Un triste 6 de agosto
No recuerdo –es que no hubo– un 6 de agosto, día de la Patria, como el del pasado jueves que tuviera de todo: violencia, delitos y exigencias desmesuradas e imposibles, además de un bloqueo que impide la libre circulación de las personas y la provisión de alimentos y medicinas –lo más notorio: la retención de oxígeno para los hospitalizados, condenando a muerte a muchos. Pero eso no es todo, se sabe que a los bloqueadores se les paga por sus acciones delincuenciales, como dañar caminos, apedrear ambulancias y agredir a periodistas, entre otros atropellos.
En realidad, quienes están violando los derechos humanos son los bloqueadores. En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado" (Artículo 13. 1.). Esto no contradice el derecho de disentir, de reclamar, de pedir, de manifestarse pacíficamente. Lo contrario es exigir con violencia, no solo contra un gobierno, sino contra la ciudadanía, ahora afligida por las actuales carencias para enfrentar la pandemia del coronavirus, como consecuencia de la dejadez y la irresponsabilidad de los pasados 14 años de populismo depredador.
Lo extraño es que se produzcan en el exterior declaraciones y acusaciones de que en Bolivia hay violaciones de los derechos humanos por el actual oficialismo. Esto muestra que se trata de una acción concertada por el populismo continental agrupado en el Foro de San Pablo y en el Grupo de Puebla. Era también de esperar que se cumplan las amenazas del régimen venezolano de incitar disturbios; «La brisa bolivariana que recorre la región se convertirá en huracán» (Diosdado Cabello), o sea, acciones violentas, como ocurrió en otros países de nuestra región. Pero hay más: no se puede ocultar la complicidad del kirchenismo en la Argentina con el líder populista boliviano, al que no solamente se le permite, sino que se le alienta, que ordene desmanes en Bolivia con el propósito subversivo de recuperar el poder perdido por el fraude en todas las elecciones que convocó el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
Hay que empeñarse en abrir un auténtico proceso de democratización del país. Hay que aplicar las leyes vigentes, y modificar las normas sectarias que fueron impuestas por una circunstancial mayoría para favorecer a un grupo, y no a la sociedad en su conjunto. Hay que buscar que se haga realidad que todos los bolivianos, cualquiera sea su condición u origen, tengan los mismos derechos y oportunidades; que la afiliación política no sea le pase para encaramarse en la administración de la Nación.
Al parecer, lo anterior es conocido por todos. Ahora, se debe impedir el delito, la violencia y la conspiración permanente. La democracia, no es atropello ni acción callejera. Es el “respeto, mutuo y convergente, entre la mayoría y las minorías”.
