Tromba de falsificaciones, remolino de violencia
El presidente boliviano, en una nueva y explicable confusión atribuyó, en México, al Gobierno anterior la ruptura del contrato para la explotación del salar de Uyuni. Quien tomó la decisión, muy en contra de sus deseos ciertamente, fue Juan Evo Morales Ayma, debido a que el contrato era indefendible y no pudo resistir la presión potosina que lo impugnó desde su inicio.
El hecho, ha sido recordado por varias notas periodísticas que desenterraron las noticias de 2019 donde se refleja lo que verdaderamente ocurrió y no el engaño, al más puro estilo de Donald Trump, difundido por Arce Catacora. Lo que no se ha subrayado con la nitidez y energía suficientes son los motivos de fondo que hacían al contrato de asociación, firmado por el Gobierno del MAS, uno de los más nítidamente “entreguistas”, según caracterización de los cívicos que lo cuestionaron.
Primero está la inverosímil desigualdad de participación entre los socios, puesto que el Estado boliviano ponía una inversión de más de 1.000 millones de dólares (unos 7.000 millones de Bs), mientras la firma ACI Systems aportaría 2,5 millones, convirtiéndose en socio con 49% de participación y el control efectivo de las decisiones y operaciones del emprendimiento. La casa matriz de la firma alemana tiene un capital declarado de 50.000 euros (unos 60.000 dólares) y ninguna experiencia en industrialización de litio.
Está, luego, el traicionero uso de los términos, mediante el cual Bolivia transfería a precio de costo “salmueras residuales” que son, en realidad, un concentrado rico en sales de litio, resultante del carísimo proceso de la planta industrializadora.
El contrato es prueba de la desesperación del Gobierno de Morales por esconder el fracaso rotundo de una fabulosa inversión, donde “prácticamente todo se hizo mal”, en palabras del representante de ACI Systems (ver https://bit.ly/3rvzi2X), incluyendo errores de la ingeniería más elemental, según el mismo responsable.
En 2010, Morales había asegurado que nuestro país conquistaría una cuarta parte del mercado internacional de litio, que sería industrializado a un costo de 350 millones de dólares. Al cabo de 11 años, nuestra presencia en ese mercado es del 0% y la inversión de 1.000 millones de dólares se encuentra tan menoscabada que el contrato de asociación viabilizaba que un socio, con un aporte mucho menor al 1% de la inversión boliviana, experimente una tecnología no probada.
Las razones por las que Luis Arce Catacora, como presidente boliviano, “olvida”, desconoce” o “ignora” la avalancha de decisiones que condujeron a un contrato de asociación que hacen empalidecer a las más osadas aventuras neoliberales, se hallan en que, como ministro de Economía, respaldó, aprobó y, eventualmente, firmó los cheques necesarios para que se consumara ese global atentado contra nuestra economía.
En realidad, casi todas las “grandes obras” que Morales Ayma quiere continuar levantando, como la planta de Uyuni que no industrializa nada, la de Bulo Bulo que nunca ha superado el 30% de su capacidad, de las secadoras de gas, paralizadas, llevan el sello y la rúbrica del actual presidente del Estado.
A esos motivos se suma, la necesidad de justificar la oleada represiva que caracteriza la campaña “Evo vuelve”, detrás de la fachada de persecución de un golpe inventado y que también sirve para esconder la esencial incapacidad oficial de encarar los problemas de vida o muerte a los que nos enfrentan la descontrolada epidemia y el descalabro de nuestra producción.
El Gobierno no puede hacer ninguno de los milagros que prometieron quienes lo encabezan y que no dan señal alguna de entender cómo se protege la salud, o se recuperan la economía y la educación formal. En su lugar, prefieren alentar el remolino de la violencia, agresiones y descalificaciones propias de la práctica política profesional.
Como resumen del rumbo que ha escogido, el presidente amenaza con no entregar vacunas a las poblaciones que no apoyaron a sus candidatos a alcaldes o gobernadores. O sea, se muestra dispuesto a condenar, según los estándares de los organismos internacionales de sanidad, a la enfermedad permanente y a muertes masivas a quienes no se sometan.
