Un sistema penitenciario fracasado
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Hace exactamente una semana, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos que cada año se conmemora el 10 de diciembre, cientos de privados de libertad se amotinaron en la cárcel de Palmasola. Lo hicieron reclamando porque llevaban días sin recibir el ‘rancho’, plato único que se les sirve como principal alimento. Formaban parte de los 11.000 internos que subsisten en condiciones inimaginables en el recinto carcelario más grande del país.
La protesta fue originada por la falta de pago del prediario de Bs 8 por persona. La Gobernación de Santa Cruz admitió la deuda que se mantiene pendiente desde hace tres meses y asumió el compromiso de honrarla. De su lado, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias deslindó responsabilidades señalando que el problema suscitado lo debe resolver el Gobierno departamental que, a su turno, dejó en claro que la cobertura del prediario es una competencia delegada por el Gobierno nacional y como los recursos escasean, está realizando una ‘reingeniería financiera’ para cumplir con la obligación.
Lo ocurrido en Palmasola no es un hecho aislado, aunque sí es menos grave que los sangrientos estallidos de violencia ocurridos hace algún tiempo en su interior, al igual que en otras cárceles del país, en palmaria y recurrente constatación del fracaso irrefutable de un sistema penitenciario por sus múltiples fallas, porque no se han realizado, desde ningún ámbito, propuestas y acciones formales para revertir una situación ya insostenible y extremadamente peligrosa. Según un informe de Insight Crime, los problemas del sistema penitenciario boliviano, tienen que ver con el hacinamiento que alcanza niveles críticos en las cárceles por encima del 250 por ciento de su capacidad total. Bolivia tiene la quinta peor situación de hacinamiento en Latinoamérica después de Haití, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Ello se debe en gran medida al uso generalizado de la ‘prisión preventiva’ en el país que tiene el índice más alto en la región después de El Salvador. El mismo informe revela que más del 60 por ciento de los presos está a la espera de juicio en Santa Cruz, que los fiscales solicitan ‘prisión preventiva’ en casi el 96% de las audiencias preliminares y que la mayoría de los casos pendientes toman entre dos y tres años para resolverse.
Un sistema penitenciario es considerado corrupto y precario cuando no reforma a quienes delinquen, sino que los ‘especializa’ en la crueldad, el odio y la venganza. En cambio, un buen sistema es el que no corrompe y además contribuye a la corrección de comportamientos inapropiados, pues la prisión no corrije, deprava. Y nuestro fallido sistema penitenciario deprava porque, entre otros males, prefiere ignorar a los privados de libertad.
En un estudio de la Oficina Jurídica para la Mujer sobre el sistema carcelario fueron identificados, entre otros, los problemas de hacinamiento y la falta de clasificación penitenciaria, las dificultades para acceder a medidas sustitutivas, un insuficiente servicio de defensa pública, deficientes condiciones de salud, alimentación e higiene, inadecuadas condiciones para las visitas conyugales, violencia y maltrato al interior de las cárceles. Tampoco existen programas eficientes de rehabilitación ni policías especializados en seguridad penitenciaria. En el diagnóstico, no se puede perder de vista que el presupuesto para la administración de justicia llega al 0.7% del PGE, lo que incide en la escasez de jueces y en la mora judicial, cuando otros países invierten al menos el 5% de sus recursos para el buen funcionamiento de su sistema judicial.
En el tratamiento y la búsqueda de soluciones a la gravísima problemática expuesta, es inexcusable la participación y el compromiso de autoridades y reparticiones locales y nacionales. Urge revertir cuanto antes el colapso de un sistema penitenciario que puede convertir en una bomba de tiempo a los 53 centros de reclusión que funcionan de cualquier modo en el país.
