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La celebración de la efeméride cruceña de este año y la realización de la Expocruz han dejado en la región como saldo una relación aún más deteriorada de la que tenían el Gobierno central con el liderazgo político de la región que controla la Gobernación del departamento.

Si bien antes no existía una relación fluida entre ambos gobiernos, es evidente que esas condiciones hoy son más visibles por el tono desafiante del discurso que trajeron a Santa Cruz el presidente Luis Arce y el mandatario en ejercicio, David Choquehuanca, pero también por la respuesta verbal que para ellos tuvo el gobernador Luis Fernando Camacho, la suspensión del discurso presidencial en el acto central del viernes y, como complemento a manera de posdata, el incidente de la iza improvisada de la wiphala y su posterior retiro.

Si bien este último detalle corresponde más al espacio de lo simbólico que a lo delictivo, las autoridades nacionales y representantes del partido gobernante lo aprovechan sin desperdicio para iniciar un proceso por un supuesto “agravio” a una bandera reconocida oficialmente por la Constitución.

En el ámbito de las susceptibilidades sin sentido, si se considera un agravio a la wiphala que sea bajada y quitada de un mástil, también podría decirse igual extremo contra un ministro de Estado por haber tenido ese símbolo nacional en un bolsillo, de donde aparentemente salió para que sea izada el viernes 24 de septiembre.

En los hechos, la anécdota de la wiphala es en realidad una oportunidad política de oro, de esas en las que el MAS ha ganado mucha experiencia, para reafirmar su discurso ante su electorado propio y principalmente de Occidente.

En los actores políticos de la otra orilla del río también se puede advertir cuando menos cierta ingenuidad o decisiones incautas, como si desconocieran que en el pasado ya han ocurrido incidentes similares que el MAS no ha dejado pasar inadvertidos y que fueron capitalizados políticamente.

Detrás de todos aquellos hechos lo que ahora queda es la certeza de que la tirante relación -si así merece llamarse- entre autoridades nacionales y departamentales de Santa Cruz está más polarizada que antes por radicalismos que poco o nada contribuyen a la pacífica convivencia entre dos actores que no piensan igual y que no necesariamente tienen que hacerlo, pero cuando menos sí respetarse y tener un nivel mínimo de diálogo y coordinación.

Así como están las cosas, que amenazan con ponerse peores con los procesos anunciados, resulta absolutamente insostenible prolongar de manera indefinida este panorama de tensión que se siente en el aire y que se podría cortar con una tijera. La región y el país necesitan volcar su atención a otros temas prioritarios que demandan acciones de urgencia como la salud porque la pandemia no ha terminado, la reactivación económica, la creación de nuevos empleos y otros aspectos centrales para la vida cotidiana de los habitantes.

La profundización de los discursos radicales de uno y otro lado en estos días solo contribuirán a extender el tiempo del conflicto y a hacer cada vez más difícil las posibilidades de un entendimiento sano, democrático y operativo por el bien de los ciudadanos, algo así como un puente de diálogo entre los 900 kilómetros que separan a Santa Cruz de la sede de Gobierno. No hace falta entrar en una nueva batalla de simbolismos donde una de las partes lleva tres lustros de ventaja en experiencia frente a la otra.

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