Un general fue imputado por caso Senkata y ascensos causan tensión en las FFAA

El general de Ejército y ex director Ejecutivo Nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Fernando Valverde Ferrufino, de 56 años, fue imputado por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves por el caso Senkata. El proceso fue iniciado momentos en que dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA) denuncian un conflicto interno porque tres promociones de generales presuntamente fueron relegadas y el Gobierno admite que una resolución del Tribunal Constitucional será determinante para definir los ascensos.

El procedimiento fue detallado ayer por el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío. Aseguró que el Ministerio Público emitió la imputación y ahora esperará que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para su audiencia de medidas cautelares “en la que pediremos la detención preventiva del sospechoso en el recinto penitenciario de El Abra, de la ciudad de Cochabamba”.

Según la acusación, el 19 de noviembre de 2019, alrededor de las 10:30, se ejecutó un operativo policial-militar para el reabastecimiento de combustible en las ciudades de La Paz y El Alto desde la planta YPFB - Senkata hasta el Regimiento Ingavi en la urbe alteña; sin embargo, cuando las cisternas se encontraban en camino, se presume que el general acusado ordenó que seis mecanizados blindados, que escoltaban a las cisternas, regresaran a la planta de YPFB de Senkata donde ocurría una protesta de los afines al MAS.

Una vez en el lugar, estos vehículos, cuatro de la Armada y dos del Ejército, cada uno con nueve a diez efectivos en su interior, reforzaron el contingente militar que se encontraba en la planta. Se presume que los efectivos militares, bajo orden jerárquica y aquiescencia de sus superiores, habrían reprimido a la población civil con armamento y munición letal. Hubo diez personas fallecidas y 31 heridos.

Valverde, según el fiscal, dio la orden de retornar a los motorizados luego de mantener comunicación con el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, en la que se identificó como general de Ejército y Director Ejecutivo Nacional de la ANH”, aseveró.

A finales de noviembre, el militar declaró como sindicado y alegó que durante ese conflicto no ordenó ni tomó el mando de la fuerza militar que intervino en dicha planta. El procesado fue posesionado el 17 de noviembre de 2019 como director interino de la ANH y presentó su renuncia en marzo de 2020, alegó que esa instancia se había convertido en una “agencia de empleos” del MAS.

El ministro de Justicia, Iván Lima, comentó que estos hechos graves de violencia “que están en la justicia penal deben ser resueltos en el marco de la independencia de poderes y objetividad del Ministerio Público”.

Como Gobierno, comprometió todo el apoyo a la justicia, “pero el hecho de que la Fiscalía General dicte imputaciones era necesario y oportuno. Los plazos deben respetarse y podríamos aseverar que muchas de las actuaciones estaban retrasadas. Deben imputar o rechazar, si respetaron el principio de objetividad”. Lima se abstuvo de comentar la actuación del militar, porque “podría verse como una injerencia. Además, comentar la decisión del fiscal sería politizar estos temas”, apuntó.

El “desconcierto” en las FFAA fue mencionado por la cúpula castrense el 25 de noviembre del año pasado, cuando el general Alfredo Cuéllar, de la Fuerza Aérea, fue detenido acusado de ordenar la represión de una protesta en Sacaba, Cochabamba, en 2019.

“Estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger el bien común’’, dijo el entonces comandante en jefe Jaime Alberto Zabala. Poco más de un mes después, el presidente Luis Arce relevó al Mando Militar y designó nuevos jefes en las FFAA, que prometieron investigar y castigar a los autores de las muertes ocurridas entre octubre y noviembre de 2019 en Sacaba y Senkata, donde se produjeron revueltas después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales acusado por la OEA de promover un fraude en las elecciones de ese año.

El malestar

Al menos tres promociones de generales de las Fuerzas Armadas pasaron prematuramente a la reserva activa por decisión del Gobierno. Eso generó un conflicto interno en la institución.

“En este momento los únicos generales en funciones son los del Comando en Jefe; los demás son coroneles, no hay generales que puedan calificar a los subalternos para los ascensos”, informaron cuatro altos oficiales de las FFAA que aceptaron explicar el conflicto a condición de no revelar sus nombres.

Desde hace 83 días, el Ministerio de Defensa no remite a la Presidencia la lista de ascensos en las FFAA. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo que por alguna razón administrativa ese trámite estaba “congelado”.

El caso fue desentrañado por los altos oficiales. El generalato tiene una duración de cuatro años, los últimos en las FFAA. Cada oficial debe permanecer dos años como general de Brigada, uno como general de División y otro como general de Fuerza, estos últimos son los que conforman el Mando Militar.

Este medio consultó al ministro de Defensa, quien se encontraba en una misión en el Desaguadero, frontera con Perú, razón por la cual no pudo contestar.

Su colega Iván Lima señaló que ese problema está ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Pido es que esa instancia pueda emitir una resolución a la brevedad”, dijo el ministro de Justicia.

Legalmente, explicaron los oficiales, correspondería a la promoción 1989, al curso del excomandante en jefe de las FFAA Sergio Orellana Centellas, ocupar los cargos de generales de Brigada y generales de División. Desde esos cargos debían calificar al curso del primer Alto Mando de Luis Arce, posesionado el 16 de noviembre de 2020 (promoción 1990).

Con ese relevo, los militares que venían debajo ascendieron y la promoción de Orellana pasó a reserva, junto con dos tandas de generales. Cuando Arce hizo el segundo cambio, un mes después, otra tanda de generales pasó al servicio activo. Ahí surgió el problema porque no hubo ascensos, solo el juramento del Mando Militar a cargo de generales de Brigada porque los generales de División y los de Fuerza fueron jubilados.

El actual comandante en Jefe, César Vallejos, es general de Brigada. Todos los ascensos deben ser avalados por la Asamblea, como establece la Constitución, pero este comando no fue ascendido ni los de las siguientes promociones. Otro detalle que hicieron notar los oficiales es que la promoción de Orellana Centellas ascendió por decreto del Gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez y eso afectó a toda la cadena de mando. El general Vallejos, actual comandante, asumió con ese decreto que está en entredicho en el TCP.

Si el alto tribunal declara probada la demanda que interpuso la expresidenta del Senado Eva Copa contra el decreto de Áñez, todos los oficiales, desde la promoción de Orellana, tendrían que regresar a sus cargos y se generaría un problema mayor, debido a que afectaría al actual comandante. Por esa razón, el abogado y especialista en temas militares, Omar Durán, dijo que él ponía la firma y garantizaba que el TCP no fallará en contra del decreto de Áñez porque una decisión de esa naturaleza afectaría a toda la estructura de las FFAA, desde los subtenientes hasta los generales.

Por su lado, el ministro Lima comentó que la resolución del recurso directo de nulidad y la acción concreta de inconstitucionalidad presentada por la expresidenta del Senado Eva Copa solucionarán el problema. El primero se presentó contra el decreto que impuso grados y entregó bastones de mando a esos generales y el otro tiene que ver con el artículo 77 del reglamento del Tribunal Superior de las FFAA.

El ministro Lima aseveró que la posición oficial la debe emitir Novillo, pero “la discusión que se ha generado a nivel público sobre los ascensos tiene mucho que ver con la resolución del TCP, porque está en cuestionamiento que se tiene que elegir a los generales”.

Si se diera curso al recurso de la exsenadora Copa, el TCP le exhortaría a la Asamblea que sea una ley que regule el procedimiento de ascensos. Pero, no implicaría volver a atrás, “porque la ley dice que por el principio de seguridad jurídica, deben mantenerse para garantizar las instituciones”.