19 de abril de 2023, 4:00 AM
19 de abril de 2023, 4:00 AM


En la doctrina procesal la palabra “excepción”, según Hugo Alsina, tiene tres acepciones: “En un sentido amplio define toda defensa que se opone a la acción. En un sentido restringido, comprende toda la defensa fundada en un hecho impeditivo o extintivo. 

En un sentido estricto es la defensa fundada en un hecho impeditivo o extinitivo que el juez puede tomar en cuenta únicamente cuando el demandado lo invoca”. Por su parte Manzini considera que la “prescripción” como tal, “no representa otra cosa que el reconocimiento de un hecho jurídico dado por un hecho natural, esto es, el transcurso del tiempo”, para otros autores “si se trata de la acción penal, resulta contrario al interés social mantener indefinidamente viva la imputación delictuosa; a que las pruebas se debilitan en el tiempo; a que la sustracción de la justicia; y a que el daño mediato y la razón de política de la pena pierden vigor”.

El Código de Procedimiento Penal Boliviano reconoce dos institutos jurídicos procesales: “Prescripción de la Acción Penal y Duración Máxima del Proceso”, como causales de extinción de la acción penal, en el artículo 27 Num. 8) y 10), el primero vinculado a razones de orden doctrinal y político criminal, a la propia constitución al consagrar derechos: A la Defensa y por ende al Debido Proceso; y el segundo vinculado a un proceso sin dilaciones indebidas o el derecho a un plazo razonable. A su vez el art. 308 núm. 4 del CPP, establece que las partes podrán oponerse a la acción penal, mediante la extinción de la acción penal según lo establecido en los arts. 27 y 28 de la supra citada norma.

El art. 12 de la Ley 1173 modificó el art. 314.III del C.P.P., en los siguientes términos: “Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código”. Dicho artículo, si es interpretado de manera aislada, daría a entender que en etapa de recursos no podría oponerse la excepción de prescripción. Ahí surge la interrogante ¿qué ocurre cuando cabalmente se cumple el término de tiempo en aquella etapa y si resulta justo el no tramitar vía incidental una excepción de aquella naturaleza?

A efectos de realizar una debida interpretación constitucional de la tramitación de esta excepción, es necesario considerar lo establecido en los artículos 115.II, 117.I y 119.I de la Constitución Política del Estado que reconocen los Derechos a la Defensa, Debido Proceso, y Justicia Sin Dilaciones; por su parte, los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana reconocen los derechos que tienen toda persona detenida, retenida o acusada del la comisión de un delito, a ser puesta inmediatamente a disposición de la autoridad competente para ejercer funciones judiciales y ser oída, juzgada por juez independiente e imparcial, con las debidas garantías, en un plazo razonable.

Asimismo, el art. 5 del CPP establece que se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados Internacionales vigentes y este Código le reconozcan, desde el primer acto del proceso hasta su finalización. A su vez, el art. 6 del CPP precisa que todo imputado será considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada. 

La excepción de prescripción puede ser planteada y resuelta durante la etapa preparatoria e incluso en etapas preliminares del juicio oral; empero, no es menos evidente que la norma procesal, primariamente reconoce el ejercicio amplio del Derecho a la Defensa, la Seguridad Jurídica como vertiente del Debido Proceso, en todas las etapas que la acción penal atraviese, desde su inicio hasta su conclusión (con sentencia ejecutoriada).

En contrario sensu, las opiniones dominantes acerca de los alcances prácticos de estos derechos fundamentales no han sido reconocidos en la práctica procesal, habida cuenta que su consideración y estudio no están permitidos a partir de una insustancial interpretación de las reglas de procedimiento, pues al tratarse de una cuestión que surge precisamente en el tiempo, es de esperar que su tramitación no necesariamente responda a la tramitación de una u otra etapa procesal.

Al efecto, los miembros de anteriores Salas Penales del Tribunal Supremo de Justicia en una interpretación restrictiva, consideraban que la modificación del art. 314 por parte de la Ley 1173, no otorgaba la oportunidad de que la excepción de prescripción sea tramitada en sede casacional, por lo que su planteamiento era rechazado.
Siendo importante recordar que el sistema constitucional boliviano asume el modelo de Estado de derecho moderno, que a criterio de Luigi Ferrajoli, “es garantista frente al ciudadano y el equilibrio de los poderes públicos se sustentó en la primacía constitucional frente al poder político; cuya sustancia de la democracia constitucional-el pacto de convivencia basado en la igualdad en droits, el Estado social, más que liberal, de derecho garantizada por las constituciones”. 

El Estado constitucional presume que la Constitución es el instrumento máximo para justificar la actuación de los órganos públicos. El exmagistrado del TCFA Ernst Bockenforde consideró que “en el concepto del Estado de derecho está incorporado un contenido de la teoría constitucional que (…) nunca llega a desaparecer ( …) tal contenido es la referencia a la garantía personal y a la limitación del poder”.

Recordemos que nos encontramos en un “Estado Constitucional de Derecho”, cuya precisión establecida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0112/2012 de 27 de abril, es necesaria tener presente: “Se alude a aquel modelo de Estado que se caracteriza por la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, a partir de la norma base (la Constitución), en la que se fundamenta todo el sistema (…) la Constitución es el instrumento jurídico fundamental del país (parámetro normativo superior que decide la validez de las demás normas jurídicas). De ahí que sus normas, valores y principios, constituyen el marco general básico del que se deriva y fundamenta el resto del ordenamiento jurídico”.

Debe tenerse presente que la directa aplicación de la Constitución implica que las autoridades judiciales y administrativas utilicen, a tiempo de resolver una problemática, el método de la interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad, verificando que la ley formal o material se encuentre conforme a la parte dogmática de la Norma Suprema.

Por todo lo reflexionado, ante la reconformación de integrantes en la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se recondujo el enfoque, llegándose a tramitar las excepciones de prescripción en sede casacional, al efectuar una interpretación desde y conforme la Constitución del art. 314 del CPP modificado por el art.12 de la Ley 1173, esto en el marco del Estado Constitucional de Derecho.

Tags