9 de julio de 2021, 5:00 AM
9 de julio de 2021, 5:00 AM

Prácticamente a diario se conoce al menos una noticia que, al leerla, genera la amarga sensación de que el país perdió a instituciones de primera importancia y cuya existencia solo tiene sentido si son independientes del poder político. Con ellas ocurre todo lo contrario: no solo son dependientes del ministro de Justicia Iván Lima y, en general del gobierno de Luis Arce, sino que además perdieron todo sentido de la dignidad o cuando menos del disimulo.

Una de esas instituciones es el Ministerio Público: el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, con sus actuaciones tiene toda la apariencia de un servidor público del Ministerio de Justicia y no la de un defensor de los intereses de la sociedad, como manda la ley.

Hace dos días reapareció para leer la apertura de investigaciones con miras a un nuevo proceso a la expresidenta Jeanine Áñez, esta vez por genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte, por los decesos que se produjeron en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019 durante los enfrentamientos entre grupos movilizados y la Policía y las Fuerzas Armadas.

Lanchipa anunció que Áñez debe declarar en calidad de investigada, y esta vez en su calidad expresidenta del Estado. En los anteriores procesos se juzga a Áñez por sedición, conspiración y terrorismo y en su condición de exsenadora, ignorando su condición de expresidenta. Es decir, según convenga a los acusadores, se le reconoce a veces un título y a veces el otro.

Desde que Luis Arce juró como presidente, la actuación de la Fiscalía se ha caracterizado explícitamente por investigar e instaurar procesos contra opositores y solo contra opositores. No se le conoce actuación alguna para hacer lo mismo con exautoridades o representantes del gobernante Movimiento Al Socialismo.

Solo para citar un ejemplo reciente, se ha conocido que tanto el expresidente Evo Morales como el exvicepresidente Luis García Linera tuvieron actuaciones que podrían investigarse como supuestas amenazas a la integridad de las personas cuando disponían de 2.000 o más seguidores para ir a enfrentar a bloqueadores, o cuando se decía que podían “incendiar” La Paz o hacer arder Chimoré.

Sin embargo, en ninguno de esos casos, como tampoco en otros, la Fiscalía dijo esta boca es mía, y no los ha citado a declarar. Ya ni se sonrojan con sus actuaciones.

Otra institución de dudoso proceder es ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ayer se conoció que rechazó la acción de inconstitucionalidad que en diciembre presentó la bancada de la agrupación Creemos solicitando la reposición del mecanismo de los dos tercios en los trámites legislativos de la Asamblea. El TCP se tomó siete meses para responder y simplemente rechazó esa acción.

El recurso presentado por Creemos establecía que una decena de artículos del Reglamento General de Debates de la Cámara de Diputados, entre ellos el que elimina los dos tercios, son inconstitucionales, pero el TCP respondió rechazando la acción de los opositores.

El MAS anuló los dos tercios y en su lugar decidió aplicar la mayoría simple de votos en aprobaciones de la Cámara de Diputados, durante las últimas sesiones de la anterior legislatura, donde ese partido tenía dos tercios, en previsión de que en la nueva Asamblea Legislativa que surgiera de las elecciones del 18 de octubre de 2020 ellos ya no tendrían más esos dos tercios, como finalmente ocurrió.

Es decir, el MAS acomodó la norma según su conveniencia partidaria y en función del número de su representación en la Asamblea, y el TCP avaló esa conducta.

Con una Fiscalía, el TCP y la justicia -ay la justicia- al servicio de un gobierno, los ciudadanos ya pueden comenzar a aceptar que en el país rige el estado del sálvese quien pueda, que aquí no hay más instituciones independientes, confiables ni creíbles, sino brazos operativos judiciales del poder político.



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