.

19 de diciembre de 2023, 3:00 AM
19 de diciembre de 2023, 3:00 AM

Con un territorio que abarca desde la densa selva tropical amazónica hasta los desiertos y las altas montañas, Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), en los últimos diez años, el Gobierno boliviano ha tomado medidas para proteger sus ricos paisajes naturales y fortalecer sus prácticas ambientales.​

Sin embargo, en los últimos días ha surgido un nuevo conflicto que enfrenta al Gobierno nacional con Santa Cruz. El vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, ha solicitado la derogación de la Ley Departamental 208 que crea la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó. Esta ley protege los acuíferos que abastecen de agua a los habitantes de Santa Cruz.

La solicitud de Choquehuanca -que busca habilitar la zona para un proyecto carretero- se basa en el argumento de que la ley viola la Constitución Política del Estado, que otorga al Gobierno central la competencia para la protección de los recursos naturales. Sin embargo, esta argumentación es cuestionable.

En primer lugar, la Constitución también reconoce la autonomía de los departamentos en materia de recursos naturales. En segundo lugar, la ley departamental no prohíbe la explotación de los recursos naturales en la UCPN Güendá-Urubó, sino que establece restricciones para su desarrollo sostenible.

El proceder del Vicepresidente llama más la atención cuando siete de los nueve departamentos de Bolivia soportan una aguda sequía por el fenómeno climático El Niño. Los datos oficiales del Ministerio de Defensa estiman en cerca de 500.000 las familias afectadas en 105 municipios del país.

Lo cierto es que la verdadera razón por la que el Gobierno central busca derogar la ley departamental es que está presionado por organizaciones sociales del Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficialista. Estas organizaciones han pedido al Gobierno que abra la UCPN Güendá-Urubó a la explotación de recursos naturales, como la madera y la agricultura.

La derogación de la ley departamental sería un grave retroceso en la protección de los recursos naturales de Santa Cruz. Los acuíferos son esenciales para el desarrollo del departamento, ya que abastecen de agua a Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes y Cotoca.

Permitir en la UCPN Güendá-Urubó la explotación de recursos naturales sin restricciones podría conducir a la contaminación de los acuíferos, la destrucción de la biodiversidad y el desplazamiento de las comunidades locales. Asimismo, la reducción de la disponibilidad de agua para las ciudades mencionadas, sin olvidar que la escasez de agua podría provocar conflictos sociales y económicos.

También es importante mencionar que la autonomía departamental es un derecho fundamental contemplado en la CPE que debe ser respetado.

La Asamblea Legislativa Departamental adelantó que responderá a "este atentado a las autonomías y al medioambiente". Y acusó a los sectores sociales del MAS de buscar enriquecerse a partir de la tierra de donde sale el agua de todos los cruceños.

El Gobierno nacional deberá reflexionar si continuará en su política de Estado de devolución de favores políticos, protegiendo grupos que ocupan tierras ilegalmente o será coherente en la protección de los recursos naturales garantizando la provisión de agua para 2,5 millones de bolivianos.

Tags