Gary Rodríguez es economista

Como es de rigor, en los albores de concluir una nueva gestión, los sectores del quehacer económico nacional en los ámbitos productivo, comercial y de servicios hacen números para informar sobre su desempeño, así como para dar a conocer sus recomendaciones de cara al nuevo año.

Cosas buenas y no tan buenas acontecieron durante el 2021, pero el tenor dominante, a la hora de las evaluaciones, ha sido reconocer que, en la generalidad de los casos la recuperación está en marcha, pero también, que el avance es lento.

Ciertamente, con el antecedente del derrumbe del PIB boliviano en 8,8% el pasado año; la pérdida de centenares de miles de empleos y una nueva normalidad que impone serias restricciones de orden logístico y de transporte -como diría un gran amigo que radica en Paraguay- la tarea de crecer “parece difícil, pero no es fácil”.

Lo cierto es que, para que no haya habido una mayor recuperación -más allá de las condicionantes objetivas que imponen el entorno nacional e internacional- algo que está impidiendo el poder avanzar a un paso más raudo es la falta de unidad de propósito de los bolivianos.

No hubo ni un solo sector que, de una u otra manera, no haya mencionado la imperiosa necesidad de coordinación con la esfera gubernamental, en aras de contar con mejores políticas públicas para invertir más, producir mejor, recuperar el mercado interno de las garras del contrabando y exportar muchísimo más, para beneficio de todos los bolivianos.

La necesidad de recuperación de una caída tan severa del PIB debería ser el mayor estimulante para sumar esfuerzos entre las diversas instancias de gobierno con la iniciativa privada (micro, pequeños, medianos y grandes empresarios) quienes son los que más trabajo formal generan en el país, por tanto, deberían merecer la mayor de la consideración para recuperar la gran cantidad de empleos perdidos y para no desandar lo avanzado en la lucha contra la pobreza.

El entorno internacional va mejorando con una paulatina vuelta a la “normalidad”, ofreciendo oportunidades de colocación de productos bolivianos aprovechando la subida de precios (inflación internacional) algo que este año ha provocado un generoso aporte a las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Bolivia, por 1.584 millones de dólares hasta octubre pasado, rompiendo un ciclo consecutivo de 6 años de déficits comerciales. 

Sin embargo, preocupa que al mismo tiempo se agudizan los avatares logísticos y una alta incidencia del costo del transporte, desnudando los problemas de incompetitividad sistémica del país cuya solución resulta imposible de realizar sin el concurso de políticas públicas que acompañen el esfuerzo productivo/exportador privado.

Con un tipo de cambio fijo -manejado como instrumento antiinflacionario- lo menos que el Estado debería hacer a favor de su sector productivo -en función del mercado interno- y de su sector exportador -con la mira puesta en los mercados internacionales- es sentarse a la mesa y preguntar con un genuino interés, para que la estabilidad monetaria y económica estén garantizadas: “¿Qué precisan para traer más divisas al país, y para evitar que salgan más dólares de Bolivia?”

Sin embargo, las restricciones a las exportaciones siguen, así como la indefinición del pleno uso de la biotecnología en el agro; los contrabandistas no solo se ríen, sino que hasta agreden a la Aduana, a la Policía y al Ejército; crece la informalidad y aumenta la conflictividad como si tuviéramos tiempo demás para ocuparnos de la economía -del futuro de nuestros hijos- y, en plena cuarta ola del COVID-19, el 2021 se nos va encontrándonos desunidos.

“Si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia”, dijo Jesús de Nazaret.

¡Que esta grave sentencia sirva de advertencia para hacer mejor las cosas, en el 2022 que se avecina!