Una calculada ley de arraigo
Dentro de la serie de leyes de la Asamblea Legislativa pensadas para favorecer explícitamente al Movimiento al Socialismo y sus seguidores, y perjudicar a los adversarios políticos del partido de Evo Morales, el episodio más reciente es la ley de permanencia obligatoria en territorio nacional de autoridades del nivel central, también conocida como ley de arraigo.
La norma, hasta ahora aprobada en la instancia de Senadores, obliga a ex autoridades nacionales a permanecer en el país al menos durante tres meses después de dejar sus cargos, en los que no podrá abandonar territorio nacional, como mecanismo para -en palabras de sus proyectistas del MAS- evitar la fuga de autoridades y posibilitar sean investigadas por presuntos hechos de corrupción.
Lo primero que salta a la vista es que como en otros casos anteriores, los diputados y senadores del MAS continúan legislando para causas particulares: si alguna motivación tiene esta ley es que está pensada como una especie de revanchismo contra el Gobierno nacional, aprovechando, además, que por hoy aún tienen el control total de la Asamblea Legislativa.
Es una más de las ‘leyes herencia’ del MAS, igual que la ley de impunidad para proteger a los bloqueadores de carreteras durante agosto, esos bloqueos que impidieron la llegada del oxígeno a los hospitales y provocaron la muerte de más de 40 pacientes por falta de ese elemento que les hubiera permitido continuar respirando.
Lo segundo que da por sentado la ley de arraigo es la certeza de que el poder es para robar: si un país es capaz de crear una ley que obliga a presidente, vicepresidente, ministros, gobernadores, alcaldes, directivas de las asambleas legislativa y departamentales, concejales municipales y ejecutivos de empresas públicas, a no abandonar el país después de dejar el poder, es porque presume que en el ejercicio de sus funciones fueron corruptos y se llevaron recursos del Estado.
Esa presunción alcanza, naturalmente, al actual Gobierno nacional, pero también, como referencia más grande, a los anteriores 14 años del gobierno de Evo Morales; porque resultaría incomprensible que una ley surja por una administración que apenas lleva nueve meses en el poder.
¿Por qué no crearon la ley en esos 14 años? Tuvieron mucho más tiempo que en estos escasos meses de pandemia en los que los parlamentarios ni siquiera se reúnen físicamente en las cámaras legislativas.
Haciendo un ejercicio de retrospectiva, habría que coincidir en que si esa ley hubiese estado vigente hace un año atrás, ni Evo Morales, ni Álvaro García Linera ni sus ministros y varios otros ex funcionarios que hoy están en Argentina o México hubiesen podido salir del país.
Esa es la Asamblea Legislativa que se benefició con la extensión del mandato de Gobierno por la imposibilidad de realizar elecciones inmediatas después del fraude que el 20 de octubre favoreció a Evo Morales, pero terminó con su caída del poder y huida del país.
Leyes a medida de los intereses partidarios, devaluación de la función legislativa, la deshonra del primer poder del Estado son algunas de las consecuencias de una actuación arbitraria y desacreditada que juega a firmar leyes sin importar otra cosa que no sea el partido y nada más que el partido.
