Un salto al vacío en los cuarteles
No es novedad el maltrato que se sufre, se vive y se siente en los cuarteles militares en Bolivia.
La historia nos evidencia que han muerto al menos 62 conscriptos entre 2010 y 2023 en los cuarteles del país. Los más altos índices de tragedias se produjeron entre 2013 y 2016. Un reporte de la Defensoría del Pueblo testifica que de 2010 a 2015 se registraron por lo menos 40 muertes en cuarteles o recintos tanto militares como policiales. Al patrón sistemático de la violencia se le suma el de la impunidad. Rara vez la familia de las víctimas recibe información o explicaciones de lo sucedido.
Pero como ‘nadie ve nada’ y nadie se atreve a contar lo sucedido por temor a represalias, poco y nada se filtra y solo las paredes son mudos testigos de lo que pasa.
La misma Defensoría del Pueblo registró más de 1.000 denuncias por torturas y malos tratos físicos y sicológicos entre 2013 y 2022. La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas son las instituciones más denunciadas. Hoy las cámaras y las redes lo testifican, cada día ocultar la sordidez del blindaje verdeolivo es más difícil.
El salto al vacío que dieron dos jóvenes cadetes en días pasados es otra prueba de brutalidad.
Fue un martes trágico de abril, que en ocasión del 132 aniversario del Colegio Militar del Ejército Gualberto Villarroel, los cadetes de tercero y cuarto año Erlan Condori y Cristhian López se lanzaron sin medidas de seguridad y asustados por la orden: “Salte de una vez” desde una plataforma inerme de 20 metros de alto donde una colchoneta esperaba a sus huesos. Esta demostración de hombría terminó en un accidente de graves consecuencias con detenciones y una enorme mancha a la institución que vela por la seguridad y defensa nacional. El ejercicio, llamado el ‘salto de la muerte’, ahora se ha prohibido. Los accidentados tendrán secuelas, según los médicos, y ya no estarán aptos para la vida militar.
El propio ministro de Defensa confirmó las alteraciones de la escena del accidente, hecho flagrante a la hora de sancionar a los responsables y ejercer definitivamente transparencia en las funciones públicas.
Días después y cuando el pesar flotaba en el aire y las investigaciones daban curso a declaraciones e incluso detenciones, el propio presidente Luis Arce ascendió al grado superior al jefe del Ejército, general Juan José Zúñiga. Hecho que tampoco pasó desapercibido.
Un teniente y un capitán del ejército han sido detenidos y recluidos en forma preventiva acusados de presuntos delitos graves. Pero hasta ahí llegan las responsabilidades, siempre la cadena se corta por el eslabón más débil, algo que la justicia nos tiene acostumbrados e indignados.
Esta metodología de aprendizaje en los colegios militares ha quedado una vez más en entredicho. Este accionar truculento se debe poner de nuevo a discusión para transparentar el respeto por los derechos humanos que se consideran internamente.
Países con más presupuesto han tomado decisiones estructurales en esta importante institución. Bolivia, como país pacifista, debiera revisar las funciones de los cuarteles, su estructura y su funcionalidad. La defensa de la soberanía deberá jerarquizar los valores internos de la institución para fortalecer su composición humana sin degradaciones. La institución necesita un salto de calidad, no un salto al vacío.
