Un paro cívico justificado
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Hoy hay paro cívico en Santa Cruz. Los resultados del Censo de Población y Vivienda, que se suman al desastre ambiental que vive el departamento, colmaron la paciencia de la región. En la Asamblea de la Cruceñidad fueron muchas las voces que plantearon la medida extrema. Los representantes consideraban que era la única manera de que la voz de la región sea escuchada y validada por el Gobierno central. Esta protesta no debería ser necesaria si las autoridades del Poder Ejecutivo se abrieran a buscar soluciones a los problemas.
Las observaciones a los resultados del Censo de Población y Vivienda no cayeron bien a ninguna región. Que haya un millón de bolivianos menos que lo proyectado por el Instituto Nacional de Estadística no tiene respuesta lógica de parte de los técnicos que llevaron adelante la gran encuesta y a ello se suma la falta de credibilidad del director del INE, que insiste en su perorata, ofrece abrir los datos, pero queda solo en palabrería. Ni La Paz, ni El Alto, ni Tarija ni Santa Cruz, entre otros departamentos están conformes. Tienen muchas preguntas técnicas y solo escuchan argumentos reiterativos.
No es apenas un resultado más, porque de los datos ofrecidos por el INE saldrá la redistribución económica por coparticipación tributaria y también la asignación de escaños para las regiones. Hay departamentos, como Santa Cruz, que tienen una demanda creciente de servicios, sin recursos para atenderlos. Obviamente que los alcaldes rechazan que la falta de dinero se perpetúe. Piden una encuesta que evalúe cómo fue hecho el Censo para verificar si la información obtenida es correcta. ¿Cuál es el temor del poder central que rechaza estos planteamientos? Si el INE y el Gobierno están tan convencidos de que el Censo fue bien ejecutado, no deberían tener miedo a una evaluación como se plantea.
En cambio, desde el Poder Ejecutivo se apresuraron a enviar los resultados de la medición a la Asamblea Legislativa para que apruebe la redistribución de escaños y al Ministerio de Economía para que haga la nueva asignación de recursos económicos. Le mete nomás, como hacía Evo Morales, sin escuchar, sin validar, sin capacidad de incorporar otras voces. La capacidad de dialogar no hace débil a un Gobierno; al contrario, le da fortaleza para hacer una gestión en la que gane todo el país, salvo que el foco esté tan puesto en el afán electoral que enceguece ante las otras opciones.
El tema de los incendios ya llegó al límite de lo tolerable. La gente está sufriendo en la Chiquitania, que es la zona más afectada. Hay un clamor por más ayuda, porque nada ha sido suficiente para frenar las llamas y salvar los recursos naturales (flora y fauna) o a las comunidades que son pobres y están desamparadas. ¿Por qué no se declara desastre departamental y nacional? ¿O es que se pretende hacer tiempo para que la destrucción sea mayor y, al final, se pueda cambiar el uso de suelo forestal por otro que permita cultivar sin escrúpulos, aún a costa del dolor humano que se está viviendo en este momento?
No tendría que haber paro cívico para hacerse escuchar. La medida es nociva para quien vive al día, para los productores agropecuarios e incluso para abastecer con agua y enseres a los bomberos que combaten las llamas. Pero esta protesta se ve necesaria ante los oídos sordos. No obstante, el Comité pro Santa Cruz y la institucionalidad deben pensar bien qué se logrará con la medida extrema y qué se hará después. No se debe olvidar que el año 2022 la indiferencia gubernamental obligó a que un paro cívico se extienda durante 36 días, porque Luis Arce y sus ministros jugaron al desgaste.
Éste es un momento crucial para diseñar estrategias. Por ahora, el paro se ve justificado y es de esperar que Luis Arce sea capaz de escuchar al pueblo cruceño.
