¿Qué es más duro para un niño o niña de 6, 8 o 12 años de edad? ¿Ver cómo un individuo enajenado tortura y mata a su madre? ¿Ser testigo en un tormentoso proceso en el cual debe declarar como testigo y contar una y otra vez el horror vivido? O, peor aún, ¿quedarse solo en la vida con el recuerdo de su madre ausente por siempre, su padre prófugo o en la cárcel, y vivir bajo el cobijo de sus abuelos o tíos?.

Lamentablemente, en Bolivia han fracasado las escasas políticas estatales para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Las muertes violentas, con inexplicable crueldad, son noticia de cada día. Y no es momento de discutir si en 2021 hubo más o menos decesos de mujeres a manos de sus parejas que en 2022. Una confrontación de cifras resulta estéril porque, además, en este como en muchos problemas sociales existe un subregistro y porque las instituciones llamadas por ley: Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia o el Ministerio Público carecen de información ordenada y sistematizada.

Además, casi por instinto político de supervivencia, cualquier funcionario público tenderá a ensalzar al gobierno de turno y declarar públicamente que Bolivia es un ejemplo de lucha contra la violencia de género. Esa es la posverdad en la que viven los políticos de todos los tiempos.

Erróneamente, cuando se habla de feminicidios, todo el mundo se ocupa de las circunstancias del hecho, por muy escabrosas que sean; en algunos casos hay marchas y protestas hasta que el culpable sea puesto en manos de la justicia ¿Y los huérfanos? De ellos nadie se ocupa. Nadie pregunta y menos el Estado.

¿Existe alguna base de datos en la que se tenga registro de los huérfanos por feminicidios? ¿existen las instancias de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales que se ocupen de su bienestar, salud, educación y vida libre de violencia? ¿Existe algún psicólogo o trabajadora social que pueda informar sobre el seguimiento constante que hizo de un niño o niña que por un terrible azar de la vida se quedó con un trauma terrible, sin madre y sin padre?

Las respuestas a todas estas interrogantes son un no rotundo y doloroso, porque tanto el Estado como la sociedad en su conjunto les están fallando a esos niños, niñas o adolescentes que no han tenido terapia y que muy probablemente tiendan a repetir las conductas vividas sea como víctimas o agresores. ¡Qué dolorosa realidad ¡

Uno de los conflictos iniciales es la tutela de los menores. Sorprendentemente, los miembros de las familias ampliadas deben pasar un vía crucis, como todo trámite judicial, para poder asumir la responsabilidad de la crianza en un menor. Muchos progenitores que están en la cárcel a la espera de su sentencia se niegan a ceder la guarda en favor de tíos o abuelos. Lo hacen incluso por tener algún tipo de ventaja. En otros casos, hermanitos y hermanitas son separados como si se tratara de un premio o castigo. ¿Dónde queda el bien superior que debe ser preservado y protegido por el Estado?

El año pasado, el Observatorio de la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, que monitorea los casos de feminicidio a través de medios de comunicación indicó que del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 se reportaron 94 huérfanos por feminicidios. Pero con seguridad la cifra es mayor; el problema es que nadie tiene información sobre los huérfanos por feminicidio. Nadie sabe realmente cuántos son, dónde y cómo están.

Los huérfanos por feminicidio tuvieron que enterrar a sus madres y ahora la sociedad los mira con indiferencia. Triste designio para quienes no pidieron venir al mundo y ahora tienen que luchar contra todo lo que representa tener a la madre muerta y al padre en la cárcel.