El sistema judicial atraviesa su peor crisis y no hay vistas de una reforma que pueda revertir esta situación. Así, la justicia sigue funcionando con pedidos de autonomía financiera y con reclamos porque un juez puede atender hasta 1.500 casos en un año

25 de julio de 2022, 22:00 PM
25 de julio de 2022, 22:00 PM

El sistema judicial está empantanado en su propio lodo. La voluntad política para lograr una verdadera reforma da vueltas sin lograr efectos. Así, la justicia boliviana atraviesa su peor crisis y las sugerencias de cambios están en el viento y pasan sin poder siquiera ser consideradas. Bolivia tiene uno de los niveles más críticos de atención judicial para la población: un juez puede atender 1.500 casos al año y en promedio estos administradores ven 600 procesos anuales. Desde los magistrados proponen autonomía financiera.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Olvis Egüez admite que el sistema judicial en Bolivia atraviesa su peor momento y que para lograr “una verdadera independencia” de este órgano se deben aplicar reformas estructurales: una de ellas la autonomía financiera.

“Nosotros dependemos en términos de presupuesto del Órgano Ejecutivo y del Legislativo, que nos otorgan un porcentaje de esta naturaleza, que es bastante pequeño y que sin lugar a duda no no es suficiente para poder establecer la creación de nuevos juzgados, la incorporación de la tecnología, el pago de un salario digno hacia nuestros jueces, entre otros”, remarcó Egüez.

El magistrado, que fue presidente del TSJ en 2020, recordó que en su gestión sugirió, mediante un anteproyecto de ley, que el presupuesto para el Órgano Judicial sea el 6% del Tesoro General de la Nación (TGN).

“Este elemento ha sido objeto de análisis en el marco de lo que representan las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), esto en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se han pronunciado y que establecen que para poder garantizar la independencia de un Órgano Judicial de cualquier Estado, es necesario, en primer lugar, que exista una autonomía presupuestaria en la cual se pueda establecer en una normativa un presupuesto definido a favor del sistema judicial”, resaltó Egüez.

En esta gestión, el presupuesto del Órgano Judicial alcanzó a 1.060 millones de bolivianos. De ese monto se destina un 74% para sueldos y salarios de magistrados, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional, pero no alcanza para la restitución del recorte salarial a los jueces.

Investigación

Ayer, EL DEBER publicó la investigación Justicia a la carta, un trabajo en una alianza entre el Grupo EL DEBER y CONNECTAS. Este trabajo periodístico desentraña el modo de operar de consorcios de jueces, fiscales, abogados y otros profesionales que, coludidos con el delito, beneficiaron con detención domiciliaria a sentenciados que cumplían condena máxima.

El relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, realizó en Bolivia un trabajo de campo para verificar la situación de la justicia boliviana y sus actores. El funcionario internacional no fue nada positivo en su informe, el cual fue presentado en junio en Ginebra: identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de sus vínculos de dependencia con el sistema político del país.

Este balance fue presentado en un resumen de diez observaciones respecto a los resultados de su visita a Bolivia que se produjo en febrero. García-Sayán señaló, por ejemplo, que “la retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción”.

El abogado Luis Yáñez Valdez cuestionó que los procesos en la actualidad sean dilatados por maniobras y sentenció que la elección de magistrados no resolvió el problema de la justicia, al contrario -dijo- derrumbó al sistema judicial por la intromisión política en la elección.

“La mora procesal se produce porque existen múltiples problemas: exceso de causas, sobredimensión de procesos penales, falta de filtros por parte de la Fiscalía General del Estado en los procesos de acción pública, insuficiencia de juzgados, ritos procesales, falta de idoneidad en algunos operadores de justicia, y leyes y jurisprudencia ambiguas. Todo ello a pesar que la norma establece 36 meses como duración máxima del proceso”, dijo Yáñez.

El magistrado Egüez remarcó que en Bolivia un juez atiende por promedio 600 casos al año; sin embargo, dijo que existen ocasiones en que un juez puede resolver hasta 1.500 procesos en una sola gestión.

“El promedio nacional, evidentemente tenemos casos de 600, tenemos algunos ejemplos de 600 procesos que tiene un juez, en otros casos 500, naturalmente en otros casos 400, en otros casos tenemos una cifra menor, pero en promedio estamos entre los 600 casos, que conocería y resolvería un juez boliviano; es decir, tres veces mayor al promedio sudamericano. Estamos haciendo la comparación en lo que representaría el juez sudamericano; si nos comparamos con Europa seguramente sería mucho menor la capacidad de resolución del número de causa anual que tiene un juez”, detalló Egüez.

En Bolivia hay 1.098 jueces que trabajan en los juzgados del país. Entre esa cifra hay quienes atienden más de 1.500 casos en un solo año. El presidente del TSJ, Ricardo Torres Echalar, informó a EL DEBER que en 2022 se han incrementado nada más que tres jueces respecto a 2020: hay 1.098 ordinarios y 63 agroambientales.

“La cantidad de jueces que tenemos para el nivel de conflictividad que tiene el país, donde todo se judicializa, es muy pequeño (...) Los jueces en materia penal atienden arriba de las 1.500 causas anualmente, lo que les significa una recarga procesal que va contra toda estimación profesional y humana para que puedan resolver esa cantidad de procesos”, remarcó Torres Echalar.

García-Sayán lamentó que el presupuesto asignado al sector justicia, incluido el Ministerio Público, no llega al 0,50% del total del presupuesto nacional y no permite dotar una institucionalidad de los recursos indispensables y de remuneraciones adecuadas que atraigan a las mejores personas y que prevengan la corrupción.

Gladys Alba, vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, está de acuerdo en que el bajo presupuesto que tiene el Órgano Judicial es uno de los factores para que hayan denuncias de falta de independencia.

“La falta de independencia del órgano judicial va por un tema primeramente analizado internamente, yo siempre lo manifesté el presupuesto para el Órgano Judicial es bajo, va por ahí la falta de independencia”, dijo Alba.