Un Acuerdo pragmático en la dirección correcta
El Acuerdo celebrado en días pasados entre la Confederación de Empresarios Privados y el Gobierno, ha despertado en muchos sectores confianza y en otros el escepticismo de que el problema de la crisis monetaria y financiera se pueda resolver con las diez medidas acordadas por las Cámaras empresariales nacionales y los Ministerios de Economía y Finanzas, de Planificación del Desarrollo y de Desarrollo Productivo.
Es muy cierto que el Acuerdo no abarca todo lo que se quisiera desde el sector privado, porque debemos entender que nos gobierna un Partido socialista-populista, por el que la mayoría de los bolivianos votó en 2020. No tenemos un socialismo progresista como el chileno o el uruguayo, cuyas políticas de Estado están orientadas al mayor bienestar social, pero no en desmedro del sector empresarial, con políticas públicas no enfocadas en reducir la pobreza, sino, en generar más riqueza con equidad social. Es un problema de concepción del desarrollo.
Sin embargo, más allá de la inclinación política del Gobierno, el Acuerdo está enmarcado en el pragmatismo que el sector privado requiere para devolver la confianza a los actores económicos. Las dos primeras medidas acordadas están vinculadas a la liberación de las exportaciones y la devolución de impuestos al exportador, en el primer caso el gobierno ampliará los cupos de exportación de granos de arroz y sorgo, así como los derivados de oleaginosas (tortas y aceites). En la medida que estos cupos cubran la totalidad del excedente de la producción actual, el beneficio es mediato, debiendo ser la plena liberación la que garantice un beneficio de largo plazo, priorizando el abastecimiento del mercado interno.
La segunda medida relacionada a la entrega inmediata del Cedeim, que muchos critican por su inaplicabilidad, es en realidad beneficiosa para el exportador formal, pues al disponer sus dólares en el sistema financiero al tipo de cambio oficial recibe hasta el 13% del valor de su exportación, lo cual le genera liquidez y le quita presión al tipo de cambio, por lo tanto la brecha cambiara se reduciría. En tanto ese diferencial sea menor al 13%, será más atractivo entregar divisas por valores fiscales. Esta medida combinada con la décima sobre el acotamiento de la comisión por transferencias al exterior, debería limitar el precio de compra del dólar en el sistema financiero a oferentes exportadores, aseguradores, inversionistas y ahorristas, hasta un monto no mayor al valor oficial de compra más el 10% que es el techo de la comisión establecida por la ASFI.
La tercera medida referida a la emisión de bonos del Banco Central en divisa extranjera, tiene por objeto recuperar de las cajas de seguridad de los bancos y los “colchones” de los hogares los ahorros en dólares que estuvieran bajo resguardo de la devaluación, así como inversiones financieras de la mismo banca, la gestora publica o las aseguradoras. El valor en Bonos, los plazos y las tasas de retorno deben ser lo suficientemente atractivas para captar un volumen importante de divisas que se puedan reinyectar en el mismo sistema financiero, bajando el tipo de cambio.
La cuarta y quinta medida abordan dos temas centrales y de preocupación, la escasez y el subsidio a los combustibles que el año pasado llego a los 1.700 millones de dólares según las mismas autoridades de YPFB. La subasta de lotes de diésel permite al gran demandante (por ende gran productor), asegurar el aprovisionamiento oportuno del combustible en los volúmenes que se requieren, sopesando sus costos de producción y minimizando los riesgos de perdida que significarían la escasez en plena cosecha. En todo caso es mejor tener un diésel algo más caro que el subsidiado a tener que pagar el doble del precio al especulador, y sin factura.
La otra medida relacionada al combustible es la importación directa de parte del gran consumidor industrial, minero o productor agropecuario, lo cual fuera pedido por el sector privado desde el año pasado y que hoy lo aplican las Mineras San Cristóbal y Colquiri. Estas importaciones deberían regularse en los mismos términos que las importaciones de YPFB, con la exoneración del GA y el IEHD, de manera tal que el impacto en los costos de abastecimiento del combustible a precio internacional no se vean aún más encarecido por una recarga tributaria aduanera. El empresariado ha sido muy crítico del gasto público en la subvención y es momento de actuar en consecuencia, sincerando todos los precios en el mercado.
Otros acuerdos relacionados con el tema energético son el incentivo tributario a la importación de plantas de biodiésel, vehículos eléctricos y flex (híbridos) que permitan reducir la importación y el subsidio de combustibles fósiles. Esta puede ser una oportunidad para el sector privado de ingresar al negocio energético monopolizado por YPFB. Un último punto del Acuerdo está el referido a la inversión en el sector agrícola, en la mejora de los rendimientos a través de la tecnología, lamentablemente sin llegar a concretarse el uso de las semillas transgénicas como lo viene pidiendo desde hace varios años los agropecuarios.
En definitiva un Acuerdo Público-Privado inédito en lo que va del actual Gobierno, pragmático y de impacto mediato, que todos esperamos sea el inicio de una relación permanente de mutuo interés en beneficio del país.
