Un juez envía a la cárcel de San Pedro al excomandante policial Rodolfo Montero

Un juez de La Paz envió ayer a la cárcel de San Pedro por seis meses al excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves en los hechos de Senkata.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), enviado por la CIDH, determinó que el exjefe policial tuvo responsabilidad en los hechos del 15 de noviembre de 2019, en el que unos 11 civiles perdieron la vida y otros 120 resultaron heridos en Sacaba. Además del 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, donde otros 11 civiles murieron y 78 resultaron heridos.

En ambos casos, lo sindican porque “dispuso el envío de contingente policial” allá donde ocurrieron las “masacres”.

Durante la audiencia, la defensa del excdomandante recordó que la Policía tuvo la orden de resguardar el perímetro de la planta de Senkata, pero que en ningún caso los efectivos tuvieron la orden de disparar armamento letal.

Las muertes se produjeron por un intento de toma de la planta de hdrocarburos, ubicada en la ruta a Oruro, por turbas enardecidas luego de la salida de cisternas con gasolina y camiones con garrafas de gas, que se dirigieron a La Paz para abastecer a la ciudad, que tras la renuncia y salida del país del expresidente Evo Morales había sufrido una especie de cerco realizado durante una semana por sectores afines al MAS.

El 21 de noviembre de 2019, el gobierno de la presidenta transitoria Jeanine Áñez presentó un video en el que se escuchaba una conversación en la que Evo Morales, desde México, ordenaba al dirigente Faustino Yujra que esas movilizaciones “no dejen pasar comida a las ciudades”.

El general Montero se quedó en el país, lo que no hizo su antecesor, Yuri Calderón, quien está incluido en el caso de terrorismo, sedición y conspiración que viene de la teoría del golpe de Estado que impuso el MAS, pero ya no fue encontrado, lo mismo que el excomandante de las FFAA Williams Kalimán, como tampoco el que lo relevó en el mando, el general Carlos Orellana.

Aguilera

Pese a la promulgación y puesta en marcha de la nueva ley de ascensos de la institución, estos todavía no han llegado a los generales. “La Policía Boliviana se encuentra feliz con esta ley que fue elaborada por ellos y es beneficiosa para ellos. Hace algunos días hemos comenzado a aplicar esta nueva norma y hemos ascendido a 18.000 policías y cabos a sargentos. Ahora ya están predispuestos a mejorar sus servicios en beneficio de la sociedad”, dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Sin embargo, los ascensos a generales en la Policía están estancados. Hace varias semanas que el ministro repite el mismo discurso cada vez que se le pregunta. “Hemos enviado una lista preliminar al Órgano Ejecutivo, sigue ese conducto regular y esperemos que en los próximos días puedan ascender a los primeros generales de acuerdo a la nueva ley de ascensos”, señaló.

Cuando los periodistas insistieron y le inquirieron cuándo ascenderán los nuevos generales, señaló que “esto va a depender de los tiempos. Los órganos son soberanos, son independientes, el Órgano Ejecutivo tiene su propio tiempo, igual que el Legislativo y ellos determinarán cuándo sesionan para obtener los ascensos de estos tres primeros generales”.

Sin embargo, explicó que la ley se aplicará de forma paulatina. En este primer año solamente corresponde que asciendan los primeros tres coroneles al grado de general primero, que serían de la promoción 1989. Ese es el curso del actual comandante de la Policía, Johnny Aguilera.

Dentro de la institución, y específicamente en esa promoción hay un enorme malestar. Incluso se supo que el gobierno recibió una minuta de comunicación en la que hacen notar que el tiempo de interinato de Aguilera era de 90 días y ya lleva 10 meses. El 17 de noviembre de 2020 fue posesionado en el cargo. Hay voces que señalan que debido a su afinidad con el MAS, el Ejecutivo esperará que se cumpla el año de su posesión, en dos meses, para que complete su gestión, relevarlo y al mismo tiempo ascenderlo a general, porque no encontró otro mecanismo legal para mantenerlo en el cargo.