30 de enero de 2022, 4:00 AM
30 de enero de 2022, 4:00 AM

La discusión de temas económicos despierta pasiones por la ideologización o el encasillamiento en conceptos que no aportan a una resolución de las diferencias e impiden -in extremis- dar lugar al beneficio de la duda, por lo menos cuando no hay consensos. Este es el caso de la “sustitución de importaciones”, severamente criticada por unos y férreamente defendida por otros.

Del lado de quienes la desahucian está el recuerdo del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones de la Cepal en los 60, bajo la teoría de que los países industrializados del “Centro” se aprovechaban de los recursos naturales y los mercados de los países subdesarrollados primario-exportadores, en la “Periferia”. Surgió la idea, entonces, que el Estado promueva la producción de bienes de consumo, intermedios y de capital, para aumentar su oferta en el mercado local, esperando generar empleo y bajar la dependencia externa. Un modelo “hacia adentro” con protección arancelaria, paraarancelaria y no arancelaria, para encarecer o impedir la compra de bienes extranjeros y resguardar el mercado interno e inducir la “industrialización a como dé lugar”.

Lamentablemente, la sobreprotección que sobrevino provocó una ineficiencia productiva, de tal suerte que -concluido el ciclo- las industrias que nacieron bajo esa lógica enfrentaron problemas de sobrevivencia. Con esa “lección aprendida” ¿impulsar la sustitución de importaciones desde el Estado debería ser catalogado como algo intrínsecamente malo? No, muy especialmente cuando una economía enfrenta rigideces y si de por medio está su estabilidad.

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), la propensión a la importación en el país ha subido de tal forma en los últimos 15 años, que el promedio anual 2017-2021 ha sido de 8.900 millones de dólares, por casi 6.000 productos que traemos del exterior, de los que más de 1.000 superaron cada uno el millón de dólares/año; productos con los que estamos familiarizados, como el diésel y gasolina; trigo y harina; muebles y madera industrializada; telas y confecciones; calzados; lácteos; urea; manzanas; chocolates; entre otros, superaron los 10 millones anuales.

Pero, tomemos como ejemplo los 2 principales productos -diésel y gasolina- que solo en los últimos 5 años implicó gastar casi 6.000 millones de dólares. Dado que su precio no puede subir en Bolivia (se lo intentó a fines de 2010 pero se debió retroceder porque la gente salió a las calles pues “todo subió”), y siendo que ello implica cientos de millones de dólares de subvención -al transporte público principalmente, no a la agricultura, como se dice- ¿debemos seguir rifando más de 2.100 millones de dólares en importarlos, como en 2021, solo porque la sustitución de importaciones de la Cepal fracasó hace 70 años? ¡No, pues!

De hecho, el Programa de producción de bioetanol está en marcha gracias a la agroindustria cruceña y debería profundizarse; igual, debería haber un Programa para producir biodiésel desde el sector privado, a la luz de la exitosa experiencia del etanol que, gracias a una sabia definición del ministro de Economía y Finanzas Públicas, este año implicará la compra de 160 millones de litros por YPFB y un ahorro de más de 100 millones de dólares en gasolina no importada.

El IBCE ha venido insistiendo por años sobre la necesidad de una “Política de Sustitución Competitiva de Importaciones” que, sin repetir los errores del estatismo y el proteccionismo del pasado, apunte a bajar los costos de producción y de realización para lograr una mayor oferta de productos nacionales -sustitutos o sucedáneos a los importados- en el mercado boliviano.

Pensándolo bien, esto es lo que viene haciendo Santa Cruz desde los 50 permitiendo ahorrar millonadas al país construyendo nuestra autosuficiencia alimentaria, generando empleos para los bolivianos: por eso el modelo de desarrollo cruceño es exitoso y ¡nada tiene que ver con el cepalino!

“Un botón basta de muestra” -decía la canción- “los demás…¡a la camisa!”.

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