11 de diciembre de 2022, 4:00 AM
11 de diciembre de 2022, 4:00 AM

En diciembre de 2021, una disputa conyugal develó la pasada existencia de 800 ítems fantasmas en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. A consecuencia de ese escándalo, la exalcaldesa Angélica Sosa y otros seis implicados fueron investigados y detenidos. Sosa fue encarcelada, los hermanos Parada Vaca escaparon de Bolivia pero no llegaron lejos, Guillermo Parada, uno de los principales responsables, está detenido en Brasil e intenta evitar su extradición, y su hermano, Antonio Parada, fue extraditado desde Panamá.

La sociedad cruceña condenó el hecho, el alcalde Jhonny Fernández anunció “mano dura contra la corrupción, caiga quien caiga”, y el Ministerio Público prometió una investigación rápida, profesional y objetiva. Todo muy bien en el mundo de las palabras y las promesas; sin embargo, el proceso sigue sin sentencia; Sosa accedió a la detención domiciliaria pero permanece en Palmasola por otras causas que se siguen en su contra.

Según una auditoría realizada por el municipio, el daño económico por el caso ítems supera los 100 millones de bolivianos, pero de recuperar esos recursos, ni hablar. Y resulta que la trama de los “fantasmas” es solo uno de los hilos del ovillo de corrupción en la Alcaldía cruceña.

Después se descubrió el caso “Prestín” en el que uno de los principales involucrados fue Sergio Perovic, el fallecido esposo de Angélica Sosa, en supuesta complicidad con funcionarios del entorno de Sosa.

¿Era posible esperar una actitud diferente de la actual gestión municipal? Sí, porque la sociedad tiene la necesidad de creer en promesas de honestidad y transparencia; pero el fiasco es abrumador.

Solo para mencionar algunos de los hechos con mayor repercusión mediática: churrascos de tatú en la Dirección de Medio Ambiente, cobros irregulares en la administración de cementerios; cobros irregulares en el Sistema de Administración Tributaria; sobreprecios en la compra de toldos para puestos de vacunación; sobreprecio en la compra de cinco tomógrafos; irregularidades en la compra de computadoras Super Kuaa que estaban sin uso desde 2014.

Una de las mayores fuentes de corrupción en la Alcaldía cruceña es la planilla de trabajadores. A mediados de año, Teresa Góngora, exsecretaria de Desarrollo Humano, cayó por denuncias de venta de cargos y hace pocos días se descubrió el caso “QR”, en el que una de las principales investigadas es Andrea Forfori, esta última historia se tejió entre octubre y noviembre, precisamente cuando la gente resistía en calles y rotondas, en su lucha por un destino más prometedor.

En este recuento, no se puede omitir la trama poco clara de la licitación para el recojo de la basura. Pueden escucharse muchas explicaciones legales y técnicas, pero cuesta creer que la ciudad más grande de Bolivia no haya adjudicado de forma transparente, oportuna y clara el recojo de basura y la gestión de residuos sólidos. Hay cosas que huelen mal y no hablamos de la basura que se acumula y pudre en las calles cruceñas.

En el fondo, es lamentable pero necesario preguntarse ¿por qué tanta corrupción? Y la respuesta más pronta y contundente se resume en una sola palabra: impunidad. La impunidad se fomenta desde un sistema judicial en el que, por cierto, se venden cargos y se negocian resoluciones; y también deriva de la calidad moral de las autoridades.

Difícilmente un gobernante puede exigir transparencia a todos sus funcionarios si es que no predica con el ejemplo y tiene una conducta intachable. ¿Tiene Santa Cruz esa calidad de autoridades? La respuesta es obvia y se refleja en la larga cadena de hechos que avergüenzan e indignan a todas las personas que construyen un futuro en la noble Santa Cruz de la Sierra.

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