22 de febrero de 2023, 4:05 AM
22 de febrero de 2023, 4:05 AM

Lejos de dar certeza y seguridad, el de Bolivia es un Estado de inseguridad y miedo. Estamos en un país donde se minimiza el contrabando y la informalidad; donde se persigue al que denuncia; donde se aplaude la delincuencia; donde no se aprehende a los responsables de cargamentos con droga o donde no se esclarecen los ajustes de cuentas.

Por supuesto que esa situación genera ciudadanos temerosos o enojados, porque nadie quiere vivir en un país donde se normaliza lo que está mal, aunque se armen relatos que pretendan justificar esas irregularidades. ¿Cómo es posible que los bolivianos vivan seguros si un senador (legislador o ‘padre de la patria’) le dice que: “La delincuencia es cuando hay economía en movimiento”? La frase, verdaderamente lamentable, le está diciendo a la población que aguante la inseguridad y, de paso, se sienta feliz porque hay una buena economía.

¿Cómo se puede vivir con certezas si le dicen al boliviano que todo anda bien con las Reservas Internacionales, si estas se reducen estrepitosamente y hay obligaciones que pagar en pocos meses, como la deuda externa?

Las agresiones entre masistas, aparte de presentar la decadencia en la que se ha entrado en aquellas filas, genera repulsa de parte del boliviano común y también dudas acerca de quiénes están conduciendo el destino de la patria, si entre ellos se llaman delincuentes, narcotraficantes y hasta planificadores de asesinatos.

Ya son muchas las muestras en las que quienes se atreven a denunciar corrupción terminan siendo perseguidos y encarcelados. El primer caso fue Marco Antonio Aramayo, quien siendo funcionario del Fondo Indígena se atrevió a dar a conocer la corrupción en esa entidad. Los señalados están libres y campantes, el denunciante murió preso y con decenas de juicios encima, además de torturas físicas y sicológicas en plena democracia. Por otro lado, los opositores políticos son aprehendidos y encarcelados con o sin justificación, pero los masistas transgresores son premiados y eximidos.

El problema es que esa realidad no solo se da en lo nacional, sino que se replica en lo regional y municipal con los aliados del Gobierno del MAS. Se persigue al que denuncia y se justifica lo que está mal, se perdona la transgresión y se pretende que solo habrá paz y tranquilidad si se da vía libre a la corrupción y a la impunidad de los que ocupan cargos con la única misión de meter la mano al bolsillo del pueblo.

Al iniciarse la cuaresma y después del zafarrancho del Carnaval, el Estado debería ser ordenado. La codicia política puede redituar en algún momento, pero siempre termina cobrando una alta factura, no solo para quienes la tienen, sino también para el ciudadano de a pie, que la sufre como si fuera un daño colateral.

Habrá que decir que el pueblo no tiene que ser feliz porque la delincuencia se incrementa, sino que hay demasiado descontrol con las mafias organizadas: narcotraficantes, contrabandistas, atracadores urbanos, toma tierras y un largo etcétera. El Gobierno debería atender estas situaciones y atacarlas como corresponde, no vaya a ser que después vivamos sumergidos en una escena de miedo constante en las calles.

El Gobierno tendrá que tomar en cuenta que los corruptos no son tuyos y no míos, sino que el manejo irregular de lo público debe castigarse, venga de donde venga. Nada puede justificar que se robe en una licitación por un servicio. Si ganara la transparencia se construiría un país grande y con grandes opciones de crecimiento real.

En síntesis, no se puede seguir viviendo en un Estado que genera miedo en vez de seguridad; que da lugar a dudas, en vez de dar certidumbre. Presidente, haga algo al respecto. Está en sus manos.