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El asambleísta departamental de Cochabamba, Freddy Gonzales, que pertenece a la agrupación opositora Demócratas, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una demanda de inaplicabilidad de los artículos de la Constitución Política del Estado que establecen que para postular a un cargo electivo subnacional se debe cumplir el requisito de residir en su región los dos años anteriores, logró que esa instancia impida a través de una medida cautelar que los candidatos a las elecciones subnacionales que estuvieron asilados o refugiados en otro país no sean inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

De esta forma, Gonzales benefició al candidato a la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pero también a otros dos postulantes oficialistas: César Dockweiler (MAS) que aspira a ser alcalde de La Paz, y a Wilma Alanoca (MAS) que es candidata a concejal de El Alto.

Fuentes políticas señalaron que el objetivo de la acción fue promover la candidatura el exprefecto cochabambino, Manfred Reyes Villa, y se informó que también fue apoyada por el ex líder cívico y exministro de Economía, Branko Marinkovic, quien tenía intención de candidatear, aunque luego descartó esa opción.

De hecho, solamente Manfred Reyes Villa se pronunció sobre el tema. “Esta medida interpuesta hace respetar mi derecho a representar constitucionalmente a mi pueblo y trabajar por la ciudad que amo para hacerla prosperar de nuevo. ¡Vamos a recuperar Cochabamba, hasta convertirla en la mejor ciudad de Bolivia!”, dijo.

Este medio no pudo contactar a Dockweiler ni a Alanoca.

El asambleísta de Demócratas optó por dos caminos. Presentó la acción de inconstitucionalidad abstracta en la que demanda concretamente la inaplicabilidad de los artículos 149, 167, 285.I.1 y 287.I.1 de la Constitución Política del Estado (CPE) y consiguió la medida cautelar a través de la cual la comisión de admisión del TCP evitó sean inhabilitados los candidatos que no estuvieron en Bolivia y buscaron asilo o refugio en embajadas.

Todos los artículos observados tienen que ver con el requisito de residencia permanente de dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción, región o municipio para ser candidato a la Asamblea Legislativa (art. 149), para postular a gobernador o alcalde (art. 185.I.1), o a concejal municipal o asambleísta departamental (art. 287.I.1). Habla de cinco años, para acceder a la presidencia o vicepresidencia del Estado (artículo 167).

El auto constitucional 0276/2020, en el que la comisión de admisión del TCP acepta este proceso, fue emitido el 28 de diciembre de 2020. Ese mismo día, la misma comisión emitió el Auto Constitucional 090/2020 que resolvió “ha lugar” la medida cautelar solicitada por el asambleaísta Gonzales el 16 de diciembre, “disponiendo que todos los procesos de inhabilitación de candidatos en las próximas elecciones subnacionales 2021... prosigan su tramitación ante el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales, únicamente hasta antes del momento de dictarse la resolución final que corresponda, mientras el TCP se pronuncie en el fondo de la presente causa”. Esa resolución benefició a Dockweiler, Reyes Villa y a Alanoca.

Iván Arias y Rafael Quispe, candidatos a la Alcaldía y Gobernación de La paz por la alianza ‘Por el bien común, somos pueblo’, opinaron en un comunicado que el constituyente boliviano fue sabio al introducir estas previsiones en la Constitución Política del Estado y debe recordarse que la Carta Magna, “hoy violada por el TCP, fue aprobada en referendo constitucional y está por encima de un Auto Constitucional con evidentes ilegalidades”.

En el documento repudiaron la “decisión parcializada asumida por el TCP, que va de detrimento de la democracia y vulnera el principio de igualdad del régimen electoral, beneficiando a determinadas ciudadanas y ciudadanos por sobre la colectividad. Por tanto, nos reservamos el derecho de iniciar las medidas legales en contra de los Magistrados de la Comisión de Admisión”, dijeron en un comunicado.

El exdiputado Amílcar Barral, postulante por Pan-Bol, lamentó que esto demuestra que la justicia está vendida al MAS, “y es la peor cochinada que puede haber” y anunció un juicio por prevaricato.

Este medio no pudo comunicarse con el candidato Waldo Albarracín, quien no contestó su celular.

El abogado constitucionalista Gustavo Mendoza aseguró que en el Estado de derecho existe independencia de Órganos de poder. “De hecho el Electoral es la única instancia señalada para administrar, convocar y ejecutar las elecciones en todo el territorio nacional y nadie más que ellos”.

Apuntó que el TSE tiene argumentos para mantenerse firme e inhabilitar a los candidatos. “La primera elección de Bolivia, para la convocatoria de diputados a la Asamblea General, la que decidió la independencia del país, ya preveía la residencia permanente de los postulantes”, argumentó.

La permanencia tiene total sentido, afirmó. “Todas las constituciones tuvieron ese requisito, no se puede desconocer ese hecho y se esperaría que quienes pretendan ser candidatos a cargos electivos cumplan con el primer deber de los bolivianos de cumplir y hacer cumplir la CPE, como señala el artículo 108, numeral 1”.

Argumentos

La acción de inconstitucionalidad presentada por el asambleísta cochabambino señala que este requisito es presuntamente contrario a los artículos 8. II, que señala que el Estado se sustenta en los valores de unidad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad…igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común. justicia social… entre otros.

El artículo 13, acápite IV, establece que “los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que restablece que los derechos y deberes consagrados en esta CPE se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia.

El memorial admitido por el TCP también sostiene que esos artículos se oponen al artículo 14 parágrafo II de la CPE, que establece que “el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación... que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de toda persona”. 

También al derecho que tienen los bolivianos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, que se encuentra en el artículo 21, punto 2. También a que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, incluída en el artículo 22.

Como ocurrió en el proceso por la habilitación a la reelección del expresidente Evo Morales, pese a que Gonzales lo criticó muy duro en 2019, esta demanda acude también al artículo 256, que señala que los tratados e instrumentos internacionales en materia deDDHH que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta; y que los derechos reconocidos en la CPE serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables.

Por lo tanto, apela a la Declaración Universal y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, a la Convención Interamericana sobre los DDHH, el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, la Carta de Banjul, la Convención de la Organización de la Unión Africana sobre los Refugiados, y la XXVII de la Declaración de los derechos y deberes del hombre.

La comisión de admisión del TCP, “para fines pedagógicos”, aclaró en la resolución de la medida cautelar que “no constituye de modo alguno una opinión anticipada sobre la declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad” de los artículos de la CPE que fueron observados.
Sin embargo, el TCP puede tardar meses en emitir la resolución de fondo; es decir, puede hacerlo después de la realización de las elecciones subnacionales.

Una medida cautelar similar procedió en las elecciones generales con el caso de la demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados del MAS, en contra del artículo de la CPE, que establece que el candidato que difunda resultados de encuestas provocará no solamente su inhabilitación, sino que su partido o agrupación pierda su personería jurídica.

Luis Arce Catacora incurrió en esa falta. El TCP emitió una medida cautelar similar, no se pronunció hasta ahora, y ese candidato hoy es presidente de Bolivia.

El memorial que solicitó la medida cautelar fue presentado el 16 de diciembre de 2020. El asambleísta Gonzales pidió que “todo boliviano que acredite su estatus de asilado o refugiado político en el extranjero y que se presente como candidato en las elecciones, no sea inhabilitado por el TSE, tampoco por los TED, en tanto y cuanto se emita la sentencia constitucional en el caso”, y así será ahora.

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