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La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, fue secuestrada por vecinos del distrito 14 de esa ciudad, y permaneció retenida en el templo Virgen de Urkupiña desde las 16:00 horas del sábado hasta horas de la noche como medida de presión para obligarla a firmar un acuerdo para entregar víveres.

El inusual hecho -aunque a estas alturas habría que preguntarse si realmente es inusual en Bolivia- ocurrió el fin de semana en medio del diálogo que sostenían autoridades y padres de familia de esa zona que reclamaban el pago de los recursos del desayuno escolar suspendido por la inexistencia de clases presenciales durante la cuarentena.

Reportes de prensa de esa ciudad señalan que los padres de familia primero exigían un bono de Bs 500, que luego rechazaron para subir su demanda a Bs 1.000.

Al final, en medio de las presiones y con autoridad retenida, acordaron la entrega de un quintal de arroz, otro de azúcar y un galón de aceite de cinco litros, y solo después de la firma de un documento de compromiso liberaron a la alcaldesa.

Ese abuso se produjo en un contexto poco amigable, sino más bien violento, que incluyó la retención de otros funcionarios municipales contra su voluntad, y amenazas a los periodistas que cubrían el hecho en las afueras del templo (“Váyanse, porque si no a vos te vamos a secuestrar”, le gritaba una vecina a una periodista que cumplía con su trabajo de informar).

Cuatro días antes de esos incidentes, 18 personas también fueron retenidas en esa misma zona de El Alto por más de 24 horas, lo cual da la referencia de que lo ocurrido el sábado con la alcaldesa Chapetón no es un hecho aislado de esos que no suelen pasar o no se repiten.

El hecho no puede pasar como una anécdota ‘con final feliz’ para el olvido porque se trata de la máxima autoridad de una ciudad populosa que tiene que cumplir con una responsabilidad, la de gobernar la ciudad que la eligió, y como en todo gobierno, las posibilidades de acceder a las peticiones de su población no siempre podrán ser atendidas.

Es decir, la administración, en este caso de una alcaldía, no significa aprobar todo lo que un vecino proponga, pida o exija. Lo que es inaceptable es que una autoridad deba pagar un ‘costo’ o ‘castigo’ por no satisfacer una demanda de un grupo de vecinos -justa o no la demanda, esa es otra discusión- nada menos que con un secuestro.

Un secuestro es un delito; no hay secuestros buenos o secuestros malos. La privación forzada de la libertad de un ciudadano por quienes no tienen ninguna atribución legal para quitársela es un delito en Bolivia y en cualquier lugar del mundo.

Lamentablemente Bolivia está dejando pasar demasiados precedentes de vulneración de los más elementales derechos como si fueran anécdotas irrelevantes cuando en realidad se trata de comportamientos inaceptables en un Estado de derecho que por la práctica y la repetición tienden a convertirse casi en ‘normales’.

El país necesita salir de esas prácticas corporativistas de gremios que se acostumbraron al uso de la amenaza, la fuerza, la violencia y ahora la toma de rehenes para conseguir sus propósitos.