Un tercio de semillas que se cultivan en el país proviene del mercado ilegal
Las semillas certificadas alcanzan para la mitad de la producción. En el Iniaf admiten que puede estar ingresando material transgénico. En Anapo piden apurar las pruebas en campo para el uso de biotecnología
Bolivia está inundada de semillas ilegales transgénicas no autorizadas que ingresan de Argentina, vía contrabando, y que en el mercado informal se comercializan en las llamadas ‘bolsas blancas’, por lo que hay menos semilla certificada en el mercado nacional, según el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf).
Marín Condori, director nacional del Iniaf, estima que en el 70% de los campos agrícolas de Santa Cruz se utiliza semillas certificadas y que el 30% restante lo hace con material genético procedente del mercado informal e ilegal. Transformado en superficie cultivada estima entre 300.000 a 400.000 hectáreas.
Más de la mitad
La Asociación de Productores de Semillas (Asosemillas) revela un déficit de 35.908 toneladas (57%) de semilla certificada de soya para cubrir 1.050.000 hectáreas proyectadas por los productores del ‘grano de oro’ en la siembra de la campaña de verano 2020-2021, que empieza el próximo mes.
Según el presidente de Asosemillas, Pedro Pellegrino, con datos oficiales del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), compartidos el 23 de este mes, en la reunión del Comité de Abastecimiento de Semillas de Soya de calidad certificada, hay disponibles 27.090 toneladas para abarcar 416.788 hectáreas del área proyectada por la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo).
Para cubrir la superficie total estimada por los soyeros se requerirán 63.000 toneladas de semillas certificadas; es decir, hay una diferencia negativa de 35.908 toneladas. “De esta ecuación es posible inferir que 633.212 hectáreas serán sembradas con granos de dudoso origen y procedencia”, dijo.
Hace unos días, las empresas afiliadas a Asosemillas hicieron público que el uso de semilla certificada en los cultivos de soya, maíz, trigo y arroz no supera el 45%. Con este indicador, concluyen que el 55% de los campos agrícolas de Santa Cruz y Beni no son sembrados con semilla legal. “Utilizan material genético que no cumple las normas de certificación y que proviene de dudoso origen, como ser el contrabando y de la producción local, sin control de malezas y enfermedades y que, a su vez, tampoco tributan los impuestos de ley”, infirieron.
Ven que los resultados de las estrategias de control activadas en los últimos años por la autoridad competente en el control de comercio de semillas -Iniaf- y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), cuya misión es proteger la condición sanitaria del patrimonio agropecuario, fueron débiles y poco exitosas.
Para Pellegrino, la flaqueza en el control de comercio y el contrabando de simientes pone al sector semillero (obtentores, multiplicadores, prestadores de servicios y comercializadores) en una situación insostenible. Afirmó que empresas nacionales cerraron sus programas de investigación en soya, impactando en el desarrollo de nuevas variedades y el desempleo de técnicos y ayudantes.
En el caso del cultivo de maíz, Pellegrino dijo que el efecto es más perjudicial porque multinacionales que importan el ‘grano amarillo’ han dejado de producir semilla para Bolivia desde la anterior campaña, a causa del alto stock en sus almacenes. Expresó que productoras de semillas de híbridos de maíz redujeron sus ventas entre un 40 y un 60%.
Desde el Iniaf consideran que éste es el momento de ordenar el mercado autorizando el ingreso de material genético para validación agronómica a nivel de campo conforme a las normas y manuales vigentes en el país.
Actores productivos
El gerente general de Anapo, Jaime Hernández, considera que debe continuar el trabajo coordinado con el Iniaf, como entidad oficial que regula el mercado semillero, para implementar las acciones necesarias que permitan garantizar la provisión de semillas de buena calidad a los productores, porque si no se corre el riesgo de no contar con un insumo tan importante para iniciar una adecuada siembra.
Cree que urge la aprobación de los nuevos eventos en soya y maíz genéticamente modificados para promover un uso legal y ordenado de esas tecnologías porque, de lo contrario, se corre el riesgo de que ingrese de forma ilegal afectando la producción de semilla local.
El sector soyero, según Hernández, requiere 63.000 toneladas para la siembra de las 1.050.000 hectáreas proyectadas. “Estamos coordinando con el Iniaf para monitorear el abastecimiento de semilla. Con la producción de semilla de invierno que se está produciendo en la zona norte y con la importación de semilla principalmente de Argentina, esperamos que se garantice la cantidad total de semilla requerida”, subrayó.
