reunido, el recelo de los chiquitanos empezó cuando se quitaron casi 5.000 hectáreas a tres comunidades nativas de San Ignacio, creadas hace casi un siglo, dejándoles solo 24.000 hectáreas, mientras que a Chirimoya se le entregaron 42.000 ha, que junto a otras dos sumaron más de 100.000 hectáreas.

“Cuando llegaron los de Chirimoya eran 100 personas, y les dieron las 42.000 ha. A tres meses de llegar ellos tenían títulos, nosotros tuvimos que hacer un bloqueo para que nos entreguen, y llegaron con casi 5.000 ha menos”, indicó Gómez.

Según Salces, el año pasado se intentó hacer lo mismo con Santa Ana, pero no lo permitieron. “Querían quitar 2.000 hectáreas”, informó.

Salces reconoció que en la zona hay presencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de los Sin Tierra, pero esta última ha empezado a desaparecer porque el Gobierno dio más poder a la CSUTB.

Los que llegan son comerciantes de tierra, gente que hizo lo mismo en San Julián y Cuatro Cañadas, engañan a la gente, la traen y le venden parcelas”, explicó. El tráfico de la tierra ha llegado a tal extremo, que según Salces incluso han querido organizar comunidades con nativos chiquitanos, exigiéndoles usar el nombre de interculturales. “Quieren robar la identidad a la gente, si no hacen eso no corre el trámite allá en la sede de Gobierno”, dijo.

Menos recursos

Los entrevistados coincidieron en que el problema se inició a partir de 2006, cuando el Movimiento al Socialismo entró al poder.

“En la época de Evo Morales ellos ya estaban con los ojos abiertos de que esas tierras son altamente productivas. Ahí es donde está la mayor cantidad de tierra fiscal del país, son miles de hectáreas”, argumentó Salces.

El alcalde reconoció que, a pesar del aumento vertiginoso de las comunidades en los últimos años, los recursos provenientes de la instancia nacional disminuyeron. “En los últimos años, el presupuesto de San Ignacio de Velasco se ha reducido en Bs 20 millones”, informó, aunque aclaró que el Municipio ha conseguido recursos de parte de los organismos internacionales.

Gómez explicó que con la falta de recursos se han perdido varios logros, como el ítem de la Defensoría de la Niñez, y que desde hace ocho años los policías se retiraron de San José de Campamento, justo cuando la zona recibe a más gente. “Hasta nos ha tocado ir a recoger muertos. No somos sonsos, no es un secreto el problema del narcotráfico y sabemos que por la zona se ventila cosa buena; escuchamos las avionetas, hace poco cayó una con estupefacientes, lo sabemos porque un brasileño tuvo que ser atendido en la posta”, dijo Gómez, casi el mismo día que una persona fue abatida a balazos en el municipio ignaciano.

Otra problemática

Actualmente, los desmontes en el área protegida no son la única complicación que atraviesa San Ignacio.

Maida Peña, cacique de Porvenir, una de las comunidades de la TCO Bajo Paragua, zona de amortiguación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado, informó que tuvieron que desalojar a medio centenar de personas que se acercaban.

EL DEBER también se trasladó hasta el campamento de guardaparques de la comunidad Florida, donde solo había un cuidante, imposibilitado de patrullar por falta de una lancha.

Otro problema es la escasez del agua, que está afectando a toda la provincia. Ya se siente hasta en la TCO Bajo Paraguá. “Ya no nos bañamos en el río como antes porque el agua está negra, usamos el agua de la bomba”, explicó Manuel Lino, habitante del lugar.

Como consecuencia, la pesca también ha sido afectada. Marmaña dijo que, al menos en Colorado, donde es autoridad, hay hasta 70% menos de peces.

En su recorrido por al menos de una decena de comunidades del municipio ignaciano, EL DEBER constató que se multiplican desmontes de enorme magnitud, a la par de los cultivos de la soya, contrariamente a lo establecido por el Plan de Uso de Suelo (PLUS) de la zona.

Los interculturales y (hacendados) brasileños tienen autorizaciones para los desmontes que les dé la gana, sin embargo el uso de suelo de San Ignacio es de esencia forestal. Por esa razón pedí a la Brigada Parlamentaria Cruceña que haga una representación”, dijo.

Paralelamente, el entorno del viejo aeropuerto se encuentra loteado y “bloquean la ampliación de la mancha urbana desde hace cuatro años”, dijo Salces.

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