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Un manifestante acusado de delitos como desacato y desorden público fue sentenciado a 10 años de cárcel, la mayor pena impuesta a un detenido relacionado con las protestas del 11 de julio en Cuba, según una organización de derechos humanos y sus familiares.

El Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, un poblado a 35 km de La Habana, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la “sanción conjunta y única a cumplir de 10 años” de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir, indica la sentencia fechada el 6 de octubre y a la que tuvo acceso la AFP, luego de que su familia fuera notificada esta semana.

Tres jueces del tribunal determinaron la culpabilidad de Pérez Fonseca en base a declaraciones del policía local Jorge Luis García Montero, único testimonio reconocido por los magistrados. Dos testigos de la defensa fueron desestimados por “parciales” y por tratarse de un familiar y una amistad.

El uniformado dijo que el 11 de julio, Pérez Fonseca “incitaba al resto de las personas a formar grupos, a lanzar piedras y botellas”, incluso hacia una tienda local de comestibles.

Pérez lanzó una piedra que cayó en una muñeca del oficial, “ocasionándole escoriaciones que no requirieron asistencia médica”, y aventó otra piedra que impactó en una patrulla “que no presentó daños”, además de ignorar la orden de confinamiento por covid-19, indica el documento.

El manifestante sentenciado, padre de dos hijos, fue aprehendido el 16 de julio por este policía en la casa de su madre.

“Efecto ejemplarizante”

La sentencia “es excesiva y viola todas las garantías del debido proceso”, dijo a AFP Laritza Diversent, directora de la ONG de derechos humanos Cubalex, con sede en Miami, al indicar que es la pena más larga aplicada por estas manifestaciones.

En otros casos relacionados con las protestas, los fiscales han pedido hasta 25 años de cárcel en procesos que aún no han concluido.

Lo relevante en este caso es que las evidencias que presenta la fiscalía “no fueron sometidas a contradicción de la víctima, que es el policía, es la única evidencia que hay para incriminarlo” y es “obligación de las autoridades probar el dicho, investigar”, añade Diversent.

Todo “responde a una política penal” a raíz de las manifestaciones de julio con “sanciones severas como efecto ejemplarizante para que el resto de la sociedad se inhiba” y que busca “infundir temor y miedo”, indica Diversent.

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