10 de abril de 2023, 4:00 AM
10 de abril de 2023, 4:00 AM


Tras una tensa calma, marcada por la Semana Santa, el país está en puertas de un tiempo de conflictividad, marcado por demandas sociales que no son escuchadas por el Gobierno. Están los maestros que llevan más de un mes pidiendo la suspensión de la currícula educativa y más ítems para el sector. Por otra parte, están los universitarios, jubilados y otros sectores de asalariados que rechazan el traspaso de los fondos de jubilación a la Gestora Pública. Los gremialistas cuestionan el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. A las filas de la protesta se suman los periodistas porque se pretenden aprobar leyes que censuran la libertad de prensa y de expresión. La lista tiende a aumentar sin que haya esperanza de que el Gobierno de Luis Arce intente dar un giro a sus decisiones.

La movilización de los maestros duró un mes antes de que el Gobierno intente hacer cambios a su política de imponer nuevos contenidos. Ya era tarde pues la propuesta no convence y es probable que esta semana se vayan a un paro de 72 horas, sumado a la huelga de hambre en varios piquetes a escala nacional. El ministro de Educación no supo encaminar el conflicto y su tozudez generó reacciones adversas.

Sobre el traspaso del dinero de los aportes de millones de bolivianos a los fondos de jubilación, el miedo es que, en manos de la Gestora Pública que depende del Ministerio de Economía, esos recursos vayan a ser despilfarrados para sostener la burocracia y para que el Gobierno siga gastando sin control y sin variaciones al modelo económico que, a todas luces, ya es perjudicial antes que útil para el país. Los voceros oficiales prometen que no será así, pero carecen de credibilidad. Por eso, éste puede ser uno de los conflictos de más difícil solución.

Frente a este escenario de conflictividad, el Gobierno ha ido dando pasos inquietantes. Primero, al proyectar leyes que penalizan la protesta y que convierten en “terrorismo” las movilizaciones ciudadanas. Asimismo, se busca poner mordaza a los periodistas y a los ciudadanos, complejizando la Ley Contra el Racismo y abriendo la puerta a que contenidos críticos con el poder sean castigados en la vía ordinaria, generando autocensura y miedo en la población.
A ello se suma la posesión de Jhonny Aguilera en el Viceministerio de Régimen Interior. Se trata de un policía que siempre supo acomodarse con el poder sin importar el costo. Estuvo en el caso Rózsa, cuando se mató a tres ciudadanos sin proceso y sin probarles culpa y cuando se utilizó un supuesto caso de terrorismo para perseguir a la oposición, que estaba en Santa Cruz. Con esos antecedentes, pocos creerán que el nuevo viceministro no responde a una estrategia más represiva que conciliadora.

En medio de este escenario está la pelea entre Luis Arce y Evo Morales, que ya llega al extremo de que el segundo ha amenazado con la creación de grupos de autodefensa (irregulares por cierto) en un afán de prevalecer y de confrontar a sus actuales enemigos.

El horizonte no da para el optimismo, pero sí para un llamado a la cordura al presidente y sus colaboradores. Siempre tiene la opción de reconducir su gobierno y llevarlo por los caminos del diálogo. A estas alturas, aliarse con la sociedad civil productiva y con los que trabajan de verdad puede serle más útil que ir por la vía de la confrontación. Aún está a tiempo.