Un presupuesto que provoca desconcierto
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La reciente propuesta del Gobierno boliviano de elevar el gasto en un 12% para el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 provocó un amplio debate entre políticos, economistas y la sociedad civil. En un entorno ya marcado por la fragilidad económica, este aumento plantea serias dudas sobre el rumbo que está tomando el país.
Los economistas sugieren que en tiempos de crisis, la lógica sugiere que se adopte una postura de austeridad y reestructuración. Sin embargo, el Gobierno parece inclinarse hacia una dirección opuesta. La previsión de un déficit fiscal del 9,2% del Producto Interno Bruto (PIB) es una señal alarmante de un desajuste que podría complicar aún más la situación. En lugar de implementar estrategias que busquen un ajuste fiscal responsable, se opta por mantener una política de gastos desmesurados.
Las proyecciones de crecimiento económico del 3,51% y una inflación esperada del 7,5% contradicen las expectativas de mejora. Los expertos plantean que el Gobierno está eludiendo la realidad económica del país. La experiencia reciente indica que el crecimiento real podría estar muy por debajo de lo proyectado, y la inflación podría alcanzar niveles alarmantes, poniendo en riesgo el poder adquisitivo de los bolivianos.
La subvención a los hidrocarburos, que se estima en $us 2.900 millones para 2025, se convierte en otro aspecto crítico de este análisis. Este incremento no solo refleja un fracaso en las políticas destinadas a reducir dicha subvención, sino que también podría ejercer mayor presión sobre las reservas de divisas. El Gobierno, aparentemente, se aferra a un modelo insostenible que no solo amenaza la estabilidad económica, sino que también podría intensificar la incertidumbre en el sistema financiero.
La situación se vuelve aún más preocupante al considerar que, aunque se reportan $us 2.900 millones en depósitos, el Banco Central ha estado utilizando esas reservas para financiar un gasto público desmedido. Esto deja a los ciudadanos en una posición vulnerable.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ha defendido la política de subvenciones, afirmando que el Gobierno continuará financiando estas iniciativas, a pesar de la creciente presión sobre las reservas y la deuda pública. La propuesta de un referendo para decidir sobre la subvención de combustibles, planteada por el presidente Luis Arce, no ha tenido éxito.
Así, las proyecciones del PGE 2025 parecen ignorar las lecciones del pasado, y muchos críticos advierten que el camino que el Ejecutivo está siguiendo podría conducir a una crisis económica más profunda. La dependencia de créditos externos y la emisión de dinero para financiar el gasto solo pueden intensificar la inflación y la devaluación de la moneda, creando un ciclo vicioso de crisis.
En resumen, el Presupuesto General del Estado 2025 presenta un escenario preocupante para la economía boliviana. A medida que se acerca el año electoral, es crucial que los ciudadanos y los líderes políticos reflexionen sobre el rumbo que está tomando el país.
La esperanza de un futuro económico más sólido depende de la capacidad de aprender de los errores del pasado y de adoptar un enfoque más responsable y sostenible en la gestión de las finanzas públicas. La reconstrucción económica de Bolivia es posible, pero requiere un compromiso serio y una voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias, empezando por reducir el tamaño del Estado y cerrar las empresas públicas deficitarias.
