Tragedias y farsas

Es forzoso reconocer que los personajes que copan la escena política boliviana sobrepasan cualquier marca previa, por su capacidad de permanecer impermeables a las necesidades y expectativas de la sociedad, enfrascados como están, a tiempo completo, en desplegar el actual y preparar el siguiente episodio de su espectáculo.

La mezquindad de sus acciones resalta cuando se tiene como cuadro de fondo el inmenso dolor que acarrea el momento actual de la confrontación entre palestinos e israelís. La sanguinaria e indiscriminada matanza y secuestros de Hamas, evocan irrevocablemente una triste sombra de la anunciada “madre de las batallas” que prometía Saddam Hussein cuando inició su invasión de Kuwait, para terminar sus días, escondido como fiera herida.

La respuesta de Netanyahu, encañonando, mientras los bombardea y acosa, a más de un millón de habitantes de la franja de Gaza, estremece de espanto a gran parte del mundo. Extrema así el dolor cotidiano que padecen desde hace años, cercados por el hambre, la escasez absoluta de los bienes básicos y el terror frente a las represalias.  Hamas no ha vacilado en hacer empujar a los gazatíes a un holocausto, demasiado parecido al que padecieron los judíos.

En contraste, la sangre no ha llegado al río en la pelea masista, pero las injurias y acusaciones que intercambian alegremente bien podría servir a los fiscales para encarcelar a unos cuantos, si es que utilizaran la prisión preventiva con tanta prodigalidad como cuando toca emplearla para acosar a los opositores y críticos del régimen.

Su cautela parece justificarse por el hecho de que su poderoso olfato para alinearse con los ganadores, exactamente igual que los jueces, todavía no acierta a decidir cuál de los bandos podrá ser el que gane. Por ahora lleva la delantera el sector que maneja las palancas del poder público, pero esa ventaja depende, en exceso, de las complicadas y dudosas acrobacias con que se está frenando las consecuencias de la debilidad económica.

Un tropiezo mayor en esta área puede llevar a un vuelco de la balanza porque, finalmente, los cargos que levanta el Sr. Morales Ayma en contra de su pupilo Arce C., son tan grandes que, en teoría, pueden costarle el cargo. Claro que, tanto el ex como el actual presidente, tropiezan con el problema de haber actuado conjunta y mancomunadamente en el pasado cercano.

Resulta así que cualquier acusación sobre el manejo presente del litio tiene como inmediato antecedente la dilapidación de unos mil millones de dólares en la planta y contratos de la época de Morales Ayma, igual que el ruinoso convenio que firmó en 2019 con ACI, la firma alemana, que iba a experimentar una tecnología de fundición, ajena y desconocida por la misma compañía, a cambio de recibir, prácticamente como regalo y “basura” los concentrados de litio.

Morales prefiere omitir esta cuestión, igual que su irresponsable respuesta cuando se quemaron cinco millones de hectáreas, también en 2019, que estuvieron en la base de su caída y fuga, antes de que la paciencia rebalsara por su manipulación de los fallos constitucionales, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los resultados electorales para forzar su permanencia en el cargo.

En otro campo, el fácil juicio con que Arce Catacora terminaría condenado y destituido, si fuera sometido a juicio de responsabilidad por el gran desfalco del Fondo Campesino, cuando el presidía su directorio, está bloqueado, porque Morales nombró a los beneficiarios de las transferencias de fondos a sus cuentas personales, afirmando, con el vice García L., que allá solo había, si es que la había, un caso de “microcorrupción”. Sabemos que estos son apenas dos muestras de una lista excesivamente larga.

Límites tan estrechos, en la descomunal disputa de insultos y descalificaciones son los que proporcionan cierta tranquilidad a los gobernantes y mantienen a fiscales y jueces a raya, a la espera de novedades.

No habrá ningún cambio en el espacio de frenar la impunidad, por acción de cualquiera de los bandos en disputa, ni de los opositores tampoco. El primer paso en esa dirección es el reclamo de que los miembros de la cabeza del Poder Judicial, empezando con los del TCP, tienen que irse a fin de año, sin prórrogas ni interinatos. Esa responsabilidad y obligación queda en manos de la sociedad.