13 de abril de 2023, 4:00 AM
13 de abril de 2023, 4:00 AM

Día a día, las maquinarias que trabajan en la apertura de la carretera entre Beni y Cochabamba abren brecha en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La carretera avanza sin prisa y sin pausa ante el reclamo solitario de las comunidades indígenas que están viendo afectados su hábitat y su modo de vida.

Según denuncias de los corregidores, los gobernadores de Cochabamba y Beni se han convertido en embajadores de la propuesta de un “trazo ecológico” del tramo II que tendría que unir los municipios de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, y que inevitablemente debe atravesar el Tipnis.

El famoso tramo dos del proyecto carretero es, hace tiempo, motivo de discordia. En 2011 provocó el desarrollo de la VIII Marcha Indígena en defensa de la intangibilidad del Tipnis y que tuvo un episodio de triste memoria en la represión de Chaparina, que fue ordenada por el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti, aunque después, sin éxito ni rubor, se intentó imponer la historia de la ruptura de la cadena de mando policial

Pese a la adversidad, la Marcha Indígena llegó a La Paz y recibió el apoyo solidario de varios sectores políticos y la sociedad civil en su conjunto. El argumento de la defensa del Tipnis fue claro y contundente: los pueblos indígenas tenían y tienen derecho a la consulta previa, libre e informada, establecida en el Convenio 169 de la OIT y reconocida por el Estado boliviano mediante el bloque de constitucionalidad, instituido en el art. 410 de la CPE.

El tramo de la discordia implicó una relación económica entre los gobiernos de Brasil y Bolivia, y la empresa constructora brasileña OAS que, según trascendió, fue financiadora de una de las campañas electorales de Lula Da Silva.

Cuando Evo Morales y Lula firmaron el acuerdo para la construcción de la mencionada carretera, olvidaron por completo las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Morales tuvo que ceder a las presiones y sufrió una contundente derrota política.

Pero la famosa “estrategia envolvente del MAS” ya es harto conocida. Poco tiempo después la mayoría masista dejó de lado la intangibilidad del Tipnis mediante la ley 280 y aprobó una consulta previa entre indígenas cooptados por el poder político. Todo por una carretera que actualmente ha sido motivo de varios diseños, sin estudios de impacto ambiental ni análisis de las consecuencias que implica una carretera.

Son trece años en los que el gobierno hace todo lo posible por vencer la resistencia de los indígenas a los que dice proteger. Y al margen de la inexistente consulta previa existe opacidad en los contratos, montos, adjudicaciones y compras que este proyecto ha demandado hasta la fecha.

No está de más recordar que los excesos de Morales y sus seguidores han sido denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que ha admitido la denuncia de los pueblos indígenas y que, por ende, ha encontrado serios indicios de violación a los derechos humanos.

El Estado boliviano será convocado por la CIDH para buscar, en principio, una solución amistosa al diferendo y establecer las reparaciones necesarias; pero si no existe salida amistosa ni de consenso, el caso será sometido a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En toda esta trama existen intereses oscuros que van desde la dotación de tierras a organizaciones afines al oficialismo, hasta la explotación ilegal de madera o la penetración del narcotráfico entre otras amenazas. La pregunta que flota es: ¿por qué existe tanto empeño en un proyecto que, a todas luces, es una amenaza para los propietarios ancestrales de la mayor reserva natural que tiene Bolivia?

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